Un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno del
presidente Vivas procedente de uno de los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, en este caso el número 1, y tras
otra denuncia presentada por la
FSP-UGT contra nombramientos de personas de confianza del equipo del jefe del Ejecutivo.
En este caso se estima en parte la
denuncia del sindicato contra los nombramientos de Manuel Sánchez, Víctor Ríos y Javier Celaya que son los directores generales de Recursos Humanos, Emergencias y Protección Civil y Educación y Cultura, respectivamente. Son las tres primeras sentencias que han salido, pero quedan pendientes algunas más que pusieron encima de la mesa los integrantes del sindicato.
En la sentencia del Juzgado se indica que en ningún momento por parte del Gobierno se ha justificado estos nombramientos y que tienen unos cometidos concretos que hagan visible la conveniencia de nombrarles, pero que tampoco queda motivado la idoneidad de los mismos para el nombramiento.
Sin embargo, hay otra serie de argumentos que quedan rechazados, entre los que se encuentran que no considera nulos los artículos que permiten estos nombramientos, la falta de negociación con los sindicatos o la falta de consignación presupuestaria.
Las razones que ofreció la Ciudad Autónoma en su defensa fue que eran cargos políticos y que el único control debe ser la competencia para la creación o el cumplimiento de los requisitos que el Reglamento se prevén para su titular. El propio Reglamento de la Asamblea establece que para los nombramientos de directores generales la exigencia es un decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero correspondiente y entre funcionarios de carrera de cualquier administración salvo una excepción.
Desde la UGT no descartan que la Ciudad Autónoma decida ahora recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para intentar dilatar que la sentencia sea firme.