Las partes del conflicto de las horas extra, que podría acabar mucho peor para todos, cruzan acusaciones de falta de sensatez y honestidad
No es fácil entender cómo, cinco años después de su firma, ha degenerado en semejante lío como el organizado el acuerdo alcanzado por el Gobierno, UGT y CCOO hace algo más de cinco años para permitir a más de 400 empleados públicos seguir cobrando el plus de jornada especial íntegro a cambio de trabajar efectivamente cada semana 40 horas y cobrar 42,5, generando cada siete días 2,5 para la cobertura sin coste añadido para la Administración de ciertos servicios añadidos.
Menos aún que la cuerda se haya roto en la Policía Local, aparentemente el servicio mejor tratado en el documento de 2012.
Para sus agentes la realización de días ‘gratis’ se limitó “garantizar” la adecuada cobertura de las Cabalgatas de Reyes y Carnaval, Semana Santa, Feria, San Antonio, Corpus Christi, La Mochila, los rezos colectivos, la festividad del Carmen, el día de la Patrona, La Mochila, eventos deportivos, San Juan y poco más.
De facto, ello se ha traducido según todas las fuentes consultadas en “un día”, que puede valer hasta como 24 horas, al año. Sin acuerdo, para ingresar los 1.700 euros anuales que de media deja el acuerdo en los bolsillos de cada beneficiario, deberían cubrir entre cuatro y doce días como horas extraordinarias.
En Bomberos, por ejemplo, la ‘bolsa’ cubre los servicios de montes de todo el verano y no puede haber ningún bombero de permiso durante la Feria ni descansar en julio y agosto salvo descanso anual.
En Cementerios la plantilla está obligada a reforzar las necesidades todos los fines de semana y festivos y las jornadas de especial afluencia, como el personal de Bibliotecas en esas dependencias o el de Museos en las suyas.
La ‘bolsa’ también se extendió para personal de Menores, los conductores de Presidencia y trabajadores de la Residencia de Mayores, Casa de Acogida, Juventud, controladores de basuras, etcétera.
La distribución de los servicios a realizar a coste cero debe realizarse, según se acordó literalmente, “por la Jefatura de Servicio respectiva al comenzar cada ejercicio realizando las modificaciones que sean necesarias como consecuencia de las necesidades que pueda ocasionar el calendario rigiendo el principio de buena fe por ambas partes”.
Además, se estipula que “la gestión de la bolsa horaria se realizará de forma ordenada y con la suficiente previsión por parte de la Jefatura de Servicio respectiva, quedando cualquier otro servicio extraordinario no contemplado en este documento fuera de la cobertura de dicha bolsa horaria”.
El factor “buena fe”, llámesele flexibilidad, sensatez u honestidad, es un elemento central, según las fuentes consultadas por este periódico, para explicar la implosión del acuerdo
tras ganar cuatro agentes en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo su derecho a cobrar por trabajar un Día de Todos los Santos, sentencias contra la Administración que esta recibió con virulencia, primero con la intención de revocar el acuerdo y finalmente, informe jurídico de por medio, con la decisión de pagar a los denunciantes sus 182 euros por día pero a cambio de quitarles de la nómina de este mes los 1.700 del plus de ‘bolsa’ de ese mismo año.
Según CSIF, el acuerdo cojea porque el Gobierno y Recursos Humanos nunca han sido capaces de ordenar la prestación de los servicios a coste cero en festivos antes del 31 de diciembre del año anterior, con lo que “muchas” veces se han alterado e interrumpido descansos y vacaciones bajo “amenaza” y con escasa antelación.
Otras fuentes, aún reconociendo que la programación debería ser anual porque lo pone blanco sobre negro pese a no ser “fácil”, denuncian que la “buena fe” falló también o primero por parte de algunos funcionarios, concretamente policías locales, que “sistemáticamente” faltaban a su obligación de hacer un festivo ‘gratis’, con lo que debía hacerlo otro en su lugar, ante lo que se acabó tomando una decisión drástica: adjudicarles el siguiente del calendario aunque no estuviera agendado con la anterioridad literalmente exigible. De ‘pecado’ en ‘pecado’, el enconamiento llegó a los Juzgados y de aquellos polvos estos lodos a expensas de que, si el enfrentamiento no amaina, un juez acabe teniendo que ver si con dinero público se han podido estar pagando en algunos servicios durante un lustro horas extraordinarias a entre cinco y diez veces su valor efectivo.