El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dejado visto para sentencia el llamado ‘juicio de los notarios’, seguido contra B.G.U., trabajadora durante años en la notaría cuando era un local único en el que prestaban servicio tres profesionales de la ciudad.
Este juicio ha finalizado con la lectura de los informes de todas las partes, así como el derecho a la última palabra que rechazó la acusada.
El primero en comenzar con su informe ha sido el Ministerio Fiscal que ha solicitado una sentencia condenatoria ya que a su juicio han quedado acreditado los hechos.
Mantiene que la acusada, durante su relación laboral con la entidad Notarios de Ceuta SC, se apropió de diversas sumas de dinero entre el 1 de enero de 2016 y el 19 de enero de 2012, aprovechándose de la confianza que los notarios depositaron en ella.
Así, considera que queda probado que, mediante la manipulación del sistema informático Óptima, y ocultando los cobros en una carpeta denominada "facturas especiales", la acusada desvió cantidades por un valor estimado pericialmente en, como mínimo, 292.327,94 euros, sin que estos cobros fueran reflejados en la contabilidad oficial de la notaría, siendo incorporados a su patrimonio personal.
En cuanto a la declaración de la acusada, Fiscalía ha recalcado que, a pesar de su declaración exculpatoria, “consideramos que su intento de eludir responsabilidades carece de fundamento y credibilidad”.
Además, el Ministerio Público ha señalado al tribunal que la acusada ha variado “sustancialmente el contenido de lo declarado durante el plenario en comparación con sus manifestaciones ante el juez de instrucción”.
“Allí apuntó a que las causas del descuadre contable podían deberse a una triple causa: que otros compañeros pudieran haber cogido el dinero, que la caja se encontraba en un lugar accesible y el dinero podía haber sido sustraído por un tercero, así como al hecho de que los gastos de la notaría (correspondientes a libros jurídicos, taxis o limpiadora) se detraían de la caja que custodiaba”.
“Sin embargo, en su declaración ante este tribunal negó que el dinero pudiera faltar por algunas de dichas razones, aduciendo que, en su opinión, no faltaba ninguna cantidad porque todo se trata de un error contable y que el sistema informático podía haber fallado creando supuestos descuadres”.
Para el fiscal, no hay duda de que tiene que recaer una sentencia condenatoria porque “los testimonios testificales y la abundante prueba pericial han demostrado que tales afirmaciones son inconsistentes”.
De las declaraciones de los notarios, Fiscalía ha señalado que coincidieron en exponer que, al tener “delegadas en sus empleados” las funciones del programa informático, “desconocían” que existiera un apartado sobre facturas especiales hasta el 9 de enero de 2012, cuando descubren “el desfalco” a partir de la factura 1866 emitida a la constructora Al Andalus.
Sobre la actitud de la acusada el día que le comunicaron su despido y las razones del mismo, Fiscalía señala que los notarios coinciden en que “estaba tranquila y no aparentó sorpresa”, que el resto de empleados siguen trabajando en la notaría puesto que jamás “han dudado de su probidad” y que fueron indemnizados por Berkley Insurance salvo en la cuantía correspondiente a la franquicia.
“Especialmente significativa fue la anécdota contada por uno de los notarios, quien habiéndose destapado ya el asunto internamente, pero desconociéndolo la acusada, el 12 de enero de 2012 le preguntó por un billete de 500 euros que unos hermanos habían entregado por una provisión de fondos, billete que no se encontraba en la caja metálica sino en un sobre que la acusada tenía guardado y oculto en su puesto de trabajo”.
Los notarios confirmaron que se reunían una vez al mes para hacer las liquidaciones y comprobar las cuentas y lo hacían pidiendo el listado de facturas cobradas, las pendientes de cobro, hojas de caja, los extractos de los ingresos bancarios y el listado de gastos.
“Obviamente era imposible que detectaran el desfalco en esas reuniones mensuales toda vez que las propias hojas de caja estaban viciadas de origen ya que eran elaboradas por la persona responsable de las sustracciones de dinero, que omitía en las mismas incluir las cantidades apropiadas, y que no contaban con la información de las facturas especiales, que eran desconocidas por ellos mismos y el resto de empleados”.
Fiscalía ha querido destacar que no se puede dejar pasar por alto el contexto económico durante el cual se produjeron los hechos, eran los años del boom inmobiliario, había mucho volumen de trabajo en la notaría y las cantidades “apropiadas correspondientes a las 295 facturas especiales no representaban, en realidad, un porcentaje importante de las beneficios totales, lo cual unido a un exceso de confianza en la acusada y a la ausencia de mecanismos de control propició que el desfalco pudiera pasar desapercibido durante muchos años”.
