La titular del
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ceuta que instruye las diligencias abiertas por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión a Marruecos en agosto del año pasado de 55
menores migrantes no acompañados ha rechazado citar como testigos al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, como había solicitado una de las imputadas,
la vicepresidenta Primera del Ejecutivo de la Ciudad, Mabel Deu (PP). La también consejera de Presidencia del Gobierno de Ceuta, denunciada junto a la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por devolver a los niños al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, justificó su petición en la necesidad de que Marlaska y Pérez explicasen “las gestiones, diplomáticas y/o administrativas, que se llevaron a cabo para dar cumplimiento al Acuerdo Internacional con
Marruecos” de 2007. A ojos de la instructora de la causa “tales gestiones no empecen ni sustituyen a los trámites administrativos previstos” en el Reglamento de la Ley de Extranjería a los que, según todas las instancias judiciales que se han pronunciado hasta ahora, se deberían haber ceñido las investigadas. “No se estima que su testimonio sea relevante para la instrucción de la causa sin perjuicio de que la parte pueda proponer la prueba si le conviniera, en su caso, en el juicio oral”, ha concluido la jueza en un auto a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro y en el que también rechaza el resto de testificales solicitadas la Fiscalía, Deu y una de las acusaciones particulares, la Red Española de Inmigración. Así, la jueza ha descartado intentar localizar a los cuatro funcionarios marroquíes que acudieron a una reunión con las autoridades españolas en la frontera del Tarajal días antes del inicio de las repatriaciones de menores, ya que al margen de que la Defensa de Deu no pudo aportar ni sus nombres, “su declaración en todo caso no se estima trascendente, al menos en esta fase sumarial, pues si se trata de dar cuenta del ingreso de los menores retornados en un centro público de protección y/o su reagrupamiento familiar es un hecho acaecido en territorio marroquí y con posterioridad a su intervención, que escapa a la capacidad de acción de las investigadas”. Tampoco será citado el presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, como reclamaba la Red de Inmigración, ya que hasta ahora no ha hallado ningún “indicio de criminalidad” para llamarle como investigado, la condición en la que debería declarar si se aceptase la tesis de esa acusación particular de que habría “participado” en la “concertación para delinquier” que se imputa a Mateos y Deu. La jueza ha escuchado hasta ahora declarar en calidad de investigadas a la exdelegada del Gobierno y la vicepresidenta del Ejecutivo de Ceuta. Como testigos han hecho lo mismo la jefa del Área de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo, que alertó en repetidas ocasiones por escrito y verbalmente de que la fórmula elegida para expulsar a los niños vulneraba la legislación nacional y los acuerdos internacionales; un inspector jefe de la Policía Nacional; una abogada del Estado y el secretario general de la Delegación.