El expresidente del Puerto, José Torrado, ha defendido ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia de Cádiz en Ceuta que su gestión al frente de la Autoridad Portuaria y en concreto con el puerto deportivo fue siempre ajustada a la legalidad. Este martes se ha tenido que sentar en el banquillo de los acusados después de que, tras múltiples recursos, prosperara una denuncia de los usuarios de la dársena contra su persona. Y prosperara ocho años después, con unas dilaciones indebidas de libro y hasta tres archivos durante todo el procedimiento. Torrado, solo ante el peligro, se enfrentó a uno de los peores momentos ante una doble acusación, la representada por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular que le piden 5 y 6 años de cárcel respectivamente además de inhabilitación.
En su declaración Torrado manifestó en varias ocasiones tener el “pleno convencimiento” de que “las decisiones las he tomado siempre defendiendo el interés general” insistiendo además en que el Puerto, del que fue su presidente durante 20 años, ha perseguido siempre en sus gestiones una prestación adecuada del servicio. El asunto que le llevó a sentarse en el banquillo, ante un tribunal distinto al de la Sala de Ceuta ya que debía estar conformado por jueces que no hubieran intervenido en el proceso, versa sobre la gestión del deportivo después de que el CAS dejara su control, en diciembre de 2003.
El Puerto convocó hasta tres concursos distintos entre ese año y 2006 para que alguna empresa explotara la dársena, quedando los dos primeros desiertos hasta que se adjudicó a Mahersa al ser la única empresa que optó a esa explotación en el tercer intento. Debido a las quejas de los usuarios del deportivo por el aumento de las tarifas, el Puerto dictó una resolución que “nunca quiso favorecer” a esa empresa en concreto, dejó claro Torrado. El expresidente de la Autoridad declaró que siempre cumplió los objetivos por “imperativo legal”, tomando decisiones siempre amparadas en la Ley de Puertos, lamentando que se le quiera a estas alturas imputar un beneficio a Mahersa cuando los únicos beneficiados fueron los propios usuarios a los que no se les repercutió la subida de precios por la que habían protestado duramente, incluso con la exhibición de pancartas en los preludios de unas elecciones municipales, algo que molestaba y mucho al PP.
La presión social que se suscitó puso en peligro que pudiera permanecer el contrato en vigor, indicó Torrado. Y fue el hecho de que los usuarios pagaran menos tarifas que las reclamadas por Mahersa lo que llevó a que esta perdiera ingresos por lo que se dictó una resolución que venía a compensarla. Todas estas decisiones se hicieron con conocimiento del Consejo de Administración, no a espaldas del mismo.
En la sesión celebrada durante todo el día han declarado varios testigos, como el director del Puerto, César López, cuyas manifestaciones vinieron a clarificar la postura defendida por la Abogacía del Estado, encargada de defender los intereses de Torrado. Reconoció, como lo había hecho el expresidente, que hubo muchas quejas por la gestión de Mahersa por parte de los usuarios lo que llevó a dictar una resolución conocida por el Consejo, sin que Torrado actuara a espaldas de él por generar otros beneficios interesados.
También declaró el presidente de la asociación que ha terminado llevando a Torrado a los tribunales y lo hizo para hablar sobre el malestar que generó que Mahersa fuera adjudicataria del deportivo, recordando que antes, sin esta empresa, no tenían problemas. Sintió que tanto Torrado como “el alcalde” se habían reído de sus reclamaciones, así que harto de pegar en las puertas de la burocracia, terminó acudiendo a los juzgados, generándose un procedimiento que ha terminado, ocho años después, en este juicio.
Antes de su celebración se presentaron tres alegaciones por parte de la Abogacía del Estado que fueron resueltas por el tribunal, evitando de esta manera la suspensión de la vista. Se pretendió que la Asociación de Usuarios del Puerto, representada como Acusación en la vista, fuera excluida, al argumentarse que se había personado de manera indebida. La Sala no lo aceptó después de escuchar la intervención del letrado de esta entidad que recordó que la Abogacía había tenido ocho años para plantear una excepción que ahora era extemporánea.
De igual manera se consideró que la acusación de malversación era indebida. Algo también rechazado por la Sala que tuvo en cuenta un auto de la Audiencia que ya había resuelto este asunto. Además la Abogacía propuso una alegación de competencia, al considerar que es el Tribunal de Cuentas el que debería pronunciarse sobre asuntos relacionados con la responsabilidad civil y no la Audiencia. La Sala dejó la deliberación sobre este asunto en ejecución de sentencia.
¿De qué se le acusa en concreto a Torrado? De dos presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación por la reducción entre 2006 y 2012 del canon que debía abonar la empresa concesionaria de las instalaciones de la dársena deportiva, Mahersa. La Fiscalía considera que hubo un evidente perjuicio para la Administración Pública al omitirse “a sabiendas” los procedimientos que entiende que tendría que haber seguido, un periodo de información pública y posterior resolución del Consejo de Administración.
La Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo abrió la causa con una denuncia hace ocho años y ejerce la Acusación Particular, exponiendo que la Autoridad Portuaria adjudicó en febrero de 2006 a Mahersa como única licitadora la gestión del puerto deportivo de Ceuta tras dos concursos fallidos. Tres semanas después de hacerse cargo de la dársena con una concesión demanial para 30 años, los usuarios denunciaron que el nuevo cuadro tarifario propuesto por la adjudicataria contemplaba incrementos de un 30% cuando, según su criterio, las bases de la licitación impedían subir más de un 10%.
En julio Torrado dictó, según el relato fáctico de la Fiscalía, una limitación del incremento máximo del 13% de las tasas en la explotación, “modificando así el precio de la concesión”. En paralelo, acordó rebajar el canon de 415.172 a 157.236 euros. “De igual modo” procedió entre 2007 y 2012 “dictando resoluciones en las que se rebajaban las tasas anuales a satisfacer” y “acordando condonar parte del pago por unas deudas inexistentes”.
El Ministerio Fiscal insistió en su informe que se cumplieron todas las bases para sostener una acción delictiva, alterándose las condiciones del concurso sin estudios previos ni informes jurídicos. La resolución “fue arbitraria”. El Ministerio Público tildó la declaración del expresidente del Puerto de “amnésica” al no recordar muchos de los temas preguntados y denunció que su acción fue irregular, sin que pueda ampararse en una salvaguarda del interés general porque, en el fondo, se benefició a una empresa que además no cumplía algunos servicios a los que estaba obligado, despreciando por tanto ese interés y beneficiando a la concesionaria dejándose de ingresar “cantidades ingentes de dinero”.
La Acusación Particular, que representa a la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo, reclamó también sentencia condenatoria al existir una “voluntad decidida” de que Mahersa fuera la adjudicataria de la explotación de la dársena del puerto, por lo que se hizo un “pliego para ellos” que “luego se modificó”. Un pliego que era “insostenible” para las demás empresas que hubieran querido presentarse.
Denunció que existió una “acomodación de artículos” a lo que interesaba y que una vez se otorgó la concesión a Mahersa se empezaron a hacer modificaciones. Consideró que hubo delitos claros en la actuación de Torrado y que las resoluciones dictadas fueron contrarias a derecho. Mantuvo que se causó un perjuicio.
La Acusación Particular lamentó además que no estuviera en el banquillo de los acusados la empresa Mahersa, ya que fue “la beneficiada” de toda esta historia. Se defendió argumentando que no hubo tiempo material después de años de procedimiento en el que tuvieron que recurrir hasta contra tres autos de sobreseimiento. “No tuvimos aliento de la Fiscalía ni del juez instructor. No pudimos investigar más”, dijo, denunciando que en este caso la administración hizo “un traje a la medida”.
La Defensa de Torrado representada por la Abogacía del Estado mantuvo que toda la base indiciaria argumentada por la Fiscalía y por la Acusación Particular es “errónea” al partir de premisas que fallan porque no hubo resoluciones sin amparo legal ni se condonaron deudas inexistentes. Estas son que la concesión a Mahersa era ordinaria, que se modificó sustancialmente, que el presidente no tenía competencias para hacerlo, que adoptó resoluciones sin amparo legal, que se condonaron deudas y que la Autoridad Portuaria perdió dinero. Todo esto, dijo, es falso.
Insistió en que toda la actuación de Torrado fue siempre orientada a beneficiar al Puerto garantizando que la dársena tuviera una empresa que continuara la explotación, evitando que la misma fuera llevada a cabo por la Autoridad Portuaria lo que supuso un gran ahorro para la entidad.
Recordó cómo este caso tiene a sus espaldas tres archivos previos y que no ha sido hasta abril de 2018 cuando la Fiscalía ha cambiado “sorpresivamente” su escrito de acusación, creyendo que lo ha hecho porque la Audiencia le negó unas diligencias complementarias.
Pidió a la Sala que prevalezca el principio de presunción de inocencia al no haber pruebas que vinculen a su patrocinado con los delitos que se le imputan. Lamentó además que se haya trasladado al ámbito de lo penal una mera confrontación de unos usuarios que lo que querían era no pagar unas tarifas, enarbolando la pancarta del ‘todo gratis’. Denunció que este juicio es el final de 8 años de “suplicio judicial” para su defendido, y de “vejación pública”. Su teoría se sustentó en las declaraciones que prestaron como testigos, avalando a Torrado, diferentes cargos del Puerto, coincidentes en que la explotación por parte de Mahersa ayudó a mejorar la situación económica de la Autoridad.
En su derecho a la última palabra, el expresidente del Puerto insistió en que siempre defendió los intereses de la Autoridad Portuaria y que ninguna de las decisiones adoptadas fueron vinculadas a una supuesta trama para otorgar una concesión a una empresa en concr
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