Para cuando la Ciudad se dio cuenta de que había metido la pata y de que el empresario Martín tenía derecho a vender sus flores a pesar de que no se le había dispuesto una caseta, ya la mercancía estaba ajada en el cuartel de la Policía Local y además la UIR se negaba a hacer el traslado instando al propio empresario a que fuera con sus propios medios a recogerlas.
Martín se puso en manos del letrado Jorge Gil Pacheco y acudió a la Justicia buscando que el daño sufrido fuera resarcido de algún modo. Dos años después, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 ha dictado sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, condenando a la Ciudad al abono de casi 4.000 euros. En la sentencia a la que ha tenido acceso El Faro, se reconoce que en el caso de marras “concurren todos los requisitos para entender que existe una responsabilidad patrimonial de la Administración”. Así, estima el magistrado que con la actuación de la Ciudad se causó “un perjuicio” al empresario, que “invirtió un dinero en flores que luego no pudo destinar a la venta por causas que no le son imputables”. Y es que aunque Martín intentó por todas las vías hacer entender tanto a la Ciudad como a la UIR de que estaban cometiendo un error y de que no era culpa suya que alguien hubiera metido la pata en el Ayuntamiento no colocándole un puesto por el que sí le habían cobrado, sus quejas topaban contra auténticos muros.
La Justicia sí que le ha escuchado recalcando en su sentencia que el daño sufrido por Martín es “consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos, ya que se le concedió un kiosco destinado a la venta de flores, lo que motivó que Martín las adquiriera, pero la Administración no colocó dicho kiosco y, además, procedió a intervenir la flores, las cuales, al no ser conservadas en las debidas condiciones, cuando le fueron devueltas al recurrente eran inaptas para la venta”, concluye el magistrado.
La negligencia de la Administración tiene un nombre: 4.000 euros; que es la cantidad que deberán abonar además de las costas, a cuyo pago también ha sido condenada.
Respaldo judicial a una tropelía
Del atropello sufrido aquel octubre de 2011 por el empresario Juan Martín, fue testigo este periódico. La situación era irrisoria: Martín había acudido con su cargamento de flores a ocupar un puesto por el que había pagado ya a la Ciudad. La Administración metió la pata y en vez de habilitar cinco puestos, sólo colocó cuatro. Se olvidó del de Martín. A pesar de las llamadas al Ayuntamiento, nadie fue capaz de resolver el entuerto. Martín se quedó en la calle con sus flores hasta que la UIR le instó a que las retirara por ocupación de la vía pública. A pesar de que el empresario les mostraba los recibos con las tasas pagadas, la unidad desatendió las quejas llevándose las flores que dejaron marchitar en el cuartel. Las llamadas al por aquel entonces jefe del Cuerpo, José Antonio Sorroche, no cambiaron la decisión. El ciudadano se veía solo, convertido en un David luchando contra un Goliat. Martín confió en la Justicia y en el abogado Jorge Gil Pacheco esperando el apoyo que ahora ha logrado.
