La Ciudad controlará los fardos de ropa que llegan a Ceuta en camiones

El Gobierno reforzará el control de los fardos de ropa que entran por el puerto con una oficina específica supervisada por el Organismo Autónomo Servicios Tributarios y en la que operarán, además, funcionarios de la Policía Local e inspectores en coordinación con Aduanas y la Agencia Tributaria.

Se pondrá en marcha de forma inmediata, ha avanzado el portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Emilio Carreira, en la rueda de prensa en la que ha expuesto lo tratado por el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy.
El objetivo es combatir el fraude fiscal que se presume que practican algunos en los polígonos del Tarajal impidiendo que los empresarios con negocios en regla no tengan "ni la posibilidad, a veces", de llevar a cabo su actividad.
"El IPSI importación está compensado, pero no nos da igual [que se importe mercancía sin pagar ese tributo]", ha argumentado Carreira, quien ha esgrimido razones de lealtad con el Estado, que transfiere a la Ciudad lo que esta deja de ingresar por aquel concepto sobre lo previsto. "Tenemos que defender el fuero, a nuestros empresarios que venden de forma reglada", ha afirmado el consejero portavoz, que igual importancia ha dado a la preocupación de Marruecos por su industria textil, que también puede estar viéndose afectada por esas prácticas no ajustadas a derecho.
Además, aludió a que esa oficina que se va a instalar en la zona portuaria efectuará controles de pesaje y las inspecciones se efectuarán de manera aleatoria.
La idea es que la puesta en marcha de la citada oficina sea lo más rápida posible y ayer mismo iba a mantener un encuentro con el director gerente del organismo autónomo Servicios Tributarios para que se pusiera manos a la obra.
Si alertó de que seguramente será necesario la contratación de una o dos personas para que, dependientes de Servicios Tributarios, puedan realizar  allí su labor, porque entiende que el personal lo tienen ahora un poco justo. Especificó que la propia ley de Presupuestos Generales del Estado permite la contratación de más personal en áreas como la seguridad y la inspección.
Y en el caso de los agentes de la Policía Local serán seguramente miembros del Cuerpo que se encuentran ya en segunda actividad, pero que perfectamente pueden desarrollar esta labor.
Comentó que “estamos haciendo ricos a ciudadanos chinos que ni siquiera viven en Ceuta. Esperamos conseguir el objetivo de que no solamente se beneficien algunos especuladores que ni siquiera crean puestos de trabajo”.

Policía Local e inspectores de Trabajo no permitirán bultos con mucho peso

Uno de los controles que quiere poner en marcha la Ciudad Autónoma dentro de este campaña en los polígonos del Tarajal es que no se pueda continuar consintiendo que mujeres porteadoras lleven a sus espaldas bultos que puedan llegar a los cincuenta o más kilos. De esta manera, alude a que serán agentes de la Policía Local los que se encargarán de esta función ayudados por miembros de la Inspección de Trabajo, "porque no podemos permitir que la imagen de Ceuta a nivel nacional o mundial pueda ser la que se transmite únicamente desde los polígonos". Además, aludió a que la idea es que se refuercen todos los controles que son competencia de la Ciudad Autónoma.
Explicó que si cualquier día ocurre una desgracia, al final todas las miradas se volverán hacia la Ciudad Autónoma, "con lo cual si la responsabilidad es nuestra también lo será la adopción de soluciones".
En relación con la actividad que está desarrollando el coordinador de lo polígonos, nombrado por el ejecutivo de Vivas, Arturo Santorum, explicó que estaba haciendo una gran labor y que desde luego “lo que no tiene una varita mágica, pero también prometimos que cuando se efectuaran los primeros análisis se irían tomando decisiones, como las que hoy hemos analizado en el Consejo de Gobierno y ahora les contamos a ustedes para que sea conocido por la opinión pública”.

Colaboración con los empresarios en el mantenimiento de la seguridad privada

El Gobierno autonómico está dispuesto a costear parte del dinero que abonan los empresarios del Tarajal para la seguridad privada. Es una de las medidas que se estudiaron ayer en el Consejo de Gobierno y que busca prevenir problemas de seguridad ciudadana en las grandes aglomeraciones que allí se producen. Por parte del ejecutivo presidido por Juan Vivas la idea que manejan es colaborar en este pago de seguridad privada a través de un convenio o acuerdo que puedan firmar con la Confederación de Empresarios de nuestra ciudad y esa aportación anual estaría rondando los doscientos mil euros. Analizó el portavoz del gobierno, Emilio Carreira, que no se puede olvidar que estamos hablando de unos polígonos que tienen carácter privado, de ahí que no se intervenga de manera directa, sino a través de un convenio de colaboración.
No olvidemos que el próximo domingo finalizaba el tiempo que habían dado los empresarios del Tarajal para continuar, aunque fuera de una manera reducida, con los vigilantes de seguridad que habían pasado de dieciséis a un total de seis, con lo cual, en teoría este próximo lunes ya no habrá vigilancia privada en los polígono del Tarajal.
Fue la Comunidad de Propietarios de los Polígonos del Tarajal la que decidió en asamblea extraordinaria, que los auxiliares de seguridad que sirven de refuerzo a la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional (UIP) pasarán de ser 16 a seis Ello ocurrió a partir del tres de noviembre. Asimismo, acordaron que el contrato con Seguriber, la empresa que proporciona este servicio, se rescindiría cuando finalizara este mes.
Ya entonces, Mohamed Ahmed, presidente de La Chimenea, sostuvo que el Biutz constituye un “beneficio para todo el comercio ceutí, de modo que la Ciudad Autónoma debería tomar cartas en el asunto”. En representación de sus comerciantes, recordó que su gestor envió un segundo escrito a la empresa de seguridad para anular el servicio, “con lo cual las facturas de septiembre y octubre no tendríamos que pagarlas”.
En aquellos momentos, la Delegación del Gobierno les comunicó que en caso de negarse a mantener el dispositivo de seguridad privada, la Administración tendrá que retirar a la UIP de los polígonos y planteó que la situación podría desembocar en el cierre del Biutz.