Usar el reto
tecnológico como un bastón en el que apoyarse. María Jesús Fraile, secretaria de Gobierno de la
Audiencia Nacional, ha hablado de las bondades de la digitalización de la jurisdicción española, una transformación que persigue una justicia pronta y de mayor calidad. Esta es la síntesis de la última ponencia de las
XIII Jornadas Jurídicas celebradas en Ceuta. Ha expuesto que esta puede resultar muy útil para juicios de gran envergadura con una gran cantidad de acusados y que, a su vez, supone un ahorro de trabajo para los juristas que les da más tiempo para otros casos o para su vida personal. Actualmente Fraile lleva a cabo proyectos en la Audiencia Nacional para alcanzar una mayor efectividad con el uso de instrumental tecnológico. Esta digitalización también puede evitar que sea “el esfuerzo personal el que supla la carencia de medios materiales”. Tiene sus ventajas, pero, también plantea ciertas dudas a resolver, sobre todo en seguridad y en todo lo contrario. Una de estas utilidades tecnológicas es el expediente digital. “Pensamos si este realmente contiene todo. A veces tenemos alguna duda de que algo se haya quedado fuera. Hay también que ver si desde el punto de vista de los magistrados o de los jueces estos van a presentar dificultades a la hora de identificar documentos o de trabajar con el sistema digital”, ha expresado. La evolución de las llamadas TICs van de la mano con la administración para modernizarla. “Estas permiten tratar, archivar y transmitir una serie de datos de una manera con coste muy reducido de una manera bastante ágil en una estructura y una organización como es la justicia española”, ha indicado.
Reto del presente
El desafío actual es averiguar cómo aprovecharse de las ventajas que ofrecen. Fraile ha mostrado como ejemplo los planes que se desarrollan dentro de la Audiencia Nacional, en concreto, “los que considero que son los de mayor beneficio, también de más complejidad”. Uno de ellos es el
expediente electrónico. Este organismo jurídico es pionero en su implantación en el año 2011. Comenzó con documentos administrativos y en el presente está incorporado en todas las áreas. “Es el único en España que tiene en todos sus juzgados, tribunales y todos sus servicios”, ha señalado. Asimismo, es el único con la política de ‘cero papeles públicos’. Esto quiere decir que todos los trámites son solo exclusivamente digitales. Ello suponía un traspaso en el que Fraile tenía que garantizar que este fuera íntegro. Todos estos informes, ya sea una demanda, una denuncia, un archivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad entre otros llegan a través de comunicaciones telemáticas y, tras esto, ya pasan a formar parte del sistema judicial.