Victoria Ortega abre hoy las ponencias de las Jornadas Jurídicas a las 9:00 horas. Sobre la abogacía ceutí, destaca la labor de los letrados del Turno de Oficio y su alta profesionalidad.
–La ponencia con la que usted participa hoy en las VII Jornadas Jurídicas de Ceuta versará sobre la incidencia del Derecho de la Unión Europea en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), ¿cuáles son las principales influencias?
–La creciente incidencia del Derecho de la Unión Europea en los derechos nacionales se ha concretado en 2015 a través de varias reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estas reformas han servido para elevar los estándares comunes de protección de los derechos en sede procesal, especialmente los derechos de los detenidos.
–Recientemente han entrado en vigor las reformas del Código Penal y la LeCrim, ¿cómo afecta la reforma de esta última al ejercicio del abogado?
–Las reformas de las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Enjuiciamiento Civil introducen novedades como los límites a la instrucción, las medidas contra la ‘pena de telediario’ o la eliminación del papel en los juzgados. Cuando se aprobaron estas reformas en octubre del año pasado, el Consejo General de la Abogacía Española reclamó participación y diálogo para lograr una solución consensuada entre el Ministerio de Justicia y todos los profesionales jurídicos, incluidos los abogados, y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos que reclaman una mayor agilidad en los procedimientos judiciales.
Ahora bien, esa agilidad tiene que contribuir a que se haga una mejor justicia. No tiene sentido implantar una reforma sin los medios necesarios para que se lleve a cabo. Los propios fiscales están diciendo que no podrán revisar todas las causas pendientes en plazo porque no tienen medios para hacerlo, y eso puede derivar en impunidad, lo que sería terrible.
En cuanto a la reforma del Código Penal, en todas las alegaciones presentadas por la Abogacía durante su tramitación se manifestó que la prisión permanente, sea revisable o no, es contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución.
La Abogacía debe ser oída en la elaboración de las leyes. Nosotros conocemos la realidad de la Administración de Justicia, de los tribunales, conocemos todas sus carencias y debilidades, y sus fortalezas, y en ese sentido podemos aportar mucho. Las reformas legislativas deberían haberse consensuado, tanto las que afectan directamente a los abogados, como el ejercicio del derecho de defensa, como las que afectan a los ciudadanos en general, que en realidad son lo mismo.
–La abogacía es una profesión ligada al constante cambio y reciclaje, pero ¿cómo están afrontando los abogados la llegada de las nuevas tecnologías a la actividad judicial? ¿Confían en que poco a poco se solventen las incidencias tecnológicas existentes en la progresiva implantación de la NOJ en España?
–El Consejo de la Abogacía ha apostado firmemente por la implantación de las nuevas tecnologías en la justicia. Prueba de ello es el expediente electrónico de Justicia Gratuita, el único electrónico realmente que funciona en toda la administración de Justicia y que se ha hecho gracias a la Abogacía. En cuanto a la implantación del papel cero y Lexnet, es verdad que está costando un poco y que ha tenido algunos tropiezos iniciales. Pero el mundo de la justicia debe alejarse ya de esa imagen decimonónica y arcaica. No puede entenderse una sociedad alejada de la tecnología y por lo tanto la justicia tampoco debería estarlo. Naturalmente para ello hacen falta, como siempre, medios y formación de los profesionales.
–Desde el CGAE y el gremio en general se han mostrado contrarios a la implantación de la Ley de Tasas Judiciales, a pesar de los últimos cambios introducidos el año pasado, ¿mantienen que se retire completamente esta ley?
–La Abogacía en su conjunto se opuso a las tasas desde antes incluso de que se aprobara la Ley. No podíamos consentir que se pusieran obstáculos al derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, a que todos los ciudadanos pudieran reclamar legítimamente sus derechos en los tribunales. Precisamente en el momento en el que la crisis económica estaba teniendo mayor impacto en la sociedad. Toda la Abogacía unida, junto con otros operadores jurídicos, sindicatos y organizaciones de consumidores conseguimos que se derogaran para las personas físicas. Y hemos pedido que se derogue la ley en su totalidad porque aún se mantienen las tasas para PYMES y ONG. Ya se han llevado a cabo distintas iniciativas parlamentarias para su derogación y es una de las cosas que pediremos al nuevo gobierno.
–Recientemente usted ha criticado duramente el acuerdo sobre refugiados entre la UE y Turquía, precisamente porque se priva a estos ciudadanos de solicitar el asilo al que tienen derecho. ¿Será posible revertir esta situación?
–La Unión Europea está fundada sobre los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos, incluidos los de las minorías. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación. Y sin embargo, en la respuesta de Europa con los refugiados, esos valores fundacionales se están ignorando. Después de las dos Guerras Mundiales, parecía que Europa había aprendido la lección. Y se dotó de normas legales que garantizaran el asilo a las personas que huyen de la guerra o la persecución. Sin embargo, Europa, cada uno de los países que forman la Unión, están vulnerando esas leyes. El acuerdo entre la UE y Turquía es la máxima expresión. Y creo que la propia supervivencia de Europa está en juego. Si no se afianzan esos valores, si no se refuerza el estado de Derecho, si Europa no se respeta a sí misma, corremos el riesgo de vuelta de los totalitarismos, como estamos viendo ya en muchos países con el auge de partidos xenófobos y extremistas.
–Estas críticas están también muy vinculadas a la situación vivida en las ciudades de Ceuta y Melilla, en tanto a las llamadas ‘devoluciones en caliente’ que también han criticado desde el CGAE, en especial, desde la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Ve usted voluntad política en corregir esa disposición de la Ley que introduce la figura del ‘rechazo en frontera’?
–Lo criticamos porque con las devoluciones en caliente también se vulnera la legislación internacional. No se puede expulsar a una persona sin escucharle, sin comprobar si puede ser solicitante de asilo, sin un abogado que le informe de sus derechos. Y lo que es aún más intolerable es que se intente legalizar esta situación de manera un tanto subrepticia, sin debate, introduciendo una modificación en una ley que en principio no tiene nada que ver. Espero del próximo gobierno un cambio en este sentido.
–Por último, me gustaría preguntarle por el estado de salud de la abogacía en Ceuta (si la conoce) y a qué retos se enfrenta el gremio en los próximos años.
–La abogacía en Ceuta no es diferente a la del resto. Se enfrenta a los mismos retos y a los mismos problemas que los demás abogados y abogadas de otros lugares de España. Pero sí quiero resaltar la magnífica labor que hacen los 123 abogados y abogadas del Turno de Oficio de Ceuta, la mayoría de ellos inscritos también en el Turno de Extranjería. La peculiaridad de Ceuta, como frontera, obliga a estos abogados y abogadas a una gran especialización y a estar preparados para atender cualquier eventualidad relacionada con la inmigración y con la situación de personas en situación muy vulnerable.
Por lo demás, los retos son los mismos: actualización constante, formación, especialización y gran exigencia deontológica. Abogacía debe ser sinónimo de excelencia profesional y hacia ella debemos dirigir nuestros esfuerzos en todas partes.