“La acusada ideó dos sistemas para apropiarse de fondos: uno era no apuntar en la hoja de caja diaria las cantidades cobradas en metálico correspondientes a las provisiones de fondos y quedarse con el dinero, y la otra estaba relacionada con el cobro de cheques entregados en pago por las gestorías, en cuyo caso las asignaba a facturas abonadas en metálico quedándose con su importe, es decir, camuflaba facturas pagadas en metálico con otras abonadas mediante cheque, metiendo el importe de las mismas en el apartado especiales”.
En el mismo sentido, sobre las declaraciones de los restantes testigos y empleados de la notaría, Fiscalía ha afirmado que “corroboraron las declaraciones de los notarios, coincidiendo en la concreción de las funciones de la acusada, en que ella era la persona encargada de la caja y los cobros, en que gozaba de la confianza de los notarios y en el desconocimiento de la pestaña de facturas especiales”.
“Es más, preguntado a uno de los notarios sobre si existía alguna supervisión o control del libro de provisiones de fondos, manifestó que no existía porque ella gozaba de la máxima confianza y que piensa que la acusada se aprovechó de ello”.
“Los empleados de la notaría mencionaron que no accedían al programa Óptima con perfiles propios, sino que usaban una contraseña y usuario común para todos, y que dicho programa funcionaba de manera satisfactoria sin generar problemas”, ha detallado.
Particularmente revelador ha sido para el fiscal el testimonio de uno de los trabajadores, que, como representante sindical, estuvo presente en el momento de la notificación de la carta de despido a la acusada, quien no mostró actitud de sorpresa ni hizo ningún gesto, lo cual “sugiere que era consciente de las irregularidades que se le imputaban”, ha señalado.
Sobre la declaración de los peritos de la Acusación y Judicial, Fiscalía ha afirmado que dejaron “claros ejemplos” de que la acusada se “apropió del dinero”.
Por todo lo expuesto, Fiscalía entiende que se ha acreditado que “la acusada era la única responsable del registro de provisiones y el manejo de las hojas de caja diarias, y que las irregularidades detectadas se limitaron a las facturas exclusivamente gestionadas por ella. Además, el sistema informático no presentó errores que justificaran tales descuadres, como se ha detallado en el informe pericial”.
Habrá abusado de la confianza que los notarios tenían en ella para cometer actos delictivos en su propio beneficio. Su posición dentro de la notaría y el alto grado de libertad y confianza que le fueron otorgados fueron instrumentales para la realización de su plan ilícito. Este abuso de confianza no solo constituye un elemento clave en la comisión del delito de apropiación indebida, sino que también agrava su responsabilidad penal. La confianza es un pilar fundamental en las relaciones laborales y profesionales, especialmente en entornos que manejan asuntos de tanta relevancia legal y económica como una notaría”, ha finalizado.
La Acusación Particular se adhirió al informe del Ministerio Fiscal y habló de la alocución de Michael Ignatieff, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, señalando el ejemplo del zorro que el letrado ve semejante al “desfalco” de la acusada con los notarios.
“Se ha producido un ataque directo al patrimonio de los notarios. Empezamos a tirar del hilo y se ha acontecido un escándalo muy grande”.
La Acusación Particular ha seguido en la misma línea y ha puesto varios ejemplos de fábulas para aclarar lo sucedido en esta causa que ha sentado a una empleada de la notaría en el banquillo de los acusados.
Ha explicado que la dilación indebida “es inexistente”. “No ha prescrito porque no se ha cometido el delito fiscal. Pero aquí a quién estamos juzgando a los notarios o la empleada que se ha quedado con el dinero de ellos. Tuvimos prudencia para que esta causa siguiera adelante, ya que nos encontramos con un instructor de la causa que señalaba que era insoportable seguir sin avanzar después de tantos años”.
Asimismo, ha alabado el papel tanto del perito judicial como el de la Acusación Particular, criticando al de la Defensa porque solo “balbuceó sin aclarar nada”.
Sobre la acusada, esta parte ha explicado que solo ha tenido palabras de desvíos, pero no ha seguido una línea de defensa, “no ha mantenido una tesis”.
“Ha tenido tantas excusas que solo nos ha faltado que hoy viniera diciendo que nunca ha trabajado en esa notaría o que nunca ha llevado la caja”, ha ironizado el letrado.
Para terminar, el letrado de la Acusación Particular volvió a ironizar señalando que se reunieron 3 notarios y como no sabían cómo despedir a la empleada “se inventaron un desfalco de 292.000 euros”.
“¿Ustedes se piensan después de ver los 3 notarios que ellos son capaces de hacer todo esto para despedir una señora? ¿Esa tesis tiene lógica? Ellos actuaron como tenían que actuar y lo pusieron en conocimiento de las autoridades”.
El letrado de la Defensa ha señalado que las dos partes han hecho saber que hay una sentencia en el Juzgado de lo Social pero que eso “no tendría” por qué afectar en esta causa.
