La APFP denuncia que un funcionario de la prisión sufre “persecución sindical y acoso laboral”

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denuncia que a un funcionario del Centro Penitenciario de Ceuta le han abierto un expediente disciplinario "por presentar sus solicitudes de vacaciones y permisos ante la Delegación del Gobierno de Ceuta y por pedir copias selladas de sus solicitudes. Algo a lo que todo ciudadano tiene derecho".

Esta organización sindical indica en una nota de prensa que la incoación del expediente, "que no señala fecha de cuándo ocurrieron los hechos, acude a un lenguaje oscuro, indeterminado y abierto a interpretaciones para iniciar un expediente al funcionario por motivos que no son constitutivos de sanción y que está recogido en la vigente ley de procedimiento administrativo común".
Para la APFP, al funcionario "se le trata de coartar su derecho como ciudadano para acudir a la administración pública en busca del registro de sus solicitudes. Es una barbaridad jurídica, promovida por los responsables del centro en que trabaja el afectado, es un síntoma evidente de la persecución sindical y laboral que sufre el funcionario expedientado".
La APFP explica que el afectado "reúne la cualidad de ser un delegado sindical muy activo en el Centro Penitenciario de Ceuta, perteneciente a la sección sindical con más votos obtenidos dentro de este centro. Además, es secretario de la Junta de Personal de la Administración General del Estado, máximo órgano de representación sindical a nivel territorial". Hasta la fecha –asegura el sindicato–, el funcionario ha interpuesto nada más y nada menos que ocho contenciosos administrativos contra las decisiones del centro penitenciario que ha promovido la incoación del expediente disciplinario, de los cuales dos de ellos ya han sido resueltos con expresa condena en costas para la administración demandada, mientras el resto sigue su curso". Añade que, además, "ha obtenido otras dos sentencias firmes en el Tribunal Supremo, resultando condenado expresamente el Ministerio del Interior a cantidades superiores a los 600.000 euros, cantidades que se niegan a pagar abriendo nuevos procesos judiciales en ejecución forzosa".
Este sindicato entiende que "el motivo real de la incoación del expediente disciplinario se encuentra en la actividad judicial y sindical que ejerce el funcionario que, desde hace años, está siendo objeto de una implacable persecución sindical y acoso laboral".
Esta organización sindical explica que entre las denuncias llevadas a cabo por el funcionario, "destaca el hecho de que a los compañeros del centro le deniegan comisiones de servicios a las que tienen derecho, que se realizan extracciones de las nóminas caprichosamente, que se obliga a trabajar a compañeros durante su descanso semanal cuando reciben el alta médica, que se extraen días de descanso anual reiteradamente, que los días trabajados para la administración no son abonados ni compensados en determinados casos, dependiendo de la persona a quien deba abonarse, que no hay un registro público propiamente dicho en el centro penitenciario, que en dicho centro no se obtienen copias de las solicitudes presentadas, que se ponen todo tipo de trabas para evitar que se registren solicitudes, la mayoría no son selladas ni registradas, que se quita el plus de residencia de la nómina a quienes enferman fuera de Ceuta durante sus vacaciones, que se extraen de las nóminas haberes cuando se produce un accidente laboral, y así un largo etcétera de denuncias de constantes irregularidades que han desembocado en este expediente disciplinario carente de fundamentación alguna en otro intento más de silenciar la voz sindical del centro penitenciario de Ceuta".
El sindicato añade que el delegado sindical al que ahora se le incoa el expediente "ha tenido que sufrir a lo largo de los últimos años cómo le han sustraído reiteradamente dinero de las nóminas sin causa ni procedimiento alguno, le han quitado el plus de residencia por ser hospitalizado fuera de Ceuta, le han negado el registro y copia de sus solicitudes, le han quitado días de vacaciones, no le han abonado los días trabajados para la Administración, le han impedido que disfrute de sus permisos, le han cambiado de guardia como represalia a su actividad sindical, le han impedido disfrutar del permiso de paternidad completo por el nacimiento de sus hijos, le han descontado días por deber inexcusable...".
En esta línea, la APFP manifiesta que "estamos ante un acoso a gran escala cuyo último exponente ha sido la incoación de este expediente disciplinario que ni siquiera ha sido notificado a la Junta de Personal ni a su Sección Sindical como es preceptivo por ley para mermar su posible defensa".
"Desde la dirección del centro se intenta imponer la política del miedo, tratando de socavar el medio de vida de cientos de familias. Se perjudica conscientemente al que osa cuestionar las decisiones infundadas o manifiestamente ilegales y se persigue al que hace valer la Ley. Desde APFP estamos convencidos de que este expediente no es más que otro intento por aniquilar la libertad sindical de nuestro compañero", indica esta organización.
Por último, esta central sindical aprovecha la ocasión para reiterar su denuncia de que "no se ha comunicado ni al sindicato del 'encartado', como lo denominan en el expediente disciplinario, ni a la Junta de Personal la incoación del citado expediente, con lo que se vulnera el artículo 41 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y la disposición adicional primera del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, mostrando una vez más el escaso respeto por la Ley que tiene nuestra Administración".