La CECE respalda los controles de la Agencia Tributaria sobre la residencia

La Confederación de Empresarios ha mostrado públicamente y de forma tajante cuál es su postura ante la actuación que está llevando la Administración para inspeccionar, a través de la Agencia Tributaria, el cumplimiento de los requisitos para beneficiarse de la bonificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por residencia en Ceuta.

Y lo ha hecho animando “a todas las instituciones públicas y privadas, especialmente a la Delegación del Gobierno” para que, “cuando decidan desplazar trabajadores a Ceuta, se les informe sobre las distintas ventajas fiscales con que cuenta la ciudad, y se les explique los requisitos legales que han de cumplir para acceder correctamente a las mismas, especialmente en lo referente a la residencia efectiva, junto a las negativas consecuencias que puede acarrearles el incumplimiento de la normativa vigente”, explica la CECE.
Esas consecuencias negativas a las que se refiere son las sanciones que ya se han dictado contra muchísimos funcionarios de distintos sectores y que, en algunos casos, han sido objeto de recurso y de crítica en prensa (en el caso, al menos, de los policías nacionales).
“Es preciso tener en cuenta que la finalidad que tienen tanto el Plus de Residencia como la bonificación por residir efectivamente en Ceuta o Melilla es, entre otras cosas, facilitar un arraigo efectivo a fin de generar consumo local que promueva el tejido productivo y empresarial, relanzando la economía de ambas ciudades. Por ello, la normativa aplicable establece, como criterio para determinar la residencia, la necesidad de acreditar la permanencia efectiva en Ceuta por un periodo igual o superior a 183 días al año”, recuerda la CECE.  
“Sin embargo, los servicios correspondientes, han podido verificar que existen algunas personas que viajan a diario en el barco por residir efectivamente fuera de Ceuta  (Campo de Gibraltar y en sus alrededores) o que, gracias a los turnos laborales, aglutinan jornadas de trabajo continuadas para disfrutar de días libres durante los cuales ejercen su residencia efectiva en la península, siempre sin alcanzar los días de residencia en Ceuta legalmente establecidos”, advierte.
La Confederación ha estimado en más de 3,5 millones de euros el consumo que estas prácticas trasladan desde ésta ciudad a otros territorios. “Es decir, dichos trabajadores perciben su sueldo en Ceuta pero no realizan en la ciudad más que el gasto de transporte o alojamiento circunstancial. Como ejemplo del impacto económico de una baja de consumo, basta con recordar la supresión a los funcionarios de la paga extra de diciembre de 2012, ya que en ese caso se eliminaron del consumo de la ciudad unos 6 millones de euros de una sola vez y las consecuencias que todo ello ocasionó durante el primer trimestre de 2013, aún las recuerdan los empresarios que las sufrieron”, recuerda.  “Se considera por tanto que una correcta aplicación de los criterios de residencia legalmente previstos, incrementaría el consumo efectivo en más de 3 millones de euros cada mes (unos 40 millones de euros al año, cantidad nada despreciable para una ciudad con 85.000 habitantes)”, añade.
“A tenor de las inspecciones realizadas es de esperar que, cuando cualquier ciudadano venga destinado a Ceuta  lo haga con todas las consecuencias, ya que hay muchas personas que quieren venir para fijar aquí su residencia real, pero precisamente no lo hacen porque esas plazas pueden estar ocupadas por otras que no residen de manera efectiva, perdiendo la Ciudad el impulso económico que dichas residencias aportaría”, indica la Confederación.
“A modo de ejemplo resulta preocupante la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de la cárcel con más de 500 funcionarios previstos (el doble prácticamente que en la actualidad). Si éstos terminan residiendo de manera efectiva fuera de la ciudad, no solo accederán a unos beneficios que no les corresponden sino que, además, privarían a la actividad económica de una de las pocas herramientas de impulso económico con los que cuenta la Ciudad, al ser el consumo desplazado hacia otros territorios. Las medidas adoptadas por la Agencia Tributaria pretenden conseguir una correcta aplicación de los criterios legales de residencia, a fin de que los beneficios de los cuales disfruta en Ceuta en el ámbito fiscal y laboral,  aporten impulso a la economía lo que, en definitiva, debe ser su fin último”.