La Ciudad estudia cómo publicar los bienes e intereses de la Corporación

A la Administración local ceutí le cuesta hacer públicas las declaraciones de bienes, actividades e intereses de la Corporación. Le costó la pasada legislatura, cuando tardó más de un año desde las elecciones en colgarlas en su página web, y amenaza con demorarse de nuevo.

Mientras que en infinidad de entidades municipales y autonómicas de todo el país ya pueden consultarse las de sus electos, en Ceuta se está “estudiando cómo hacerlo”.
Hasta ayer en la página en Internet de la Ciudad Autónoma solo se podían consultar las declaraciones de bienes de 2011 de 23 de los 25 diputados que terminaron la legislatura, las de todos salvo las de los socialistas José Antonio Carracao y Milagros García.
Son las mismas que se difundieron por primera vez en junio de 2012 a pesar de que las declaraciones anuales de bienes y actividades deben publicarse, según prescribe la legislación, “con carácter anual” y en todo caso “en el momento de la finalización del mandato”.
El artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, modificada en 2007, exige que todos los miembros de las Corporaciones Locales formulen declaración sobre las causas de incompatibilidad en que puedan incurrir y sobre cualquier actividad que les proporcione efectivamente o pueda previsiblemente proporcionarles ingresos económicos y sobre los bienes patrimoniales de los que son titulares y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Los cargos electos deben hacer por ley una declaración jurada de bienes antes de tomar posesión de sus cargos desde hace 30 años. Antes no era pública y quedaba custodiada por cada ayuntamiento. En 2007, la Ley del Suelo aprobada por Zapatero estipuló que todos los alcaldes y concejales españoles tenían la obligación de hacer públicos de verdad sus negocios y sus bienes.
Las fuentes consultadas por este periódico en la Administración local alegan que se está estudiando cómo proteger datos privados de los afectados. Ayuntamientos como el de Barakaldo, por ejemplo, lo han resuelto de forma muy simple: las declaraciones originales de bienes y de actividades e incompatibilidades que constan en el Registro se publican escaneadas en su web institucional “ocultándose los datos de carácter personal de los corporativos, innecesarios para la finalidad pretendida”.
La Ley de Transparencia que ha cumplido un año y medio de vida también es clara con sus exigencias: “Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local” se deben dar a conocer, “cuando el reglamento no fije los términos en que han de hacerse públicas estas declaraciones”, según lo dispuesto “en la normativa de conflictos de intereses en el ámbito de la Administración General del Estado”.
Además, precisa que “en todo caso, se omitirán los datos relativos a la localización concreta de los bienes inmuebles y se garantizará la privacidad y seguridad de sus titulares”.

El Reglamento pide actualización cada verano

El Reglamento vigente de la Asamblea establece que los diputados “tienen el deber de formular declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o puedan proporcionar ingresos económicos”. “Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales”, exige. Dichas declaraciones “se inscribirán en sendos Registros de Intereses que tendrán carácter público”. Además, estipula que “antes del 1 de agosto de cada año deberán incorporarse al Registro de Intereses las autoliquidaciones tributarias del último ejercicio económico declarado”.