La magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha acordado el sobreseimiento provisional del 'caso Sierra' que el PSOE abrió en abril tras presentar una denuncia ante la Fiscalía alegando que un funcionario, Pedro Sierra, había sido colocado y recolocado varias veces en distintas partes de la Administración periférica con la complicidad o anuencia de seis personas, desde el presidente Vivas hasta el ex gerente de Acemsa pasando por dos antiguos consejeros y otros funcionarios.
La jueza ha ordenado el archivo de las diligencias y solo ha dejado abierta la vía contenciosa “para que el denunciante pueda hacer valer su derecho legítimo si así le conviniere”. “Nada obsta a que el denunciante plantee una posible nulidad, algo que evidentemente no ha hecho acudiendo a la vía penal cuando esta debería ser la 'última ratio' antes de resolver asuntos con un carácter eminentemente político”, reprocha al remarcar que “en cualquier caso, 'judicializar la política' no es algo que convenga ni a la propia Justicia ni a los intereses generales”
En su auto deja claro que no aprecia conducta prevaricadora ni malversación de fondos, los presuntos delitos que los socialistas atribuían, entre otros, a Vivas (que siempre dijo haber actuado correctamente y percibir “tufo” electoral en el proceder socialista), a los ex consejeros Ramos y García, al interventor, a la secretaria general de la Asamblea, al propio Pedro Sierra y al ex gerente de Acemsa Juan Manuel Martín Portes.
En su resolución deja claro sobre este último y Fernando Ramos, que igual que los demás declararon como investigados, que “ni siquiera guardan relación alguna con los hechos denunciados, puesto que son anteriores a las fechas de sus incorporaciones a Acemsa el 1 de diciembre de 2016 y el 13 de julio de 2017, respectivamente”.
Manuel Hernández, presentó en abril una denuncia ante la Fiscalía basada en el argumentario sostenido por UGT por la supuesta incorporación irregular hace diez años de un ingeniero a la Administración autonómica.
En su escrito reivindicó que se indagase en los cambios de destino dentro de la Administración de Sierra, en las retribuciones que había percibido (“en 2009 superiores a 5.500 euros mensuales”) y en su adscripción a una sociedad pública, Acemsa, “en la que solo aparece el día de las elecciones sindicales”.
“No habiéndose apreciado conducta prevaricadora, menos aún puede hablarse de ninguna malversación”, razona en su auto de sobreseimiento, que basa en que “del conjunto documental aportado se acreditan la conformidad a Derecho de la designación del señor Sierra que era objeto de investigación”.
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