Casi 1.000 kilos de hachís y 4 acusados que se enfrentan a 5 años de cárcel

Cuatro personas se han sentado este miércoles en el banquillo de los acusados por su presunta relación con el decomiso de casi mil kilos de hachís que llevó a cabo la Guardia Civil en agosto de 2019. La vinculación con los 975 kilos de dos de los acusados, los llamados P.M.C. y J.M.B., es clara puesto que ellos mismos confesaron los hechos el día de su arresto y también esta mañana ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. La Fiscalía les pide 5 años de cárcel y su Defensa ha solicitado que, dada su colaboración y confesión de los hechos, se le pueda rebajar en algo esa condena más que evidente. Ambos están cumpliendo prisión preventiva desde su arresto.

Los otros dos acusados, llamados M.H. y N.M., negaron tener algo que ver con este delito contra la salud pública. Ambos fueron detenidos con posterioridad a la incautación y están en libertad. La representante del Ministerio Fiscal pidió no solo que fueran condenados también a 5 años sino que, además, en una vista posterior al juicio solicitó su ingreso en prisión ante el riesgo de fuga si el máximo órgano judicial en la ciudad dictamina que son culpables.

El acusado P.M.C. declaró que había venido a Ceuta para arreglar la embarcación que patroneaba dado que le dio problemas en plena travesía. En nuestra ciudad quedó con J.M.B. quien, a su vez, había llegado en ferry. Ambos habían quedado para hacer una carga de hachís que debían introducir en Málaga. Ninguno de los dos lo negó, aunque P.M.C. resaltó en varias ocasiones que la Guardia Civil le detuvo en aguas internacionales. La narcolancha la había comprado unos días antes con 42.000 euros que tenía en su poder, fruto de su actividad orientada a arreglo de iglesias y otro tipo de templos religiosos. Cuando le sorprendió la Benemérita al principio intentó huir porque pensaba, dijo, que no eran guardias civiles sino alguien que iba a robarles. Después se detuvo y, junto a J.M.B. mostró una actitud colaboradora confesando el pase de drogas a la Benemérita. Algo que verificó un agente del Servicio Marítimo que declaró por videoconferencia.

Tanto P.M.C. como J.M.B. insistieron en que no están compinchados con los otros dos acusados para la comisión de un pase de drogas. Pagaron 100 euros por la reparación que hizo el acusado H.M. (un cambio de filtro), quien a su vez había sido localizado para tal labor por su primo N.M. El primero insistió en que solo fue comisionado para arreglar la lancha y el segundo verificó esa gestión. Ambos indicaron desconocer el uso delictivo que se iba a dar a la lancha o estar vinculados con el pase de drogas. Para el arreglo de la lancha, H.M. se subió a la misma para probarla, haciendo los arreglos que debía en el mar. Allí mismo fue entregada a los dos patrones que cometerían el ilícito penal y que se aproximaron a la narcolancha en una más pequeña.

Esa maniobra es entendida por los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil como un cambio de pilotos, algo que también cree la Fiscalía y rechazan las defensas. Tras el decomiso de los casi mil kilos de hachís la Guardia Civil investigó los teléfonos móviles de los arrestados, sin que por esa vía obtuvieran dato alguno. Después analizaron las grabaciones de las cámaras del CAS, en donde sí se recogía la presencia de los otros dos detenidos y su contacto con los pilotos arrestados con la droga. La lancha la sacaron del puerto los acusados M.H. y N.M. por lo que la Benemérita infiere que era para hacer un cambio posterior de pilotos.

Informes de la Fiscalía y las defensas, dos puntos de vista distintos

Para la Fiscalía es evidente la implicación de los cuatro en un delito contra la salud pública con la agravante de uso de embarcación. Indicó la existencia de “poderosos indicios” para vincular a M.H. y N.M. con este delito al aparecer un día antes el puerto, tener contacto con los dos pilotos y tener relación con la narcolancha. Muy al contrario las defensas de estos dos acusados negaron la mayor, recalcando ante el tribunal la inexistencia de pruebas e indicios que enerven la presunción de inocencia de sus patrocinados. Tildaron de meras hipótesis las mantenidas por la Guardia Civil, indicando que si estos dos acusados tuvieron relación con la embarcación fue por la avería, nada más. No sabían de las intenciones de los otros dos autores confesos del delito. La investigación de la Policía Judicial es considerada por las defensas como suposiciones y deducciones, haciendo partícipe a estos acusados por haber tenido esa vinculación con el vehículo acuático. ¿Qué prueba existe de la concertación de un pase de drogas entre los cuatro más allá de las suposiciones de la Guardia Civil?, se preguntó uno de los letrados.

En el turno de la última palabra, fue significativo que los dos detenidos en posesión del hachís indicaron que no conocían de nada a los otros dos acusados y que no querían que pagaran por un delito justos por pecadores. Uno de ellos indicó que se les había ofrecido una condena de 3 años y medio de cárcel pero si confesaban la vinculación de los otros dos, algo que no hicieron porque “no es justo que vayan a la cárcel”, destacó J.M.B.

Por cierto que en la lectura del informe, la Fiscalía ha pedido que se abra de nuevo la causa en relación a una persona que fue investigada en su día por su relación con los hechos, pero se sobreseyó. Considera que en la vista oral ha habido detalles y nuevos datos que le implican como quien pudo haber dado las indicaciones para conectar a los cuatro acusados.