Categorías: Tribunales y justicia

La Acusación Popular pide que guardias que actuaron el 6-F declaren en calidad de imputados

La instrucción judicial que se está llevando a cabo en torno a lo sucedido el pasado 6 de febrero, fecha en la que murieron 15 inmigrantes subsaharianos en su intento por llegar a Ceuta, avanza poco a poco.

El objetivo, el que en definitiva persiguen todos, es dejar claro hasta el último extremo de lo ocurrido esa mañana, para evitar los, hasta ahora, juicios paralelos efectuados.
Después de que la semana pasada declararan una médico, que había asistido a inmigrantes lesionados en el país vecino y había visto algunos de los cadáveres hallados en el otro lado, y una activista de la oenegé Ca-minando Fronteras; la Acusación Popular ha solicitado que la magistrada que instruye el caso llame a declarar en calidad de imputados a algunos de los guardias civiles que intervinieron aquella madrugada.
De momento, de forma oficial, no se ha acordado el paso que se va a dar, aunque todas las peticiones que ha cursado la ristra de organizaciones personadas para ejercer de Acusación Popular han sido atendidas, con lo que no se descarta que éste sea el camino que ahora se siga.
Ya el juzgado solicitó a la Guardia Civil que informara de la relación de agentes participantes y de los medios empleados además de las directrices seguidas. También dispuso de las grabaciones obtenidas de las distintas cámaras operativas aquella mañana así como de las comunicaciones internas que quedaron reflejadas. El objetivo de llamar a declarar en calidad de imputados a algunos de los guardias civiles no sería otro que el saber más sobre el tipo de actuación desarrollada garantizándose además su defensa al acudir con abogado.

La red Migreurop, la única que está personada

Las organizaciones que en España forman parte de la red Migreurop son las únicas que se han personado a modo de Acusación Popular en el caso abierto tras la tragedia del 6-F. No se descarta que en próximas semanas haya otras asociaciones que se personen. De momento la investigación judicial sigue su curso intentando atender cada detalle de una tragedia que ha trascendido el mero suceso extrapolándose al ámbito político.

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