Es decir, hace falta ‘vestir’ la prisión: dotarla de todos los servicios, de los muebles necesarios, del engranaje que requiere para su puesta en funcionamiento. Y eso no es ni tan fácil ni tan rápido, puesto que todas esas contrataciones de servicios de suministro tienen que hacerse en ámbito nacional.
De momento, hace un par de meses que entró en vigor el contrato de mantenimiento y vigilancia de obra, que es el que actualmente está operativo, teniendo un plazo de dos años. Ese es el tiempo, como máximo, marcado para que la futura penitenciaría entre en funcionamiento.
Tanto la obra de los distintos módulos como los accesos están prácticamente terminados, al igual que la carretera que servirá de enlace para llegar hasta la zona. Es esta obra la que debe estar tanto vigilada como mantenida para evitar degradaciones que luego acarreen un mayor desembolso económico.
Por dentro, las únicas fotografías que se conocen de la cárcel son las de salas completamente vacías, celdas, zonas de uso común que son las que tienen que surtirse y dotarse adecuadamente. La administración trabaja en este ámbito para empezar a poner ya fechas en la operatividad de una infraestructura cuya construcción ha venido marcada por la polémica.
El nacimiento del proyecto carcelario de Fuerte Mendizábal no nació con la ‘protección’ y visto bueno de todos los ámbitos. Aunque sin duda fue el sindicato CCOO el que terminó quedándose prácticamente solo en ese negativa a que Ceuta se convirtiera en una ciudad presidio, dadas las dimensiones del proyecto materializado en la ciudad autónoma por Instituciones Penitenciarias.
A la dotación de suministros se sumará la de personal, tanto en número de funcionarios como sistema de vigilancia para garantizar su operatividad.
La ralentización en las obras por causa de la crisis ha sido clave en el retraso e incumplimiento de los plazos que en su día se marcaron para que la cárcel entrara ya en funcionamiento. No se ha cumplido nada de lo comprometido, algo fundamentado en la carestía económica para financiar una obra que ha terminado absorbiendo y monopolizando la inversión presupestaria de los últimos años y en el bloqueo de la Oferta Pública de Empleo.
Los retrasos en Fuerte Mendizábal (cuyo proyecto quedó mermado eliminándose incluso algunas parcelas que iban a destinarse al deporte) se suman a los que se han sucedido en otros puntos del país. Aquí, la prisión está aún sin dotar, vigilada y mantenida durante los próximos dos años. Pero en puntos de la península como Archidona, se han cerrado a cal y canto obras ya terminadas, dotadas y con los suministros operativos ante la falta de funcionarios para ponerlas en marcha y garantizar su funcionamiento.
La cárcel de Fuerte Mendizábal deberá contar con funcionarios de distintas escalas para que pueda ponerse en marcha con todos sus edificios operativos. Hay que poner funcionarios en todos los servicios auxiliares, en las unidades de paso y garantizar un personal para sostener los módulos de mujeres, hombres y menores.
La obra cuenta además con minicentros residenciales conformados por servicios culturales, sanitarios, deportivos y productivos comunitarios. El nuevo penal tiene una superficie construida de 83.897 metros cuadrados y ocupada de 33.257. Contará con un total de 648 celdas residenciales y 152 complementarias, además de una enfermería con 64 camas. La capacidad de acogida que tiene hace pensar en que será punto de recogida de presos de otras ciudades.
Del tercermundismo a la modernidad entre rejas
La prisión de Los Rosales es un claro atentado a la dignidad humana. Vieja y obsoleta, su cierre ha sido anunciado en multitud de ocasiones sin que todavía haya sido efectivo. La construcción de la penitenciaría de Fuerte Mendizábal era su alternativa, aunque el proyecto ha terminado por convertirse en algo desfasado en relación con la población ceutí y la cantidad de reclusos que puede ‘generar’ la propia ciudad, es decir, reclusos que sean de Ceuta.
Se pasará de celdas tercermundistas, en donde los presos tenían que convivir masificados, a un tipo de internamiento que romperá, eso sí, con la deficiente política penitenciaria aplicada en la ciudad.
El futuro centro está construido en torno a una calle central en la que se encuentran los edificios claves y otras secundarias paralelas entre sí que conducen a los módulos residenciales. Hay control de accesos, comunicaciones de convivencia, cocina-panadería-lavandería, comunicaciones, área deportivo-cultural, enfermería, jefatura de servicios con una sala de control del interior del centro, módulo de régimen cerrado, módulo residencial, módulos polivalentes, oficinas de cuerpo de guardia, puestos de control, ingresos, salidas y tránsitos, y talleres productivos. Una pasarela conecta el control de accesos con el edificio de oficinas. Junto a la prisión se ha construido el Centro de Inserción Social (CIS) que alberga 50 habitaciones dobles con un baño cada una y con previsión de alojamiento de personas de movilidad reducida.
La nueva prisión está presupuestada en 120 millones de euros, equipamiento aparte. La Administración debe resolver qué hacer con el edificio que ahora ocupa la cárcel de Los Rosales.
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