La atención sanitaria prestada por el INGESA en Ceuta a personas no aseguradas cuesta a la Administración aproximadamente 2,5 millones de euros, sobre todo para asistir a parturientas, recién nacidos y en Urgencias, aunque los datos de esta ciudad autónoma son muy inferiores a los de Melilla de acuerdo con la información que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas (TCu) en su informe sobre el ejercicio 2016.
El coste económico por las asistencias sanitarias prestadas a personas no aseguradas en el período 2012 a 2016 en el INGESA, según los datos facilitados por el propio Instituto, experimentó un aumento del 34,58%, pasando de 10,8 a 14,5 millones.
Partos
La estimación efectuada por el órgano fiscalizador de las atenciones prestadas a mujeres embarazadas no aseguradas en 2016 aplicando el importe mínimo ascendió a 1,2 millones en el Hospital de Ceuta y a 4,8 en el de Melilla, lo que “representó el 32,16% del coste total de partos” en el caso de Loma Colmenar y “un significativo 59,14% del coste total de partos atendidos” en el Área Sanitaria de la ciudad hermana.
El coste estimado de las asistencias en el servicio de neonatología a menores no asegurados en el ejercicio 2016 ascendió a 160.787,21 euros en el Hospital Universitario de Ceuta (el 47,74% del coste total de las asistencias prestadas) y a 1,05 millones de euros en el Hospital Comarcal de Melilla (el 85,37% del total).
Por otro lado, el coste estimado de las urgencias correspondientes a “extranjeros no asegurados” (el “mínimo”, pues según el Tribunal se consideraron todas “como urgencias simples sin observación”) se elevó en el ejercicio 2016 en el Hospital Universitario a 1,02 millones de euros, el 7,06% del total de urgencias en el clínico de Loma Colmenar y menos de la mitad de los 2,49 millones de Melilla.
Ese año el INGESA cobró 7,8 millones en concepto de “prestaciones dispensadas a usuarios cuya asistencia sanitaria no estaba a su cargo, así como por otros servicios”. El 67,78% de dicho importe procedió de pagos de compañías aseguradoras privadas por asistencia a sus asegurados y el 15,39%, de compañías aseguradoras privadas por asistencia sanitaria a asegurados que habían sufrido un accidente de tráfico. Únicamente el 0,73% (57.341,86 euros), procedía de cobros a personas no aseguradas.
En Atención Primaria, “además de la ausencia de un aplicativo informático de facturación integrado en el sistema e-SIAP y de las dificultades derivadas de efectuar la facturación en un momento posterior al de la prestación de la asistencia”, el Tribunal destaca que en Ceuta “no se está facturando a personas extranjeras carentes de cobertura sanitaria” salvo servicios como vacunas, extracciones dentales y “atenciones realizadas por las ambulancias del 061 cuyo importe está “infravalorado” y llega a incluir “traslados en ambulancia desde la frontera de pacientes procedentes de Marruecos” que “exceden su ámbito de competencias” y no tienen “contraprestación económica”.
La Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta “únicamente efectuó actuaciones para el cobro de las urgencias y consultas externas prestadas a población no asegurada”, asumiendo “íntegramente” el coste del resto de asistencias a dicha población.
Recomiendan un convenio con el SAS para derivar pacientes
El Tribunal de Cuentas cree que el INGESA debería “impulsar la formalización de un convenio de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud (SAS)” con objeto de “formalizar el procedimiento de derivaciones de pacientes”. Tanto desde Ceuta como desde Melilla existe “un elevado número de derivaciones” tanto por procesos ambulatorios como hospitalarios.
El órgano de fiscalización destaca que “existe, asimismo, un elevado porcentaje de derivaciones de pacientes no asegurados, que no forman parte, por tanto, del colectivo incluido en la base de datos de tarjeta sanitaria individual sin código de identificación personal, necesario para la identificación y reconocimiento de los mismos”.
El 95% de los traslados desde Ceuta y Melilla es a clínicos andaluces
Sin embargo, “no existen convenios de colaboración con otros Servicios de Salud que regulen y controlen las derivaciones efectuadas, aspecto de suma importancia fundamentalmente en las relaciones con el SAS, ya que un 94,89% de los pacientes incluidos en el Fondo de Cohesión Sanitaria del año 2016 procedentes las dos ciudades autónomas fueron derivados a centros sanitarios de dicho Servicio de Salud”.
Tampoco existen planes de seguimiento periódicos de las derivaciones realizadas en Ceuta o en Melilla salvo la Comisión Central de Derivaciones, creada con fecha 11 de febrero de 2015.