Hay una profunda diferencia entre la administración tal como la entendían los antiguos y una administración que ha pasado por el proceso de modernización. En ambas el principio de legitimidad es el mismo, pero todo lo demás es distinto. Durante estos cuarenta años de periodo democrático, la Administración Pública española ha llevado a cabo numerosos procesos de transformación y cambio para adaptarse a las nuevas realidades sociales, políticas y a un entorno cambiante tanto nacional como internacionalmente. Las Administraciones han experimentado un replanteamiento radical de sus parámetros tradicionales de buen funcionamiento y han quedado expuestas en su trabajo a competir con otras en una sociedad abierta e internacionalizada. Se les ha exigido, además, que sean modernas, eficaces, eficientes y responsables.
Los procesos de modernización han sido intensivos, enfocados en un principio en la adaptación progresiva del aparato administrativo al modelo constitucional y comunitario, para centrarse posteriormente en el desarrollo, entre otros, de cambios orientados al ciudadano (tratarle como al cliente que está financiando esos servicios y no como un súbdito), la calidad, la eficiencia, la simplificación, el uso de las nuevas tecnologías y la transparencia. El desarrollo de este proceso supuso que, en su mayoría, las administraciones públicas pasaran de tener una concepción expansiva, de estar encerradas en sí mismas, y ser neutrales e indiferentes, a convertirse en administraciones equilibradas, muy relacionadas con su entorno y con las otras administraciones, competitivas, responsables ante la sociedad, y atentas a las demandas sociales y al servicio de la colectividad.
Sin abandonar el énfasis en cómo se seleccionan y se forma a los empleados públicos -cuestión fundamental para empezar a considerar que los procesos de modernización puedan llegar a ser exitosos-, son esenciales los modelos de organización, la formación y las herramientas que deben usarse. Pero no hay método ni técnicas con los que superar la ausencia de valores que supone que el personal no se haya reclutado en función del mérito y la capacidad, sino a través de criterios clientelares y partidistas. Esa modalidad de corrupción es, como las otras, un cáncer para la sociedad, que ni contará con dignos funcionarios ni sus ciudadanos los considerarán legitimados como autoridad. A partir de esas premisas, es sólo cuando la Administración pública puede instalarse en la modernidad.
Es necesario que los ciudadanos seamos conscientes de lo que hemos de exigir a las administraciones, nos va en ello el bienestar y el progreso de la población
Durante estos tiempos de los que hablamos, dos herramientas han sido los motores más utilizados para dinamizar en la práctica el proceso de modernización: la planificación por objetivos y la elaboración de Relaciones de Puestos de Trabajo que contemplen la descripción de los mismos, las funciones y las tareas que han de desempeñar, así como las capacidades que se precisan para desempeñarlos. Sin el uso de estas técnicas, todo queda a la discrecionalidad de políticos y empleados públicos. No estaremos hablando de un modelo de administración acorde con las exigencias de los ciudadanos y de las empresas, ni con los principios de sostenibilidad y eficiencia que, junto a lo digital, determinan el modelo de Administración propio del siglo XXI.
Pero la Administración autonómica de la Ciudad ha sido renuente al uso de estos instrumentos, como lo prueba el hecho de que hasta hace bien poco no se ha elaborado una RPT y, aún así, al parecer, esta no enumera las funciones, ni las tareas y las responsabilidades que conforman los puestos de trabajo, definiendo el objetivo que cumplen cada uno de ellos, es decir el perfil requerido para ocuparlos. Y en cuento a la planificación por objetivos, desconozco si en algunos casos se está empleando, aunque no parece que los estímulos sean favorables dada la alergia congénita que los gobierno autonómicos le tienen a la planificación.
En cuestiones públicas, todo lo que no sea reglado, planificado, regulado y publicado, queda sometido al albur de la discrecionalidad, sea de los políticos o de los empleados públicos. Solo lo ponderado mediante normas generales y hecho con transparencia está en condiciones de responder al interés general. De ahí, una vez más, la importancia que tiene en democracia el que predomine el imperio de la ley.
Por otra parte es necesario que los ciudadanos seamos conscientes de lo que hemos de exigir a las administraciones, nos va en ello el bienestar y el progreso de la población. Sin una conciencia de los derechos y obligaciones de cada uno, la frontera de lo público se difumina y las relaciones se convierten en costumbres extravagantes que a nadie beneficia, salvo a la arbitrariedad.
Tras la importantísima transformación digital de la Administración, aún con tantos déficits por resolver, están por realizar el impulso de la gobernanza pública, con el uso de la planificación y de la eficiencia y el acercamiento de la administración al ciudadano, la estrategia de Gobierno abierto y mejora de la Transparecia, y la mejora y modernización del empleo público, un conjunto de ejes que se desglosan, a su vez, en programas y medidas, cuyo objetivo principal es una transformación global del modelo de gestión pública. Se trata de ordenar las medidas en planes transversales o estratégicos, impulsados por las recomendaciones de organismos internacionales.
Es un tren que ya ha partido y en el que ya se han subido muchas administraciones públicas. La nuestra tendrá que organizarse a fondo para no perderlo. Aquí, aún falta la conciencia de quienes gobiernan para impulsar un profundo proceso de reforma administrativa, para conformar una administración mucho más eficiente y transparente en el futuro, sostenible desde el punto de vista del gasto público y que potencie la implantación de soluciones tecnológicas y un conjunto de valores que mejoren las relaciones entre la Administración y los ciudadanos y las empresas.
Con el tamaño que tiene nuestra Administración autonómica, por economía de escala, no resulta posible que cuente con una Escuela de Administración Pública, que organice la selección y formación de sus empleados, pero si que existe en nuestro sistema la posibilidad de cooperar con otras escuelas que pueden diseñar y dispensar cursos de formación a la carta, según las necesidades y características de nuestros funcionarios, como es el Instituto Nacional de Administración Pública, el cual colabora permanentemente con las Administraciones territoriales y cuya ventaja es contar con equipos cuyos conocimientos se actualizan permanentemente en la teoría y en la práctica.