La magistrada del
Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha dejado visto para sentencia un
juicio seguido contra cuatro personas a las que el Ministerio Fiscal diferencia en dos cargas acusatorias distintas. Por un lado, está el llamado J.B.R., un vecino de León que fue detenido en noviembre de 2019 con 30 kilos de
hachís ocultos en su vehículo. Fiscalía solicita que se le condene por tráfico de drogas a una pena de 3 años y 6 meses de cárcel. El acusado ha reconocido que contactó con una persona para embarcar con el coche cargado de droga, reconociendo así su implicación en un delito contra la salud pública por el que ya está pagando prisión preventiva. Por otro lado, están los llamados N.L.M., su madre F.M.A. y otro acusado M.L.A. Quien no se sienta en el banquillo es M.L.M., que está en busca y captura y que se supone que es el cabeza de una organización criminal que aportaba la logística para los pases de droga, es decir, facilitaba los coches o motos. Es miembro de la unidad familiar. Para los tres, Fiscalía solicita 4 años y 3 meses de cárcel por un delito contra la salud pública y dos más por constitución o integración en grupo criminal. Los tres, que solo han declarado a preguntas de su abogado, han negado los hechos. Todos han coincidido en que nunca dejaron los vehículos que pudieran tener a su nombre para ser cargados con droga. Es más, F.M.A. carece de carné de conducir pero tiene una moto a su nombre. Ha dicho que se la compró su marido para que sus hijos le llevaran a Marruecos evitando así las colas que se organizaban antaño. Todos han negado tener relación con el mundo de la droga. También lo ha hecho N.L.M., que es el titular del coche, modelo BMW, con el que fue detenido J.B.R. En su declaración ha dicho que ni conocía a este pasador y que pudo haberle cogido el vehículo algún amigo para ser usado para la comisión de ese ilícito penal que desconocía. ¿Cómo llegan a sentarse estas tres personas en el banquillo de los acusados por formar una organización criminal? El transportista de la droga es el único que ha reconocido los hechos, ante la evidencia de ser detenido por la Guardia Civil con la droga en su poder. Los demás han llegado a este caso después de la investigación que inició la Policía Judicial tras analizar el teléfono del pasador detenido. Un teléfono que este mismo entregó de manera voluntaria, aunque ni siquiera figura en el atestado que hizo la Benemérita cuando se le detuvo en el puerto. Un “error” que le ha servido a la Defensa para pedir la nulidad de esa investigación toda vez que es imposible verificar si la cadena de custodia se ha respetado o si, realmente, ese teléfono es el que portaba el detenido el día de los hechos.
La investigación de la Guardia Civil
El responsable de la Policía Judicial ha declarado que la investigación se inició tras la detención de J.B.R. Se estudió el teléfono encontrándose conversaciones de WhatsApp además de contactos y llamadas con otras personas. Se estudió la titularidad del coche usado para el pase y se confirmó que tanto ese coche como otros dos más y una moto correspondían, en su titularidad, a los acusados. La autoridad judicial, en Instrucción, aceptó la intervención del móvil de M.L.M., el supuesto cabecilla de la organización que está en rebeldía, escuchando conversaciones “que hablaban de drogas”. Así fue cómo la Policía Judicial consideró la existencia de una red que obtenía beneficios económicos al disponer de vehículos que eran conducidos por terceras personas para el transporte de drogas. Si los pasadores eran detenidos, como ocurrió en cuatro ocasiones, los dueños acudían a recoger los coches de su propiedad. La Guardia Civil los relaciona con el pase de ese 2 de noviembre,
pero también con otro del 31 de agosto, cuando se detuvo a un pasador con 23 kilos de hachís; un tercero de 12 de septiembre de 2019, cuando se detuvo a otro pasador con 33 kilos de la misma droga y un cuarto, que se saldó con la detención de otra persona con casi dos kilos de droga en una moto. Todos los pasadores están condenados, a excepción de J.B.R. Y todos ellos han declarado hoy para indicar que pasaron droga pero no han vinculado esos pases con los acusados. A ojos de la Policía Judicial, la familia investigada se dedicaba de forma habitual a facilitar los pases de hachís. Aunque a preguntas de la Defensa, ha indicado que no se ha podido inferir una connivencia de los acusados con quien está en rebeldía, que es el único cuyas conversaciones relacionadas con el mundo de la droga están grabadas con autorización judicial.
Los informes de Fiscalía y las Defensas
En sus informes, la Fiscalía ha considerado que está demostrada la autoría de los acusados en los delitos de tráfico de drogas y, en tres de los casos, en otro añadido de integración en organización. Considera la representante del Ministerio Público, que el mero hecho de ser titular de vehículos usados para el pase de drogas es un rol necesario para la comisión del delito, porque no solo es determinante el transportista sino también quien facilita la logística. Ha rechazado la petición de nulidad presentada por la Defensa en torno a la inexistencia del teléfono en el atestado, tildándolo de “error indiferente” ya que el propio detenido ha reconocido que autorizó a la Benemérita su análisis. En torno a la existencia de una organización, Fiscalía ha insistido en que “al menos” se les puede relacionar con la logística para que el negocio de tráfico de drogas funcione. Ha reseñado que, además, son personas que, por sí mismas, carecen de ingresos para tener los coches que disponían. Los ha señalado como “conscientes” de la colaboración que prestaban para traficar. Además ha valorado el indicio claro de que ninguno de ellos ha podido explicar cómo terminaban esos coches ocupados por otras personas y cargados de droga. La Defensa de estos tres acusados ha pedido su absolución insistiendo en que no hay pruebas que vinculen a sus patrocinados con el mundo de la droga. De hecho se ha llegado a preguntar a quién se estaba juzgando, porque los posibles indicios se han vinculado únicamente a la persona que figura en busca y captura, no a los demás. Ha insistido en que el propio responsable de la investigación ha concluido que sus defendidos no fueron vinculados directamente con el mundo de la droga. Ha reseñado además que ninguno de los transportistas arrestados ha podido señalar a los acusados como miembros de la red que dieron coches o droga. La Defensa del otro acusado, el que fue detenido pasando la mercancía, ha pedido su absolución apuntando a que cuando se le arrestó era consumidor de sustancias de todo tipo además estaba marcado por unas serias dificultades económicas.
Policías locales de formación asistieron como público
Los funcionarios en prácticas de la Policía Local que superaron la fase de oposición libre comenzaban el pasado febrero el periodo formativo en el Cuerpo que se prolongará durante los próximos cinco meses. El Curso Selectivo de Formación consta en esta ocasión de una formación teórico-práctica de 700 horas, tras la petición de la Jefatura de la Policía Local de ampliar este periodo, al objeto de conseguir una mayor capacitación profesional en los futuros policías. Este miércoles han asistido como público a la celebración de esta vista judicial, atendiendo las indicaciones previas de la magistrada del Penal 1, Carmen Serván. Es por ello que la vista tuvo lugar en la Audiencia, de mayores dimensiones, para cumplir con los criterios sanitarios.