La Justicia vuelve a anular el nombramiento de los asesores del Gobierno y oposición

El Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta en sentencia notificada el lunes 18 de mayo, vuelve a dar la razón a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores en “la lucha incansable que lleva durante años contra la megalómana estructura que alrededor de su Gobierno ha ido creando el presidente Vivas con el consiguiente derroche de recursos del Capítulo 1 de los Presupuestos de la Ciudad, todo a ello a costa de los bolsillos de los contribuyentes”. Y es que vuelven a anular los decretos de nombramiento de los asesores, tanto del Gobierno como de la oposición.

Señala UGT que desde el año 2015 en el que Vivas “dio el gran salto cualitativo en el número de asesores aumentándolos de un tirón de 18 a 41 (veintitrés asesores más a costa del bolsillo de los contribuyentes, la FeSP-UGT ha ido presentando alegaciones, todas ellas rechazadas por el Gobierno lógicamente, y acudiendo al Contencioso, ganando sentencias que el señor Vivas como hábil trilero ha ido sorteando, como ha hecho en el caso de los viceconsejeros y hará cuando salga la sentencia sobre el desaforado número de directores generales”.

Están seguros de que recurrirá esta sentencia, aún a sabiendas “que el TSJA va a ratificarla, lo recurre con el dinero de todos los ciudadanos, como hizo con la anterior sentencia que ganó la UGT sobre su indemnización por residencia en la que de forma impúdica contrató a un abogado por quince mil euros para defender su propio bolsillo sin ruborizarse. Tardaremos dos años más en que llegue la sentencia del TSJA y si puede recurrirá en casación ante el Supremo, mientras los ciudadanos seguimos pagando las retribuciones de veintitrés asesores, que nunca serán devueltas”.

Se preguntan por qué se le permite todo esto. “¿Cómo es posible que durante dos décadas Vivas haya gobernado esta Ciudad sin secretario general, ni interventor? Las dos figuras básicas de cualquier administración autonómica o local, una para controlar la legalidad de las decisiones que se adopten y la otra para controlar las cuentas ¿Y por qué se ha tolerado que en todos los procedimientos judiciales por nombramientos indebidos haya ido haciendo piruetas judiciales para eludir la acción de la justicia? Llegando al punto de que el Tribunal Supremo en la sentencia de casación por el asunto de los viceconsejeros calificara sus maniobras como fraude de ley”.

Consideran urgente que intervenga la fiscalía en defensa del ciudadano para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y “todas las artimañas habidas y por haber para que los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente. Y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un Interventor y un Secretario General y desde luego que no sea elegido por el dedo del señor Vivas”.

En cualquier caso, desde la UGT, como ya anunciamos en su momento, estamos preparando una demanda, que próximamente se presentará ante el Juzgado de Instrucción correspondiente en evitación de que el Ejecutivo Local con su presidente a la cabeza siga con esta política de intentar esquivar a la Justicia a costa del bolsillo de los ciudadanos.