Se interesa una sentencia absolutoria, y si existiese una sentencia condenatoria tenía que aplicarse una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Se ha silenciado por las dos partes de la acusadora las trabas que ha puesto la Acusación Particular. “Hemos pedido hasta la saciedad que se pusieran encima de la mesa todas las pruebas”.
“En la causa hay 39 recursos, y multitud documentos para pedir testigos. De todo eso, se nos ha denegado hasta el 90%. En muchas ocasiones hemos tenido que hacer más trabajo de acusación que de defensa”.
“Nos hemos enfrentado a un Vía Crucis continuo para conseguir la documentación. Tenemos que dejar constancia hay una prueba admitida en instrucción y la acusación no ha consentido. Esta prueba era importante ya que se desmontaría el modus operandi, ya que era un testigo que señalaba que había 20 facturas especiales marcada un sábado después de que el viernes cesara un notario”.
El letrado de la Defensa ha seguido insistiendo con el atenuante de la reparación del daño ya que se pagó 40.000 euros y se puso constancia de los notarios. “No existe agravante que expone el Ministerio Público”.
Además, que ya por la aseguradora ha pagado ya 252.000 euros por lo que es “injusto” que los notarios soliciten los “292.000 euros”.
Sobre los hechos, la Defensa ha señalado que ha quedado acreditado que existían 3 cuentas. “Una cuenta profesional, de provisiones y una de cuentas”. “Aquí se ha hablado de cuentas globales, cuando en el de provisión hay ingresos profesionales y nadie ha aportado nada”.
Respecto a las facturas especiales, la Defensa critica que la Acusación tiene que demostrar, pero “no con suposiciones por qué aparece en las facturas especiales”. “Los ordenadores no tenían clave, pero la parte de contabilidad si tenían clave. Ahí no podía acceder la acusada”.
En ese dictado especiales, el letrado señala que qué sentido tiene que hubiera 15 con un importe de 0 euros. “Esas son condonadas, pero aparecían en las cobradas. ¿Cómo se cobra algo a 0 euros?”.
Además, ha señalado que hay 10 especiales en un tiempo en el que la acusada “no estaba trabajando”. “Llegaron a señalar que podría haber un colaborar, pero nadie lo acreditaba. También el perito de la Acusación que no había ni una factura especial cuando ella no estaba, y eso es mentira y así lo hemos acreditado con la documentación”
En la misma línea, ha hablado que existía un “gran descontrol” y que hay 65 facturas que no se puede acreditar de ninguna de las maneras. “No hay documentación de esas especiales, ni un solo papel”.
“Se nos acusado indefensión desde el principio con el modus operandi de la Acusación. Cuando no hay hoja de caja, de dónde se saca el dinero para que esos días haya ingresos en el banco”.
Asimismo, ha puesto encima de la mesa el caso de Al Andalus señalando que era “imposible” que la acusada hiciera ese día la hoja de caja cuando se encontraba en el hospital. “Estaba realizándose una operación quirúrgica y eso está acreditado ahí”.
También ha desconfiado de los listados, ya que hay 134 facturas de pendiente de cobro de los familiares tanto de los notarios como sus empleados. “Cómo puede estar un denunciante en pendiente de cobro de una hipoteca que ya tiene”.
“Otro ejemplo más sobre el descontrol, que está documentado, son casos objetivos. Cuando la acusada estaba de viaje o por baja de enfermedad: ¿Cómo puede haber 86 hojas de caja? Ya lo explicó la acusada que cuando volvía tenía que hacer todo aunque no existiera hojas de caja de algunos días”.
El letrado de la Defensa también ha mencionado “irregularidades” por parte de los notarios. “Por qué no se le puso una trampa a la acusada para pillarla in situ. No hay absolutamente nada”.
Defendiendo a la acusada, el letrado ha señalado que ella no era “la única” que tocaba la caja ya que también lo hacía otro compañero que lo admitió en esta Sala.
Sobre los peritos, la Defensa ha señalado que son peritajes “contaminados”. “El primer perito que estaba en la causa, ya fallecido, tenía trato personal con los denunciantes, así como el señor que declaró ayer de parte. Además, el perito actual ha ido mutando, cambiando su discurso según interesaba”.
Antes de quedar visto para sentencia, la acusada ha tenido derecho a la última palabra, pero señaló que “no quiero hacer uso de ella porque ya en mi declaración dejé todo claro”.
Así el tribunal tendrá que dictar sentencia en torno a este asunto para el que se han reservado varias jornadas de vista oral.
Mientras que la Defensa solicita la absolución, por parte de la Acusación se pide una pena de 3 años y medio de prisión, así como multa de 12 meses a razón de 12 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil se solicita una indemnización de 292.000 euros
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