Entiendo que todos los partidos con representación en la Asamblea están de acuerdo en que determinadas obras como los pasos elevados de Miramar y Arroyo Paneque, la reforma del mercado, la adecuación del Díaz Flor en un centro de deportes acuáticos, la construcción de la Plaza Nicaragua, la adecuación de la zona centro en la Gran Vía y la calle Jáudenes, la mejora en las playas o la construcción del nuevo centro para los menores extranjeros no acompañados forman parte de un catálogo, donde a buen seguro, en el 90% de los casos suscita unanimidad por parte de las fuerzas políticas. Y también todos estarán de acuerdo en que no podemos seguir permitiendo que las obras se eternicen en Ceuta, tanto para comenzarlas como para ejecutarlas. Además, todos aplaudirán si se logra que la empresa Tragsa subcontrate, dentro de las capacidades legales y técnicas de las empresas ceutíes, a las que así lo requieran y que, incluso, la mayor parte de los trabajadores provengan de nuestra ciudad y no de la Península. Este conjunto de medidas sería apoyada por todos los partidos, porque no nos cabe la menor duda que no admite ningún tipo de discusión. Pues bien, ése es el compromiso que asume el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, con la decisión política que ha adoptado de adjudicar a la empresa pública Tragsa la realización de las denominadas “obras singulares”. Los partidos de la oposición ya han expresado sus protestas y además afirma alguno de ellos que se trata de una medida ilegal. No creemos que, a estas alturas, el presidente no cuente con el beneplácito de los técnicos para dar este paso. Por tanto, se entiende que ese compromiso necesita de su reafirmación y si se cumple con lo establecido, sería difícil entender una postura negativa. Tiempo al tiempo