Vox Ceuta ha comunicado que la causa abierta por supuestos mensajes racistas de WhatsApp atribuidos a miembros de la gestora ha sido sobreseída de manera definitiva. Así le ha sido comunicado por parte del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 al propio partido que, a su vez, lo ha trasladado a los medios de comunicación. En este auto se acuerda el sobreseimiento libre y archivo de la causa.
El procedimiento judicial se inició tras la denuncia presentada por MDyC el 28 de enero de 2020 a la Fiscalía, que después quedó archivada, por “una serie de mensajes vía WhatsApp publicados en un grupo privado de miembros del partido político ceutí Vox y sacados a la luz por un medio de comunicación digital”, explican. Vox Ceuta recuerda cómo ante la denuncia presentada, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Ceuta ya dictó auto de sobreseimiento provisional, siendo recurrido por las acusaciones –Ministerio Fiscal y MDyC, bajo la asistencia letrada de Fatima Hamed–. A continuación, la Audiencia Provincial de Cádiz revocó el sobreseimiento e instó al juzgado a que practicase diligencias de investigaciones, sin entrar la Audiencia a valorar si la conducta era o no delito. Fue entonces cuando el Juzgado Nº 5 ordenó la declaración de Juan Sergio Redondo, Francisco José Ruiz Enríquez y Yolanda Merelo Palomares -como testigo-. Además, ordenó la exhibición y posterior entrega de los teléfonos de Redondo y Ruiz, que tuvo lugar el 17 de febrero de 2021. Ahora y tras meses de investigaciones, se ha corroborado “que no existen mensajes que inciten al odio”. El extenso auto, que también ordena que se remita testimonio a la Sala II del Tribunal Supremo en relación a la senadora por ser aforada, manifiesta que los hechos relatados en la denuncia no son constitutivos de delito de odio. “Que los mensajes publicados generan violencia y odio como dice Fiscalía, es una manifestación que no se puede compartir porque no queda mínimamente probado, al menos, cuando lo que se pretende es una respuesta del derecho penal”, señala el auto, que continúa indicando que “los denunciados, a juicio de este instructor, ni han realizado la conducta típica de incitación al odio o violencia, ni las expresiones utilizadas tienen la suficiente entidad como para seguir adelante con el procedimiento”. Asimismo, el juez señala que tampoco se aprecia delito contra los sentimientos religiosos y aporta una abundante jurisprudencia que avala que no existe delito alguno.
El examen de los teléfonos indica que no hay rastro de origen de esos mensajes
Vox Ceuta destaca cómo el auto corrobora la tesis que siempre han defendido los denunciados porque recoge que “el informe detallado del análisis de los terminales de los investigados no aforados” muestra “la no existencia de indicios de los mensajes ni siquiera de su borrado”. Por ello, el partido cuestiona de dónde han salido los mensajes publicados por un medio de comunicación. Tras conocer este auto, el presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo Pacheco lamenta “los casi dos años de procedimiento con el depósito de los teléfonos durante nueve meses” – de los que espera que sean devueltos lo más rápido posible – unido a “la campaña de juicio mediático” que han sufrido tanto él como sus compañeros de partido por este procedimiento. Una campaña que, señala, “ha contado incluso con la colaboración de la acusación popular, ostentada por la formación de Fatima Hamed”. Y es que, el MDyC llegó a manifestar en nota de prensa tras el sobreseimiento provisional el 17 de febrero de 2020 que “los mensajes atribuidos al grupo ‘Gestora Vox’ han debido ser vertidos por ellos, aunque hayan sido manipulados, porque poca manipulación puede hacerse del ‘vamos a tragar moros por cojones’ y que la personación en la causa de los responsables de la gestora de VOX solo demostraba que los mensajes eran “de ese grupo”. Además, recuerda Redondo, el MDyC reveló los nombres de los personados en la causa e incluso llegó a cuestionar la honorabilidad del abogado de la defensa. Por ello, el presidente de VOX Ceuta se reserva, junto a sus compañeros, el derecho a interponer las acciones judiciales correspondientes ante toda esta campaña contra el honor de ellos, procediendo a efectuar las acciones judiciales oportunas.