La Ciudad convirtió en pagos efectivamente realizados el 93,4% de las obligaciones contraídas.
La Ciudad Autónoma ejecutó el año pasado el 85,04% de su presupuesto de gastos, lo que significa que transformó en obligaciones de pago un total de 253,8 millones de euros de los que desembolsó de forma real 237,1 (quedan casi cinco como obligaciones pendientes y 11,7 como pagos por efectuar) según el balance elaborado y publicado por Intervención al cierre del cuarto trimestre de 2016, un nivel de ejecución “muy alto” según las fuentes consultadas por este periódico a pesar de que el capítulo de Inversiones es que se llevó a la práctica con menos eficacia.
El índice de ejecución de gastos expresa el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio en relación con el volumen de créditos definitivos y muestra el grado en que estos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones.
El porcentaje de pagos realizados sobre obligaciones contraídas se elevó hasta el 93,4%, porcentaje que refleja el ritmo de gasto en los conceptos de la clasificación económica.
En el capítulo de ingresos, los conseguidos de forma neta se elevaron a 214,6 millones de euros y los derechos reconocidos hasta 275,9, un 88,5% de las previsiones. En el apartado de deudores se computan 49,7 millones de euros.
Así, el porcentaje de ingresos netos sobre derechos reconocidos está muy cerca del 81,2%.
El IPSI de Operaciones Interiores, que se había presupuestado que rindiese más de 24,6 millones de euros, dejó 21,4 enforma de ingresos netos en las arcas municipales. Por multas y sanciones, conceptos que supuestamente generarían 1,3 millones de acuerdo con las previsiones presupuestarias, no se ingresaron ni 300.000 euros.
Al IPSI Gravamen Complementario del Tabaco se habían imputado previsiones de ingresos por valor de 26,1 millones que se han revelado muy distantes de acuerdo con la ejecución real: los derechos reconocidos han rozado los 25,5 millones pero los ingresos netos apenas han superado los 9 millones.
Con el IPSI Importación ha pasado algo parecido: se presupuestó generar 66,1 millones en ingresos, se convirtieron en derechos 65 millones y los ingresos netos se han quedado en 45,5.
El PP y el PSOE han presentado varias enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público para transponer al ordenamiento jurídico español varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de incluir a Ceuta en la relación expresa de Administraciones que tendrán a TRAGSA y a su filial TRAGSATEC con la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos”. También para que las Ciudades Autónomas tengan la posibilidad de poder crear sus propias centrales de contratación si lo estiman oportuno “como instrumento para la mejora de la eficacia en la contratación”.
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