La Autoridad Portuaria ha confirmado que se llevará a cabo el proceso de enajenación de la conocida como Junta Obras del
Puerto para que sean
viviendas sociales que puedan adquirir sus actuales moradores. Ya se han iniciado actuaciones previas, como la segunda tasación que vendría a reflejar el valor real de estos tres bloques de viviendas, teniendo en cuenta el estado actual y su antigüedad. El presidente del Puerto, Juan Manuel Doncel, explicó que cuando llegó al cargo se encontró sobre la mesa una tasación que era “susceptible de poder ser revisable”. Se refiere a la elaborada por la empresa tasadora Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), que desde un principio no convenció a los inquilinos, ya que supuestamente no se tuvo en cuenta la antigüedad y las deficiencias de las viviendas y se marcaron unas valoraciones imposibles de asumir por ellos en caso de ser enajenadas. Esta situación fue expuesta por el mismo Doncel al presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, quien quiso trasladar un “mensaje de tranquilidad” a los 64 vecinos que viven en este conjunto de viviendas. En un primero momento se ha comenzado con una actuación pendiente, cuya adjudicación de la externalización proyecto por 1.3 millones ya está en proceso de licitación, para efectuar trabajos de arreglos en la fachada e impermeabilización de cubierta. Paralelamente, durante este mes, Doncel mantendrá un encuentro con una nueva empresa para llevar a llevar a cabo la tasación de esas viviendas con los índices correctores de depreciación respecto al tiempo de esas viviendas -que tienen entre 60 y 70 años aproximadamente- y también teniendo en cuenta la singularidad y las condiciones socioeconómicas de los inquilinos de esas viviendas. “No podemos olvidar que la mayoría de ellos son hijos y nietos de trabajadores de la Autoridad Portuaria. Vamos a darle el tratamiento que merecen como una vivienda social y la máxima sensibilidad por parte de la Autoridad Portuaria”, expresó Doncel.
Chalets amparados en derecho
También bajo un mensaje de tranquilidad, Juan Manuel Doncel aseguró que la intención de la Autoridad Portuaria es ejecutar una actuación “amparada en derecho” en relación a los chalets del puerto. No negó que se trata de un tema “un poco delicado y complejo” al que hay que darle solución. Por ello buscan encontrarla de la manera “más consensuada posible” con todos los implicados en este ámbito. El presidente del Puerto adelanta que el próximo día 19 será llevado ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria la aprobación de la propuesta que ya se determinó en su día por este mismo órgano, agregando también dos tipos de informes: los elaborados por Puertos del Estado y los de la asesoría jurídica de Abogacía del Estado. “Hay que tener en cuenta que en esta actuación uno no puede actuar como elefante en cacharrería, tiene que actuar bajo el amparo de la norma y con todas las garantías para las personas que ahora mismo son moradores”, aclaró Doncel, insistiendo en que se va a buscar un solución en la que ni el Puerto ni los moradores salgan perjudicados. Explica que los informes aportados por Abogacía del Estado revelan que las personas que ahora son moradores tienen un título legítimo para poder estar habilitando esas viviendas, que son trabajadores de la Autoridad Portuaria, peor también reconoce que no puede ser una actuación al margen de lo que contempla ni el texto refundido en la ley de puertos ni de patrimonio de las administraciones públicas. Por ello incide en que hay que llevar a cabo una tasación de estas viviendas y actualizar la renta de los moradores que las habitan en caso de que sí sean trabajadores de la Autoridad Portuaria. “Hay que marcar una hoja de ruta, hay que ser respetuoso con los derechos de la gente que ahora habitan en esas viviendas, sin prisa pero sin pausa”, apostilló.