La estratégica posición geográfica de Ceuta en la encrucijada de caminos que es el Estrecho de Gibraltar constituye la principal razón de su intensa ocupación humana desde sus orígenes hasta la actualidad. Cada una de las civilizaciones que se han asentado en nuestra ciudad ha dejado su impronta en forma de vestigios arqueológicos y arquitectónicos. Muchas de estas huellas han sido borradas por los pasos de las sucesivas generaciones de ceutíes desde tiempos inmemoriales. No obstante, hay que puntualizar que el modo de reinstalar un espacio para albergar nuevas construcciones ha evolucionado a lo largo de la historia. Durante muchos siglos el modus operandi consistía en reaprovechar los materiales de antiguas construcciones, derruir las existentes y allanar para crear una plataforma horizontal sobre la que erigir las nuevas construcciones. Esto ha permitido la formación de un potente registro estratigráfico en el que los arqueólogos han podido identificar los estratos correspondientes a cada etapa histórica. Sin embargo, a partir de los sesenta se impuso un modelo de utilización del espacio urbano que no se conformaba con elevar inmuebles, sino que también buscaba el aprovechamiento del subsuelo con la construcción de sótanos y garajes.
Los coches y las máquinas excavadoras se unieron para destruir una parte importante de nuestro patrimonio arqueológico. La necesidad de buscar acomodo al imparable número de vehículos que fueron tomando la ciudad fue el principal motivo de la dotación de aparcamientos subterráneos privados y públicos. En nuestra ciudad, tal y como se ha comentado en muchas ocasiones, la construcción del parking público de la Gran Vía supuso la destrucción de una parte muy importante del patrimonio arqueológico ceutí. Por desgracia, este tipo de hechos no tienen vuelta atrás y la información histórica que podíamos haber obtenido si se hubiera llevado a cabo un completo estudio arqueológico de esta zona se ha perdido para siempre. Lo poco que se ha recuperado de la riqueza arqueológica de Ceuta, dilapidada en los primeros años del desarrollismo urbano en nuestra ciudad, se lo debemos a las figuras de Carlos Posac y Juan Bravo.
No fue hasta mediados de los años ochenta cuando comenzaron las primeras excavaciones arqueológicas sensu stricto en Ceuta. Se podría decir que se actuaba siguiendo un criterio de oportunidad, es decir, se excavaba donde el ayuntamiento permitía hacerlo al ser el propietario de estas parcelas, mientras que el sector privado de la construcción seguía teniendo las manos libres para ejecutar sus proyectos inmobiliarios sin ningún tipo de supervisión arqueológica. Todo empezó a cambiar a partir del año 1996, que es cuando se consiguió incluir en las normas urbanísticas un apéndice de protección del patrimonio arqueológico. Esta nueva normativa determinó las zonas de mayor interés arqueológico y estableció la obligación de presentar un informe arqueológico previo a la concesión de la licencia de construcción. Los inicios de la aplicación del apéndice de protección del patrimonio arqueológico fueron tenues debido a la falta de voluntad política y la inexistencia de una mínima estructura técnica para el cumplimiento de la mencionada normativa. Todo empezó a cambiar con la creación de la plaza de arqueólogo municipal.
Fernando Villada, que es quien obtuvo el puesto de arqueólogo municipal, ha desarrollado en estos últimos veinte años una importante y meritoria labor de protección y gestión del patrimonio arqueológico. Me consta que no ha sido fácil consolidar la aplicación de las normativas y leyes que tienen como objetivo la documentación y salvaguardia de los vestigios arqueológicos y culturales en una ciudad con tanto patrimonio como Ceuta. Como en todo trabajo se suceden momentos dulces y amargos. Entre los primeros estoy seguro que debe figurar el hallazgo de los primeros testimonios arqueológicos de época fenicia en nuestra ciudad o el estudio y puesta en valor de la puerta califal, mientras que en la parte menos gratificante constará la polémica política y judicial del yacimiento medieval del Pasaje Fernández. En cualquier caso no me cabe ninguna duda del balance positivo de esta etapa de la arqueología ceutí. Se han efectuado un elevado número de intervenciones arqueológicas con resultados muy interesantes. No obstante, tal y como viene ocurriendo en buena parte de las ciudades españolas en la que se practica la denominada “arqueología urbana”, se ha excavado mucho, pero no se han publicado la mayoría de los resultados. La causa de esta clara disfunción en la gestión del patrimonio arqueológico es la implementación de un modelo que hace recaer en las empresas constructoras los costes económicos de los peritajes arqueológicos, incluyendo los honorarios de los arqueólogos. Esta situación sitúa a los profesionales entre la espada, sus clientes; y la pared, las autoridades competentes en materia de patrimonio cultural, que les exigen un informe previo y una memoria completa de los trabajos que, en algunas ocasiones, conllevarían años y años de dedicación exclusiva. Ninguna empresa está dispuesta a asumir económicamente esta parte de las condiciones que les impone las administraciones a los arqueólogos cuando solicitan el preceptivo permiso de intervención arqueológica. El resultado final es que los almacenes de los museos se están llenando de cajas y cajas de material arqueológico que es posible que nunca van a ser estudiados en profundidad ni dados a conocer a la comunidad científica y al público interesado.
La solución al problema suscitado por la incapacidad del actual modelo de gestión del patrimonio arqueológico para traducir las intervenciones arqueológicas en información valiosa para la reconstrucción de la historia de los territorios pasa por la revisión del actual sistema y su sustitución por uno más acorde a la importancia creciente que le dan los ciudadanos a la conservación del patrimonio natural y cultural. En la actualidad es muy acusado el desequilibrio en el número de técnicos que atienden negociados como los de urbanismo y obras públicas si lo comparamos con la enorme precariedad del departamento de patrimonio cultural de instituciones como la Ciudad Autónoma de Ceuta. Resulta evidente que un solo arqueólogo no puede atender todo el trabajo de administración y supervisión de las intervenciones arqueológicas que se llevan a cabo en Ceuta y mucho menos dispone de tiempo para procesar todos los materiales procedentes de las actuaciones que él mismo dirige como arqueólogo municipal. Para ello necesitaría contar con un equipo de trabajo dedicado al lavado, clasificación, inventario y documentación gráfica y fotográfica del material arqueológico.
El problema es todavía más grave en el caso de las intervenciones dirigidas por arqueólogos autónomos o en nombre de empresas especializadas en arqueología. Como hemos comentado con anterioridad, las empresas que los contratan asumen sólo el coste económico correspondiente a los trabajos de campo y la redacción del informe que les permite obtener la ansiada licencia de construcción. Desde mi punto de vista, tendríamos que importar de Francia su modelo de gestión del patrimonio arqueológico urbano. Nuestros vecinos galos cuentan con servicios públicos de arqueología urbana que asumen la realización de las intervenciones arqueológicas, el tratamiento y estudio de los materiales y la difusión de los resultados de las intervenciones arqueológicas.
La creación del Servicio Municipal de Arqueología de Ceuta está recogida en el apéndice de protección del patrimonio arqueológico aprobado por la Ciudad Autónoma de Ceuta en el año 1996, pero tal compromiso se ha quedado, hasta ahora, en la creación de una única plaza de arqueólogo municipal. Ya va siendo hora de dar un paso adelante y diseñar un Servicio Municipal de Arqueología acorde a la importancia cuantitativa y cualitativa del patrimonio arqueológico ceutí.