Tras recalcar hasta en tres ocasiones el respaldo que tanto ella como el Gobierno ofrecen a la Policía Local, la consejera de Gobernación, Yolanda Bel, anunció la elaboración de un informe para buscar la fórmula que justifique que los 17.000 euros adelantados por la Ciudad para abonar la indemnización producto de una sentencia condenatoria a policías locales serán devueltos por los condenados. Bel no quiso aclarar cómo se hará, puesto que todavía Intervención no ha terminado el informe en el que se van a apoyar para adoptar esa medida y que la misma sea legal. Y es que el reglamento interno de la Policía Local contempla que las indemnizaciones incluidas en sentencias condenatorias de policías deben ser abonadas por la Ciudad, como responsable subsidiaria. Siempre ha sido así. Establece que sus miembros “son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como los reglamentos que rijan su profesión y los principios enumerados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las administraciones públicas por las mismas”. Por eso ahora, dada la polémica suscitada tras la denuncia de Caballas, se quiere buscar la forma de cambiar esta medida. Según fuentes consultadas por El Faro, para no aplicar el reglamento habría que buscar una norma de rango superior y el Estatuto Básico de la Función Pública señala que en casos de imprudencia provocada por el policía o de mala fe, se podría no aplicar dicho reglamento. En eso se está, en intentar no aplicar el reglamento y diseñar otro informe que contradiga al jurídico en el que se basó la Ciudad para adelantar los 17.000 euros abonados a una joven que resultó lesionada tras una refriega con agentes de la UIR en el pub K’melot del Poblado. En la rueda de prensa ofrecida ayer por la consejera Yolanda Bel, ésta no quiso ir más allá, verificando únicamente que sí, que ese dinero se detraería a los agentes condenados. “Se ha hecho un pago por anticipado”, explicó Bel, dejando claro que no existirá quebranto para las arcas públicas porque “ya se está trabajando” en el informe que concrete de qué manera recuperará la Ciudad los 17.000 euros. Al margen de este asunto, que tanta polémica ha provocado, Bel quiso zanjar ese pensamiento que, sustentado en algo subjetivo, relaciona a la Policía Local con las condenas. Tal y como ya había informado este medio, la máxima responsable política en la Policía puso los datos encima de la mesa. En los últimos ocho años solo ha existido cinco condenas de policías (las cuatro de las que informó El Faro más la que ahora ha generado polémica por el pago de 17.000 euros). El total de intervenciones llevadas a cabo en esos ocho años alcanzan las 566.875 (270.000 son las practicadas por policías a pie de calle y a esas se suman otras como las burocráticas o las de vigilancia y control de instituciones). Bel matizó que los casos de los que se han conocido sentencias son antiguos y señaló que dos condenas de la Audiencia están recurridas ya al Tribunal Supremo (una es la agresión al comerciante de la Almadraba ‘Susi’ y la otra la detención ilegal de un médico en el ambulatorio del Recinto). “Hay quienes han querido, con esto, criminalizar a la Policía”, lamentó, en clara referencia a las denuncias efectuadas por el PDSC que, como fuerza extraparlamentaria, ha pedido incluso la disolución de la UIR. “Piden su eliminación y si pudieran la de toda la Policía Local. Esta es una actitud sospechosa”, puntualizó, sin evitar tildarles de “irresponsables” al desconocer los datos reales y “abrumadores” de sanciones a policías y convertir este asunto en arma arrojadiza. De ese desconocimiento culpó también a Caballas, grupo que solicitó esta Junta Extraordinaria ante la alarma que, dijo, existía por las condenas. “Hay quienes quieren criminalizar a la Policía”, señaló, matizando claramente que quien quería hacerlo era una “fuerza extraparlamentaria” en alusión al PDSC. Bel no evitó entonar el mea culpa y reconoció que, pese a los casos minoritarios de condenas, la Policía Local “no es infalible” como cualquier otra fuerza de seguridad, así que si “hay un error habrá que rectificarlo y acatar las consecuencias. Habrá que intentar no cometer más errores”, dijo para, seguido, aclarar que en los últimos años no se han sucedido intervenciones que hayan provocado condenas de policías, como ejemplo de que en algo se había mejorado. Asistencia JurídicaSigue, pero hay cambios Habrá más prestaciones para cubrir los recursos ante el Tribunal Supremo La Ciudad mantendrá y garantizará la asistencia jurídica a los policías locales, pero lo hará con cambios. Ante la caducidad, el próximo octubre, del contrato ahora en vigor, se ha planteado la necesidad de “mejorar la calidad del mismo”. De entrada se establecerá que los policías tengan garantizada su asistencia en sus litigios judiciales ante la Audiencia Provincial pero también ante instancias superiores como el Tribunal Supremo, para los casos en los que haya que plantear recursos. En la actualidad, los policías están acudiendo a un bufete de Madrid que es el que ha llevado los, por ahora, cuatro casos de Ceuta que han llegado hasta el TS. De lo que se trata es de tener un abogado que les pueda llevar todos los trámites desde Ceuta, barajándose la posibilidad de fijar un tope máximo en la minuta judicial. El mismo letrado Pero cabe otra elección A partir de octubre se sacará un concurso que contemplará mayores prestaciones judiciales para quienes representen los intereses de policías. Los agentes tendrán que recurrir a dicho letrado, aunque si quieren otro, entonces al salirse de dicho contrato lo tendrían que abonar de su bolsillo. El reglamento dice que los policías "tendrán derecho a asistencia letrada, por actos derivados del desempeño en sus funciones”, en cuyo caso la Ciudad asumirá su defensa y abonará las costas derivadas. “Los padres están tranquilos con la UIR en el Poblado” La asociación de vecinos de Los Rosales remitió ayer un comunicado, acordado por unanimidad de su junta directiva, a la Jefatura de la Policía Local, para informarle de la placa conmemorativa y de agradecimiento que quieren entregar a la UIR de forma específica. Esa es la otra cara de la moneda que Bel quiso poner encima de la mesa ante peticiones de disolución cursadas por el PDSC. “Los padres están tranquilos porque saben que la UIR está en el Poblado Marinero y la barriada de Los Rosales quiere reconocer su trabajo... pero sale el PDSC queriendo quitar la UIR”, lamentó Bel, quien se preguntó de qué parte estaba el dirigente de dicha formación política, Tarek Mizzian. “Yo estoy al lado de la ley y de la Policía”, sentenció. “Mientras yo esté aquí no desaparecerá ninguna unidad, tampoco la UIR, y se crearán las que sean necesarias”, apuntó. “Este grupo”, dijo en alusión a la formación de Mizzian, “seguramente si pudiese eliminaría a la Policía, algo sospechoso que da que pensar... se dedican a hacer un flaco favor a todos los Cuerpos”. La sentencia del Supremo que condena a los dos policías por los que ahora se pide el indulto afecta directamente al entorno familiar de Mizzian, ya que las lesiones por las que sancionan a los agentes fueron sufridas por un familiar directo, ya fallecido. El acto de reconocimiento a la labor de la UIR tendrá lugar el próximo sábado, en un acto del que todavía no ha habido información pública, pero con el que se quiere apreciar la labor que esta unidad en concreto está desarrollando en el barrio. La de Los Rosales es la única asociación vecinal que, hasta el momento, ha solicitado ese reconocimiento público para la Unidad de Intervención Rápida.el faro La UIR, reconocida por la asociación de vecinos de Los Rosales.