La acertada y justa decisión del plenillo de magistrados de la Audiencia Provincial de Cádiz de considerar que el petaqueo de gasolina pueda ser penado con hasta 8 años de prisión es una buena noticia no solo para las Fuerzas de Seguridad del Estado, también para una sociedad harta de ver cómo los colaboradores necesarios de los traficantes de droga no tenían reproche penal o que ese reproche era una simple sanción administrativa.
Las asociaciones de guardias civiles y sindicatos de policías hemos reclamado constantemente que estos colabores necesarios sean juzgados como lo que son y no como meros portadores de gasolina, bombas andantes ante cualquier incidencia indeseada. Sin embargo, como guardia civil cuesta trabajo concebir que una decisión del Plenillo de la Audiencia Provincial sea el arma para combatir a estos colaboradores necesarios y no una ley capaz de señalar claramente el camino de estas gasolineras andantes que proporcionan combustible y alimentos a los pilotos y moradores de unas narcolanchas que tanto sufrimiento, dolor y muerte han causado a la sociedad española.
El tráfico de drogas es un problema global que afecta a la salud y seguridad de las personas, pero también a la economía de los países. No es una cuestión baladí, si consideramos que se estima que la drogadicción cuesta a nuestro país alrededor de 10.000 millones de euros, sin valorar la violencia que genera, mientras unos pocos y sus colaboradores se hacen millonarios generando dolor a miles de familias que ven cómo sus hijos pierden la salud. Un dolor que se acrecienta cuando ven que los responsables viven una vida holgada.
Pero no solo debemos valorar esta actividad ilícita desde el punto de vista económico, también tiene un impacto en calidad democrática, porque el tráfico de droga está estrechamente relacionado con la corrupción, porque estas organizaciones no dudan en sobornar a funcionarios públicos en todas las esferas para lavar sus ganancias y conseguir poder económico y social.
Por esta razón los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado y los ciudadanos debemos agradecer, una vez más, el esfuerzo y preocupación constantes de nuestros jueces y fiscales en combatir estas organizaciones criminales que atacan, como decía, la salud de nuestros jóvenes y no tan jóvenes y también la salud democrática y económica de nuestros países.
Esta semana nuestros jueces han dado un paso más y la sociedad civil junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado debemos exigir a nuestros legisladores leyes eficaces y idóneas para desarmar a estas organizaciones.
Leyes y medios que impidan que las narcolanchas esperen en nuestros puertos la llegada de una mejor mar, sin poder ser intervenidas. Leyes que impidan que los ciudadanos se sientan avergonzados e inseguros viendo imágenes que abochornan a millones de españoles que trabajan honradamente para sacar a sus familias adelante.
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