El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia nº 2 de Ceuta ha incoado diligencias previas en el marco de la investigación abierta en torno a si existió un delito de prevaricación administrativa en el nombramiento de los viceconsejeros a los que se mantuvo en su puesto a pesar de las sentencias ganadas
por UGT. La denuncia que fue presentada por el sindicato llevará a que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, declare como investigado en esta causa. Este procedimiento está en su fase embrionaria ya que todavía no se ha posicionado el Ministerio Fiscal al respecto, además de que el sindicato tiene que reafirmarse en la denuncia que
fue presentada el pasado 26 de mayo por los servicios jurídicos de la Unión General de Trabajadores (UGT). Al presidente de la Ciudad se le requiere que, en el plazo de tres días, presente un recurso de reforma contra esta decisión de la juez o bien un recurso de apelación en los cinco días posteriores a que se le notifique lo dictado en este auto. El motivo de la denuncia radica en la proliferación de cargos públicos no electos por parte de la Ciudad, en concreto durante los años 2011, 2012 y 2013, periodo concreto que ha motivado la denuncia del sindicato y por el que Vivas tendrá que declarar y explicar en base a qué argumentos jurídicos se tomaron dichas decisiones. Los tribunales, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ya se pronunció sobre el nombramiento de un director general cuya designación declaró nula al no ajustarse a la legislación vigente, al igual que ocurrió con varios altos cargos a los que se reubicó como viceconsejeros. En 2017, dicho tribunal dictó que no se puede nombrar con este cargo a unas personas que no ostentan la condición de electas.