Los cerebros económicos de la Administración local observan con inquietud las noticias conocidas hasta ahora sobre las condiciones en las que España y el Reino Unido alcanzaron poco antes de Año Nuevo un acuerdo para evitar que Gibraltar se convierta en frontera exterior de la UE pese a la salida definitiva del Reino Unido de la Unión. La ministra de Asuntos Exteriores avanzó que Gibraltar se unirá a Schengen, el espacio europeo de libre circulación que integran 26 países (22 comunitarios, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein), de forma que la frontera de la colonia dejará de estar en la verja para situarse en su puerto y aeropuerto.
La jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, comparecerá hoy a petición propia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea con el fin de “informar sobre el principio de acuerdo” alcanzado entre ambos Estados y en la Ciudad Autónoma se espera que profundice en si “se exigirá al Peñón una armonización fiscal que evite que ejerza competencia desleal, sobre todo con su territorio más próximo”. Supuestamente el pacto contemplará al menos medidas niveladoras en materia de IVA, impuestos especiales y trazabilidad de los productos del tabaco.
“De otra forma, sería como si Ceuta solicitase la eliminación sin más de la aduana de Algeciras”, han comparado el marco en el que quedaría la colonia si no se precisa cómo se encajarán las singularidades del régimen económico y fiscal de la colonia en su nuevo marco de Schengen.
El principio de acuerdo, que debería cerrarse en seis meses, contempla un periodo de implementación que se prolongará cuatro años durante los cuales los controles en el puerto y aeropuerto gibraltareños correrán a cargo de la agencia europea de fronteras (Frontex), pero España será la responsable de que las normas de Schengen se cumplan en el Peñón, a cuya soberanía no renuncian ni Londres ni Madrid, tal y como han estipulado en su entendimiento.
El acuerdo alcanzado por España con el Reino Unido sobre Gibraltar recoge la necesidad de desarrollar en la colonia británica impuestos especiales para “productos sensibles” (tabaco -garantizando su trazabilidad-, alcohol y fuel) y de adoptar medidas que garanticen la igualdad de condiciones “en los ámbitos en los que puedan producirse distorsiones como medio ambiente, ayudas estatales y cuestiones sociales”. En este sentido remite a que “acuerdos administrativos” entre las autoridades españolas y las de Gibraltar desarrollarán “su cooperación mutua en esta área”.
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