Junto con otros seis arrestados más en otros puntos del país, el juez Velasco le acusa de integración en organización terrorista
Cuando a punto se está de cumplir un año de la operación, el magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado a las siete personas acusadas de pertenencia a organización terrorista que fueron arrestadas por el CNP en distintos puntos del país. Uno de ellos en Ceuta. Se trató del ciudadano sirio que residía desde hacía unos meses en la barriada de Hadú, en donde abrió un negocio hostelero. La madrugada en la que Ceuta celebraba el concurso de agrupaciones de Carnaval, la Policía entró en su casa de Los Rosales y en el local que regentaba en Hadú, llevándose detenido a este sirio al igual que decomisando gran cantidad de material producto de los registros.
Ahora, Velasco acusa a todos los arrestados en aquella fecha de formar presuntamente parte de una célula yihadista que enviaba armas, componentes de explosivos, material militar y dinero a organizaciones terroristas de Irak y Siria, como Jahbat al Nusra y Daesh, ocultas en contenedores de ropa usada.
Velasco los procesa por delitos de integración en organización terrorista, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, falsedad en documentos mercantiles y delito contra los bienes culturales protegidos en caso de conflicto armado.
Este último tipo penal es la primera vez que se aplica con relación al terrorismo en España al considerar el juez que una de las vías de financiación utilizada por los procesados fue la de traficar con obras de arte, monedas antiguas y piezas arqueológicas “probablemente extraídas” de los museos y yacimientos conquistados por Dáesh y Jabhat al Nusra en Siria e Irak.
Conversaciones telefónicas interceptadas a los investigados acreditan que conocían el origen ilícito de estos bienes así como “la peligrosidad de su comercio internacional” y el auto recuerda que diversas organizaciones internacionales advierten de que las organizaciones terroristas que operan en Siria e Irak se están financiando también a través del expolio y saqueo de bienes culturales sujetos a la protección de la UNESCO.
Según el auto, el considerado cabecilla de esta célula, Ammar Termanini, creó un complejo empresarial estable en España para facilitar la entrada de mercancías a Siria, camuflándolas como supuesta venta de ropa usada y ocultando material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones y posiblemente componentes de explosivos y armas de fuego.
Este entramado le permitía el envío de este tipo de material desde puertos españoles en contenedores cerrados sin levantar sospechas.
De la investigación se desprende que la organización terrorista Dáesh encargó a los miembros de este grupo 10 toneladas de uniformes y ropa militar destinados a Siria, para lo cual Termanini y sus colaboradores trabajaron en la búsqueda de prendas militares.
A raíz de las detenciones, en las naves de los procesados se incautaron miles de uniformes prensados y preparados para el envío a Siria, así como “20.000 uniformes militares en el interior de un contenedor marítimo en el Puerto de Valencia”, perteneciente a uno de los procesados. Ese encargo había sido hecho por un miembro de Dáesh, primo de Termanini, y entre el material intervenido figuran trajes de resistencia a la guerra química-bacteriológica (NRBQ). que, argumenta el juez, “de ninguna manera tienen una aplicación civil, ni son de habitual venta en mercadillo”.
La investigación también ha detectado que a los miembros de este grupo se les había encargado una gran cantidad de abono de urea, yodos y fosfatos que por su cuantía y destino al norte de Siria, “hace pensar que serán utilizados como precursores para la fabricación de explosivos”.
Para eludir el control de las autoridades recurrían al sistema ‘hawala’, transferencia informal de fondos muy común en países árabes y que consiste en la compensación de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal de servicios entre empresas y que se ha constituido en una forma de blanquear capitales y financiar el terrorismo.
En este sentido, la investigación ha constatado un gran incremento del patrimonio de los procesados que, en el caso de uno de ellos, supera los 10 millones de euros en tres años.