El presidente del
Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha valorado este jueves los acuerdos alcanzados por el
PSOE con
Junts per Catalunya a cambio de su abstención para salvar los decretos anticrisis y 'ómnibus', que desde su punto de vista son especialmente graves en lo tocante a la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat, ya que “ponen en riesgo, si no quiebran, la unidad de acción en un asunto que debe ser de Estado”. En un comunicado,
el líder del Ejecutivo local ha advertido que “resulta especialmente preocupante lo acordado en materia de inmigración por cuanto que ello puede
poner en riesgo, si no quebrar, la unidad de acción en un asunto que, por razones obvias, y Ceuta es una buena muestra, debe ser de Estado y en el marco de una política común europea”. La vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, ha asegurado que el acuerdo con Junts
sobre inmigración será una transferencia de competencias a Cataluña, pero que la titularidad seguirá siendo estatal. La norma se tramitará como una ley orgánica y habrá que pactarla “con el resto de grupos parlamentarios”.
Sobre el resto de pactos cerrados por los socialistas con los independentistas de Puigdemont
Vivas también se ha referido al resto de pactos cerrados por los socialistas con los independentistas de Puigdemont, que a su juicio constituyen “una grave vulneración de los principios constitucionales de igualdad entre todos los españoles, y de solidaridad en beneficio de la cohesión territorial”. Los de Pedro Sánchez se han comprometido a la publicación inmediata de las balanzas fiscales, a suprimir el artículo 43bis de la ley de Enjuiciamiento Civil que ponía en peligro la amnistía y a que el aceite pase a ser alimento esencial, con un IVA del 0%. De forma adicional, el Estado también asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y las bonificaciones del precio del transporte público. Igualmente el PSOE ha aceptado reconocer “derechos históricos de Cataluña” en materia de régimen local y multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de Justicia (pasan de 1,2 millones de euros a 6,2 millones).
El presidente de Ceuta considera que todas estas cuestiones “deberían ser abordadas de manera urgente e inaplazable en el seno de una Conferencia de Presidentes” que se convoque a tal efecto.