El titular del
Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha rechazado la petición de los abogados de la
consejera de Hacienda en funciones, Kissy Chandiramani,
para retrasar su declaración como investigada, fijada para el jueves de la próxima semana, 15 de junio. El magistrado no ha aceptado el argumentario expuesto por la representación letrada de la miembro del Ejecutivo local, en el que se solicitaba más tiempo para estudiar la denuncia presentada contra ella por la exconsejera Susana Román, en la que le atribuye la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y estafa en su modalidad de fraude procesal por “faltar a la verdad” cinco veces en sus informaciones y declaraciones como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda recogidas en la instrucción del
'caso Emvicesa'. El magistrado que finalmente se declaró competente para esclarecer los hechos ha entendido que el asunto “presenta características que hacen presumir la posible existencia” de al menos el supuesto delito de falsedad, por lo que ha decidido practicar las diligencias esenciales “encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias” de lo denunciado por Román. Chandiramani ha defendido hasta ahora y cuando todavía no tenía conocimiento directo del contenido íntegro de la denuncia de Román que se limitó a “aportar toda la documentación que se requirió por parte de la autoridad judicial” y que su colaboración fue, “como no podía ser de otra manera, absolutamente leal teniendo en cuenta, además, que los hechos que se encausan se produjeron antes de que fuese nombrada gerente de Emvicesa”. A juicio de Vivas “es una denuncia presentada por una persona afectada por el ‘caso Emvicesa” que
“no tiene ningún fundamento porque la consejera de Hacienda, cuando se producen los hechos y adjudicaciones, ni estaba ni se la esperaba. Nada tiene que ver”. “Es un intento de manipulación relacionar a la consejera con el caso, ya que ni estaba ni se le esperaba”, ha censurado la actitud durante la campaña del PSOE con este asunto, uno, aunque no el único, que ha abierto una sima entre el PP y los socialistas para reeditar hasta 2027 su pacto de gobernabilidad de buena parte de la pasada legislatura.
Caso Emvicesa
Román sí cree que, voluntariamente o no, las aportaciones de Chandiramani a la instrucción del caso influyeron de forma determinante en su evolución, que llegará a juicio oral en octubre con más de 50 procesados para los que la Fiscalía pide un total de más de 250 años de prisión. De acuerdo con su denuncia trasladó “datos y documentos”, así como declaraciones, que incurrirían en “evidencias de falsedad de vital importancia”. Entre otras cosas la exconsejera considera que se identificó de forma “mendaz” a los miembros de la Comisión Local de la Vivienda (CLV) entre 2011 y 2015, que se atribuyó a dicho órgano una potestad “exclusiva” de adjudicación que no tenía, que se tildó de “imprescindible” hacer una baremación de solicitudes pese a que existían alternativas reguladas y que se obvió la existencia acreditada de compromisos heredados de promociones anteriores.