Juventud y participación

La Semana de la Juventud ha permitido conocer cuál es la ubicación que ocupa en la lista de prioridades del Gobierno las políticas de juventud y las y los jóvenes en general: en ultimísimo lugar. Tras la desaparición del Consejo de Juventud donde participó de forma determinante el Gobierno, el cierre de la Residencia de la Juventud por cuestiones evidentemente sospechosas y los caducos recursos que aporta el Gobierno a la Juventud ceutí, le sigue una crisis en las políticas de juventud -inexistentes a todas luces- llevadas a cabo desde el ejecutivo. Sin embargo, ello no sonroja nada a nuestros responsables políticos. Más allá de eso, osan a vanagloriarse de una Semana de la Juventud que ha pasado sin pena ni gloria. La más parca en actividades de las conocidas hasta la fecha, y la menos participada y respaldada por el tejido asociativo juvenil de la historia de Ceuta.
La participación a través de las diferentes formas de manifestaciones de grupos de intereses juveniles legítimos ha llegado a un punto de degradación de no retorno. El desapego que siente la juventud hacia lo público, sus representantes, y las diferentes formas de acción social, es más que preocupante. Y no les culpo a ellos. Es resultado de una mezcla de hastío, olvido institucional y ausencia de oportunidades. No se concibe a este colectivo como prioritario, y no por su peso demográfico, sino por su cada vez más mermada capacidad reivindicativa -anestesiada de forma interesada- que permite no temer a sus acciones, y en consecuencia, despreocuparse por sus demandas.
Es decir, en tanto en cuanto no supongan un problema de prioridad para el Gobierno, esto es, no suponer un peligro para sus cálculos electorales, simplemente no existirán.
Los movimientos contestatarios y espontáneos de los últimos años han estado protagonizados fundamentalmente por jóvenes, algo que no se reproduce de igual forma en nuestra ciudad. Incluso las redes sociales, que se han mostrado como la más novedosa forma de organización para la denuncia y movilización, han sido incapaces de despertar esa actitud crítica que caracteriza a la juventud. Afligidos por una tasa brutal de fracaso escolar y unas tasas de desempleo juvenil al nivel de países aún subdesarrollados, nuestros jóvenes tienen suficiente con intentar escapar de un futuro incierto y de un mundo plagado de injusticias donde, no el mejor preparado prosperará, sino aquel que en orden a su posición social y filiación política mejor situado se encuentre. No les culpo a ellos.
Me entristecen profundamente esas críticas generalizadas hacia las y los jóvenes de nuestra ciudad que se repiten periódicamente cuando se hacen públicos datos sobre la educación y el empleo: “es que los jóvenes no quieren trabajar” o “no quieren estudiar”. No es justo, ni se ajusta a la realidad.
Esos datos que les sitúan en los peores lugares de cualquier indicador social  son el resultado de nuestras desastrosas políticas. Sus fracasos son nuestros fracasos como agentes sociales, y permitir que no participen de la elaboración, implementación y canalización de nuestras acciones, es absolverles de cualquier sospecha de culpa.
En democracia se gobierna en nombre de la opinión pública. Quien cuenta sus demandas le da voz y rostro, y son los políticos quienes dicen representar esa opinión pública. Pero son precisamente ellos quienes la gestionan, reduciendo muchas veces la participación ciudadana al consumo de información y a votar. No permitamos esto, que no nos engañen. La participación es lo que permite mantener el debate social, lo contrario supone transformar nuestra presencia como colectivo específico con sus demandas concretas en una voz monocorde que no nos representa.
Ofrecer fórmulas de participación que garanticen que los jóvenes puedan generar la información necesaria para que se perciban sus intereses de modo que los gobernantes obren tal y como harían los gobernados si fuesen ellos mismos quienes ocupasen puestos de responsabilidad, sí es la labor del Gobierno. Y la ausencia de estos canales de participación, sí es culpa del Gobierno.