Los últimos coletazos del temporal hicieron de las suyas y provocaron la suspensión de la vista señalada por la Audiencia Provincial para acoger la testifical del Vasco. Una testifical de la que el tribunal de la Sección VI quiere obtener datos que puedan servir en el estudio que ya están haciendo del recurso interpuesto por la defensa de Ismael Hamed, contra el fallo dictado en su día por el juzgado de lo Penal número que absolvió a todos los acusados de estar implicados en su tiroteo, registrado en 1997.
La falta de uno de estos acusados, Tafa Sodia, al encontrarse en Algeciras cumpliendo la orden de prohibición de estancia en Ceuta que se le aplicó en la sentencia del caso Kimbi, impidió que se pudiera celebrar la vista a la hora señalada. Se llegó a barajar su traslado a las cinco de la tarde, dando margen suficiente a Tafa para que se desplazara a la ciudad en el barco lento de Acciona. Finalmente se optó por suspender la cita ante la imposibilidad manifestada por alguno de los abogados presentes. Así tras el acuerdo entre letrados y fiscal se optó por trasladar la vista al próximo febrero, reservándose tres días para ello.
A la Audiencia sí habían llegado los demás acusados e incluso los agentes del Cuerpo Nacional de Policía a los que se les había encomendado la labor de vigilancia en las instalaciones judiciales. También se encontraba Mohamed Ahmed Sel Lam, el Vasco, quien, trajeado, estaba dispuesto para aportar su versión sobre unos hechos que, dice, conoce y que quiso hacer públicos durante la celebración del juicio, el pasado año.
El juez de lo Penal número 2 desestimó esta testifical debido a que durante todo este tiempo el Vasco no había aportado su versión de los hechos ni ante la Policía ni ante instancia judicial alguna. Trece años de silencio fueron suficientes para que el juez consideraba que no era pertinente escuchar su declaración, cosa que la Audiencia ha rebatido, al considerar que sí se tenía que haber escuchado al Vasco al tratarse de un testigo presencial de los hechos, por lo que no se puede denegar su testifical como hizo el magistrado del número 2. Cinco personas fueron acusadas del tiroteo a Ismael y los cinco quedaron absueltas. El Ministerio Fiscal solicitaba en su escrito de acusación 5 años de prisión para cada uno de ellos, así como el pago de 10.000 euros en concepto de indemnización solidaria para la víctima del tiroteo. Por su parte, la acusación particular pidió además de lo solicitado por el Ministerio Público la imposición de 2 años más de cárcel por un presunto delito de amenazas y unas indemnizaciones de 18.000 euros para los familiares de la víctima y de 40.000 euros para el propio denunciante. La falta de pruebas así como la poca credibilidad de los testigos fueron claves en el dictamen de esta sentencia absolutoria, que dejó sin cerrar uno de los episodios violentos que marcó la delincuencia de finales de los años 90.
