El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha notificado una nueva modificación de su registro de propiedades e intereses, la segunda en lo que va de legislatura, para dar cuenta de la venta de la propiedad inmobiliaria que heredó junto a sus hermanas y que ponía en tela de juicio que pudiese votar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El presidente era titular de una tercera parte de un local ubicado en el número 114 del Paseo de la Marina Española “junto con otras propiedades inmobiliarias en dicha dirección” y este verano ha transmitido el ciado local de negocio “por un importe de 50.000 euros”, cantidad que ha destinado casi en su totalidad a “la realización de un préstamo” a uno de sus hijos.
El líder del Ejecutivo local ya había modificado su declaración de intereses hace dos años para dejar constancia de la adquisición por parte de su esposa de una vivienda en Fuengirola.
En mayo del año pasado Vivas aseveró en declaraciones a los medios que se sometería al veredicto de los informes jurídicos que había pedido para saber si tendrá que abstenerse en la votación de la aprobación provisional de todo el PGOU o solo de la alegación que afecta al planeamiento de la zona de Las Balsas, donde se ubica la propiedad heredada compartida con sus dos hermanas.
“He pedido informes tanto a los Servicios Jurídicos de la Ciudad como al Ministerio de Fomento y haré lo que me digan para obrar con absoluta legalidad y transparencia, como hasta ahora”, indicó el líder del Ejecutivo local, que aseguró que se enteró de rebote de que el inmueble del que posee un 33% estaba afectado por los planes urbanísticos para proteger el Conjunto de La Almina y abrir un nuevo vial desde Cortadura del Valle hacia La Marina.
“La propiedad”, dejó claro el presidente frente a cualquier duda, “está declarada y es transparente y puede ser rotundo y categórico, con el consejero de Fomento y los técnicos como testigos, en el sentido de que no he tenido la más mínima intervención para darle un trato u otro a la misma porque ni siquiera sabía que estaba afectada hasta que un familiar me advirtió en el plazo de información pública de que se iba a presentar una alegación”.
El PP intensificó la búsqueda de apoyos externos a sus filas para el nuevo PGOU tras saber las pegas que podría tener el presidente para votar el documento íntegro o parte de él. Una de las condiciones que ponían los Populares para llegar a acuerdos con grupos de la oposición era que no se exigiesen cambios sustanciales para no demorar el proceso, que sigue empantanado y sin fecha fija de finalización. Al final, según fuentes de la Asamblea, se cerró un acuerdo con Ciudadanos, cuyo apoyo, si Vivas pudiese votar sin problemas una vez vendida la propiedad, ya no sería imprescindible para contar con la mayoría necesaria en el Pleno.
El Colegio Oficial de Arquitectos denunció en su informe de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un “injustificado” aumento de la edificabilidad en la zona de las Balsas, junto al Hospital de Cruz Roja, que se justifica según los técnicos por la necesidad de buscar fórmulas de compensación que eviten la expropiación..
El propio Vivas explicó a los medios de comunicación que el referido incremento de la edificabilidad previsto se extiende a toda la zona centro y que en el caso de Las Balsas se explicaba como una forma de compensar a los propietarios por la expropiación sin generar carga presupuestaria para la Administración. “Parece que como en materia urbanística cada parte afecta al conjunto las alegaciones se tratan en conjunto pero haré lo que digan los informes”, resumió en respuesta a los periodistas.
Vivas también rechazó el año pasado que hubiese reforzado la búsqueda de “apoyo” a la oposición por este contratiempo. “Esperamos que el PGOU salga con el mayor respaldo político posible pero no por esta contingencia sino porque se trata de un instrumento con recorrido a medio y largo plazo y cuanto mayor consenso tenga, mejor para su estabilidad y su repercusión sobre las inversiones y el desarrollo de la ciudad”, recordó el líder del Ejecutivo autonómico.
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