Aurora Visiedo, experta en Derecho Urbanístico y técnico de la Administración General de la Ciudad adscrita a la Consejería de Fomento desde 2004, ha declarado esta semana en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta en relación con la gestión realizada por la Administración del proyecto de reforma de la
Gran Vía, Jáudenes y la Plaza de África, tramitado por la vía rápida y sin exposición pública.
Según las fuentes consultadas por este periódico, la jurídico ha defendido que si no hizo ninguna advertencia al respecto, como remarcó en sede judicial el técnico que avaló con su firma la evacuación exprés denunciada por Caballas, Jesús Gentil, fue porque efectivamente cree que se trata de una obra “ordinaria” que no precisaba, por tanto, de más trámites que los realizados.
El siguiente citado por el Juzgado es el arquitecto responsable del proyecto, Ángel Moreno, de Procesa, que también declarará como testigo y no como imputado (Gentil sí fue llamado en calidad de investigado), obligado por tanto a decir la verdad, igual que lo estaba Visiedo.
Para la Audiencia “no es posible excluir del relato de los hechos la responsabilidad penal o la existencia de delito, no solo de los responsables políticos a los que pudiera referirse sino de los funcionarios públicos que hubieran intervenido en la emisión de los correspondientes informes”.
Una colegiada del COACE se encargará de hacer la pericial
Una colegiada del Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta (COACE) ha sido designada para elaborar el informe pericial que se presume será clave para determinar si el ‘caso Gran Vía’ tiene recorrido o es archivado por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, al que la Audiencia Provincial mandó en noviembre instruir diligencias por si pudiera haberse cometido un presunto delito contra la Ordenación del Territorio en conexión con prevaricación y no limitarse al mero sobreseimiento de la denuncia de Caballas que ordenó en primera instancia. Tanto la Fiscalía como Caballas propusieron al Juzgado que solicitase un dictamen pericial al COACE, que hace año y medio pidió por escrito al Gobierno que sacase a exposición pública el proyecto “dada su incidencia en un ámbito urbano de especial relevancia” y para poder formular alegaciones.