La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), con representación en Ceuta, ha aplaudido la postura común de "blindaje policial" en ambos lados de la frontera de Ceuta que España y Marruecos están llevando a cabo para impedir una entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma tras un llamamiento en las redes sociales.
No obstante, ha reiterado su petición al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que reclame a Marruecos mayor colaboración en el control fronterizo y en la lucha contra las mafias que trafican con drogas y personas.
La asociación ha recordado en un comunicado que España tiene la "obligación constitucional" de proteger las fronteras del país y ha denunciado además la "falta de recursos y apoyo" que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En este contexto, Jucil ha puesto como ejemplo a países como Alemania, Italia, Polonia o Hungría, que han "adoptado políticas firmes para rechazar a los inmigrantes que no cumplen con los requisitos de entrada legal", insistiendo en que España "no puede quedarse atrás".
El comunicado de Jucil llega después de que la Delegación del Gobierno en Ceuta haya confirmado este domingo el "cierre intermitente" de la frontera del Tarajal ante el acercamiento de cientos de personas migrantes al perímetro fronterizo en Marruecos.
La decisión ha sido tomada en colaboración "absoluta" entre los gobiernos español y marroquí, que desde hace días colaboran para contener la migración irregular.
La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial después de que se activara una alarma ante la difusión de vídeos en redes sociales que incitaban a organizar una entrada masiva en la ciudad autónoma este domingo.
“El Gobierno tiene la obligación constitucional de defender nuestras fronteras, y en estos momentos, la entrada irregular de inmigrantes a través de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias sigue siendo un problema que no se ha resuelto adecuadamente, lo irregular no cabe en el Estado de Derecho", ha afirmado el secretario de Comunicación de JUCIL, Agustín Leal, quien precisa que, en los últimos meses, JUCIL ha denunciado en repetidas ocasiones la falta de una política clara y efectiva por parte del Ejecutivo en relación con la inmigración irregular.
"En países como Alemania, Italia, Polonia o Hungría ya han adoptado políticas firmes para rechazar a los inmigrantes que no cumplen con los requisitos de entrada legal. España no puede quedarse atrás, especialmente cuando nuestras fronteras son las puertas de entrada a la Unión Europea", indicó Leal.
Asimismo, recordó las recientes palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunciadas durante su visita a países africanos: "La migración no es un problema, sino una necesidad que implica ciertos problemas. La migración ordenada nos conviene a todos, porque ayuda a frenar el uso de la migración irregular como pretexto para el odio". Sánchez también destacó la importancia de la colaboración con países de origen y tránsito para combatir a las mafias que explotan a los migrantes.
JUCIL ha planteado en repetidas ocasiones medidas concretas para reforzar el control de la frontera sur de Europa, especialmente en las ciudades de Ceuta y Melilla, así como en las costas que reciben a las pateras que llegan desde África. Entre las principales propuestas se encuentran: un mayor número de efectivos para la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en estas zonas, el incremento de medios tecnológicos como cámaras de vigilancia, drones y sensores, y una mayor colaboración con las autoridades de Marruecos y otros países del norte de África para interceptar las redes de tráfico de personas, controladas por mafias que se lucran con el sufrimiento de los migrantes.
La situación en Ceuta y Canarias no es nueva, pero está empeorando ante la falta de soluciones efectivas por parte del Gobierno. "No podemos permitir que las mafias sigan controlando el flujo de inmigrantes hacia España. La seguridad de nuestras fronteras es un tema de Estado, y su control debe estar garantizado por quienes tienen la obligación constitucional de hacerlo", asegura Agustín Leal.
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