La Audiencia Nacional lleva al Constitucional el recorte en el sector público

La Audiencia Nacional ha llevado al Tribunal Constitucional el recorte salarial del 5 por ciento de media para los empleados públicos, concretamente de los contratados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por ello, la resolución del caso de esta empresa pública podría afectar a parte de los trabajadores contratados del sector público.
La Constitución establece que el Gobierno puede dictar decretos leyes en caso de “extraordinaria y urgente necesidad" (algo en lo que no entran los magistrados); pero la Ley Fundamental también afirma que esos decretos leyes no pueden afectar a “derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”. La Sala de lo Social considera que en este caso puede existir vulneración de derechos fundamentales; en concreto, los de libertad sindical, negociación colectiva y el principio de igualdad de los 1.700 empleados públicos de la FNMT.
Los sindicatos han valorado este nuevo paso para conseguir que el recorte se considere anticonstitucional. UGT considera que el auto “sin prejuzgar la resolución final sobre este conflicto colectivo,  apoya los argumentos defendidos por el sindicato ante este Real Decreto, como ya dictó este mismo organismo el pasado 7 de octubre, cuando manifestaba sus dudas sobre la constitucionalidad de la redacción dada al artículo que hacía referencia a la rebaja del sueldo de los funcionarios”.
CCOO recuerda también que dicho auto “admite, en buena parte, los argumentos de la demanda presentada” por esta organización. En esta línea, hace un llamamiento al nuevo Gobierno y, especialmente al vicepresidente tercero, Manuel Chaves, para “rectificar su política de vulneración de los pactos y acuerdos firmados y retome la vía del diálogo y la negociación, restituyendo el Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la Función Pública, roto con el recorte”.
Por su parte, CSI.F recuerda que contra el recorte ha llevado a cabo las siguientes medidas jurídicas: recurso ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la JCCM, además de una solicitud al Defensor el Pueblo y un conflicto colectivo. Además, recuerda que CCOO y UGT “han sido el sustento del Gobierno que nos ha impuesto los recortes”. Por último, dice que continuará haciendo un “enorme esfuerzo” en la defensa de los salarios de todos los empleados públicos.