El Gobierno que preside Juan Vivas ha terminado y los grupos políticos con representación institucional ya trabajan con un borrador definitivo de nuevo Reglamento de la Asamblea que, entre otras cosas, se impulsa con la intención de “promover la participación de la ciudadanía en el proceso de adopción de las decisiones políticas relevantes”, según se subraya en el Preámbulo del documento, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico.
En su Título Séptimo, dedicado exclusivamente a ese objetivo, se establece que “los ciudadanos y ciudadanas residentes en Ceuta podrán participar de manera directa en la gestión de los asuntos públicos que sean competencia de la Ciudad” y que dicha participación se canalizará, entre otras vías, “a través de la capacidad de presentar propuestas al Pleno de la Asamblea”.
A partir de ese principio general se regula que las iniciativas deberán ser presentadas en el Registro General de la Ciudad Autónoma “avaladas por la firma de, al menos, mil ciudadanos empadronados en Ceuta”. Las rúbricas deberán ser autentificadas, para lo que bastará con que se aporten fotocopias de los DNI de los firmantes con el fin de que la Secretaría del Pleno pueda “comprobar y dar fe de su inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes”.
En el escrito de presentación, además del contenido de la propuesta, en el que deberá constar expresamente “el texto del acuerdo que se pretende debatir y votar”, deberá figurar también la identidad de la persona encargada de exponerla ante el Pleno de la Asamblea.
La propuesta tendrá que ser informada por la Secretaría del Pleno por si de la misma se derivasen actos con eficacia jurídica o administrativa, así como por la Intervención, en este último caso “en los supuestos de compromisos u obligaciones económicas para la Ciudad”.
Si todos estos trámites se superan sin contratiempos, la Mesa Rectora incluirá la propuesta en el orden del día del Pleno Ordinario correspondiente al mes siguiente al que se presentó la iniciativa, una vez que hayan sido emitidos los informes referidos en caso de que los mismos sean preceptivos.
El debate de las propuestas ciudadanas se llevarán a cabo sobre una estructura de cuatro pasos. En primer lugar, el proponente dispondrá de diez minutos para exponer sus argumentos y defender la iniciativa que abandere.
Después, cada grupo político y los diputados no adscritos, en caso de haberlos, dispondrán de otros diez minutos cada uno para fijar su posición.
El debate concluirá con la intervención del miembro del Consejo de Gobierno que se designe, para lo que dispondría del uso de la palabra durante diez minutos igualmente.
Finalmente se procederá a la votación de la propuesta, que podrá hacerse de manera conjunta o separada, caso de que la misma se componga de más de un punto y así lo solicite algún grupo.
Además de promover la participación ciudadana en la vida política de la institución, el borrador de Reglamento con el que ya trabajan los grupos políticos se describe a sí mismo como una reforma para “incidir en el ‘aspecto autonomista’ que debe presidir la Asamblea de la Ciudad de Ceuta, elaborando un complejo sistema de pesos y contrapesos que equilibren la agilidad de la acción política por una parte; y la participación de todos los grupos políticos y el control del Gobierno, por otra.
Para el Ejecutivo que lidera Juan Vivas, “tras más de veinte años de vigencia del Estatuto de Autonomía, vemos con claridad que la consolidación de las nuevas instituciones de la Ciudad es un hecho; que el proceso de traspaso de funciones y servicios exige de la Asamblea un funcionamiento dinámico y participativo; y que la casuística casi infinita a la que ha tenido que hacerse frente con el actual Reglamento ha puesto de manifiesto una serie de insuficiencias que aconsejan su perfeccionamiento”.
Más control
Actividades y bienes patrimoniales
Los diputados deberán dar cuenta de las actividades económicas o profesionales desarrolladas durante los tres años anteriores a su acceso a esa condición, así como la pertenencia, durante el indicado período, a Consejos de Administración o Comités de Dirección de cualesquiera empresas, asociaciones, fundaciones y demás organismos con personalidad jurídica propia. Igualmente tendrán que aportar “la relación de intereses económicos o actividades que puedan influir en el ejercicio de sus funciones”.
Integridad
Los regalos de más de sesenta euros, vetados
Ningún diputado podrá aceptar regalos, ya sean en efectivo o en especie, favores o servicios, “que procedan de una persona, física o jurídica, relacionada, directa o indirectamente, con su actividad política y cuyo valor supere los 60 euros o los 100 para el caso de acumular regalos procedentes de la misma persona, organismo o empresa en el período de un año. Cuando un regalo exceda de las cuantías señaladas, será rechazado o, en su caso, devuelto en el plazo de cinco días. En caso de que dicha devolución no sea posible, se procederá a su integración en el patrimonio de la Ciudad o se donará.
El borrador de nuevo Reglamento de la Asamblea establece que los diputados tienen el deber de “asistir a las sesiones del Pleno de la Asamblea, de las Comisiones de las que formen parte, y de la Junta de Portavoces, en su caso, salvo causa justificada”. A estos efectos, deberá presentarse escrito justificando la no asistencia ante la Secretaría de la Asamblea “con anterioridad” a la celebración del siguiente Pleno ordinario. Además, La ausencia injustificada y reiterada de un Diputado o Diputada producirá la pérdida de la asignación económica establecida como indemnización salvo para quienes sean miembros del Consejo de Gobierno o de la Mesa Rectora de la Cámara autonómica, según el caso.
El borrador de nuevo Reglamento de la Asamblea mantiene que el Pleno “garantizará a los Grupos Políticos su funcionamiento con los medios personales, materiales y económicos que se consideren suficientes”. Estos medios quedarán sujetos, con carácter finalista, a las labores propias del Grupo y de los diputados que lo integren. Así, se contempla facilitar “una dotación de personal de asesoramiento, asistencia y apoyo [su número se fijará en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad de cada ejercicio anualmente], un local para reuniones y atención al público, y una subvención para gastos de funcionamiento” que estará compuesta por una cantidad fija e igual para todos y por otra variable en función del número de miembros que integren cada uno. No obstante, el documento elaborado por el Gobierno advierte que “no tendrán derecho a los medios de apoyo, tanto personales como materiales, que en el presente artículo se establecen y regulan, los Grupos a los que pertenezcan personas condenadas por delitos de terrorismo, corrupción, rebelión o contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal”.
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