La Ciudad dice que “se hará, le guste o no a Trace, lo que haya que hacer”

• Hachuel repite que salvo la prestación directa del servicio siguen abiertas “todas las opciones legales”

A falta de algo más de un mes para agotar el plazo de dos que se dio en el Pleno del pasado 11 de septiembre para hacer y presentar al resto de los grupos políticos una auditoría a fondo sobre cómo ha gestionado Trace el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras, el Gobierno que preside Juan Vivas repitió ayer a través de su portavoz, Jacob Hachuel, que no se va a achantar, que hará “lo que tenga que hacer” con independencia de que ello “le gusten o no a Trace las decisiones que correspondan”.

El también consejero de Gobernación reiteró en declaraciones a los medios tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno, en la que no se analizó el conflicto abierto con la empresa, que “todas las opciones legales” siguen estando abiertas para mejorar la prestación del servicio, una de las bases en las que el PP considera que ha asentado su imperio electoral en la ciudad.

Solamente está descartado pagarle más dinero por imperativo legal ( la ampliación máxima dentro de la vigencia del contrato del 10% ya se agotó) y, por razones políticas, la prestación directa del servicio, su municipalización.

Así las cosas, dentro del posible divorcio cabe algún tipo de solución amistosa o un guerra total en los Juzgados. El mes pasado, el Gobierno todavía dijo que ambas partes estaban de acuerdo en algo, en “no hacerse daño”.

De momento, los controles con personal técnico y político ordenados por la Administración han descubierto, presuntamente, que al menos desde junio Trace está haciendo “un 20% menos” del trabajo contratado, por lo que ha propuesto pagarle unos 225.000 euros menos cada mes, en total ya cerca de un millón de euros del último cuatrimestre.

Frente a la reacción de la UTE Makerel-Lirola, que ha exigido poder ejercer su derecho a defenderse en los Juzgados y ha advertido a los "técnicos firmantes" de cualquier detracción de la "posible responsabilidad" en la que incurrirían cuando ese dinero va sobre todo a nóminas, Hachuel se limitó ayer a decir que “cualquiera puede ir a la Justicia cuando lo estima conveniente”.

“Los técnicos podrán equivocarse pero nunca van a cometer una ilegalidad”, añadió durante su rueda de prensa.

Infracciones, penalizaciones y deducciones

El capítulo de ‘Infracciones y Penalizaciones’ del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la adjudicación a Trace contempla faltas leves, graves y muy graves que pueden ser sancionadas, respectivamente, con multas de hasta 600, 6.000 ó 30.000 euros. No obstante, deja claro también que “la imposición de penalizaciones será independiente de las deducciones económicas que correspondan por servicios no prestados”. En caso de infracciones graves o muy graves el Órgano de Contratación tiene la facultad de “prescribir la intervención de la concesión o la resolución del contrato”.

¿’De servicios’ o ‘de gestión de servicios’?

Una de las claves de la resolución del conflicto abierto entre la Ciudad Autónoma en su afán por mejorar la prestación de la limpieza pública y Trace estará, según van calibrando ambas partes, en si la catalogación del contrato que entró en vigor hace 4 años y medio bajo la denominación literal de ‘gestión del servicio público’ debía tener tal catalogación o la de ‘servicio’ simplemente. Según las fuentes consultadas, se optó por el tipo que se eligió con una duración de diez años prorrogables por otros tantos porque la segunda impone que su duración no pueda ir más allá de media docena (cuatro más dos de prórroga), periodo que se consideraba demasiado exiguo para amortizar la inversión. Sin embargo, del estudio de su articulado deducen los expertos que, en realidad, está redactado como un contrato ‘de servicios’. El asunto no es ni mucho menos sencillo porque “la distinción entre estas dos categorías contractuales ha sido una de las cuestiones sobre las que ha tenido una mayor repercusión la normativa y la jurisprudencia europea”. Según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, “el elemento esencial que permite distinguir ambas modalidades es la transmisión al concesionario del denominado ‘riesgo de explotación’, elemento que no concurre en el contrato de servicios”. Para Trace “la gestión del servicio objeto del presente contrato es en modalidad de concesión y por un precio cierto, de acuerdo con lo establecido en el título del Pliego de las Cláusulas Administrativas, concretamente en la 7”. A las malas, para Trace si la Ciudad quiere aplicar a lo que en su contenido es un contrato ‘de servicios’ la regulación de uno ‘de gestión de servicios’ lo que procedería por incoherencia es su liquidación con un millonario ajuste de cuentas de por medio.