La magistrada María Tardón, que ha asumido la investigación tras las avalanchas mortales ocurridas en Ceuta, ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes desde Marruecos.
Igualmente solicita a numerosos organismos policiales y miliares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar
En un auto notificado este miércoles, la magistrada cita a Vivas para el 30 de septiembre y al exjefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo a quien era jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega.
Para Tardón estas primeras testificales que solicita son, en este momento procesal, de interés. De hecho, los considera prioritarios.
Petición de múltiples diligencias
En su auto, Tardón acuerda la práctica de múltiples diligencias, a instancias de la Fiscalía, entre ellas, librar a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal, de la Comisaría General de Policía Judicial, para que procedan al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores incorporadas a los anexos del informe policial y lo remitan al órgano judicial.
Tardón se ha puesto a trabajar a velocidad de crucero para esclarecer todo lo que ha pasado en Ceuta.
También requiere a las direcciones de Policía y Guardia Civil para que elaboren un informe cuyo objeto sea el de precisar, en la medida de lo posible, la identidad, el cuerpo policial de pertenencia, unidad operativa, empleo o graduación, funciones desarrolladas y actuación observada de los efectivos que aparecen reflejados en las imágenes y grabaciones incorporadas a la causa y reconstruir la cadena de mando operativa presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.
Además, solicita a distintos organismos, entre ellos Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, CEFRONT, a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para que aporten “cuantas alertas y/o análisis de riesgos pudieran haber emitido en relación con estos hechos, y en caso positivo los destinatarios de estos, y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar”.
Imágenes satelitales, también de Marruecos y el Trampolín, además de una pieza secreta sobre redes
Igualmente solicita al EMAD que aporte al órgano judicial cuantas imágenes satelitales disponga de la horquilla temporal comprendida entre las 00:00 horas del día 20 de julio y las 23:59 horas del día 7 de agosto de 2026, de la Playa de Fnideq (Marruecos) colindante con la zona fronteriza española y la playa de El Trampolín (Ceuta).
En su auto, la juez acuerda abrir una pieza separada de investigación tecnológica, que tendrá naturaleza secreta, para lo que cual pide asistencia judicial a las compañías Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación, interesando que procedan a la conservación inmediata y posterior remisión de los datos de registro de las cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria, direcciones IP, dispositivos empleados, números de teléfono asociados, correos electrónicos vinculados, historial de conexiones y contenido de grupos, canales y perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026.
En este sentido y con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, solicita al Centro de Inmigración y Fronteras CENIF que aporte el informe íntegro sobre la organización digital mencionado en el informe principal, la relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes, los identificadores utilizados en Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada, los datos técnicos de geolocalización, horarios de conexión y trazabilidad digital obtenidos respecto de dichos perfiles.
Identificación de dinamizadores y organizadores
La instructora indica que todas las diligencias son pertinentes porque inciden en aspectos expresamente destacados en la resolución judicial: la actividad desarrollada en redes sociales, la identificación de dinamizadores y organizadores, la eventual existencia de estructuras criminales, la determinación de los responsables de la planificación y dirección estratégica de los hechos, la investigación de los fallecimientos producidos y el análisis de las actuaciones desarrolladas antes, durante y después de la entrada masiva.
“Su utilidad resulta igualmente evidente, pues cada diligencia persigue acreditar un extremo concreto de la investigación. Las diligencias relativas a comunicaciones digitales pretenden identificar a los promotores y coordinadores; las diligencias biométricas y audiovisuales buscan la identificación de los participantes en los niveles superiores de organización; las relativas a financiación pretenden esclarecer los mecanismos de apoyo material; las relacionadas con los fallecimientos buscan determinar las circunstancias concretas de las muertes investigadas; y las declaraciones testificales permitirán reconstruir el desarrollo operativo de los acontecimientos”.
Financiación de estos movimientos
La resolución también acuerda requerir informes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central), de Policía Nacional y a la Unidad Central Operativa-UCO de Guardia Civil para que realicen informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada.
Dicho informe, señala, deberá analizar movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencia de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.
La magistrada indica que una vez se aporten al órgano judicial la totalidad de grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos, material de drones, grabaciones de cámaras de vigilancia y cualquier otro material audiovisual obtenido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026 referidas, deberá procederse a la elaboración de un informe pericial audiovisual único que permita reconstruir cronológicamente los acontecimientos, identificar participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos.
Lo que dice el auto en estas primeras citaciones
La magistrada Tardón investiga lo ocurrido con la entrada masiva de inmigrantes y ya ha dictado las primeras citaciones en la persona del presidente de la Ciudad y del exjefe de Gabinete, además de quien ha sido hasta ahora responsable de la Policía Local.
Sobre la mesa hay varios asuntos que analizar, desde la actividad desarrollada en redes sociales, hasta la identificación de los promotores, hasta la posible estructura delictiva o criminal que pudo estar detrás de este masivo movimiento de personas.
También se quiere analizar todo lo relacionado a los fallecimientos que se produjeron. Cada una de las diligencias solicitada por Tardón quiere acreditar las investigaciones iniciadas. Todas “superan el juicio de proporcionalidad”, recoge Tardón en el auto al que ha tenido acceso El Faro.
“La gravedad de los hechos investigados, la magnitud de la movilización producida, la posible comisión de los delitos indicados en el auto de aceptación de competencia y apertura de actuaciones, la existencia de ochenta y tres fallecidos asociados a los hechos y la incidencia apreciada judicialmente sobre intereses esenciales del Estado justifican plenamente la adopción de las medidas interesadas”, expone.
La clave de esto esta radica, primero, en identificar el origen de la convocatoria, reconstruir todo el proceso de difusión y coordinación, determinar si hubo una dirección, la relación de todos los teléfonos asociados a las cuentas, horarios de conexión o trazabilidad digital.
Comisiones rogatorias
Se girarán Comisiones Rogatorias Internaciones y Órdenes Europeas de Investigación a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación, interesando la conservación de datos de registro de las cuentas, empleados, números asociados, canales y perfiles empleados entre el 1 de julio y el 15 de agosto.
Se quiere conocer todas las alertas que se recibieron, así como los análisis de riesgos, destinatarios y el medio empleado. Y les son pedidas a los mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, pero también se solicita información al director del CETI para conocer las comunicaciones que pudo recibir el centro, además de conocer la ocupación que ha tenido en los meses de julio y agosto.
La magistrada ha pedido cuantiosos informes, también sobre las fugas de inmigrantes a la Península una vez producida la entrada masiva, con datos actualizados sobre los que ya se tenía. Quiere datos de embarcaciones y de lugares en donde pudieron estar escondidos.
Tardón también quiere saber las similitudes existentes entre la entrada masiva de este año y las ocurridas en 2021 y 2024, así como disponer de todas las alertas que recibieron todos: desde los responsables de Policía, Guardia Civil, hasta el delegado del Gobierno o el ministro del Interior.
Quiere saberlo de los días de las avalanchas y previamente, puntualizando si se recogen días y horas. También, sobre los fallecimientos, Tardón quiere conocer el informe pericial que determine las causas y la posible intervención de terceros en la muerte.
Colaboración con la Justicia
Sobre la investigación judicial abierta en relación con las circunstancias previas a la llegada masiva de inmigrantes, Torres defendió la colaboración con la Justicia. La Audiencia Nacional ha solicitado documentación y ha citado como testigos al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y al exjefe del Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz.
Torres sostuvo que no deben prejuzgarse los hechos y recordó que anteriormente se habían producido alertas y avisos sobre posibles entradas masivas que finalmente no se materializaron en la misma magnitud. Ante la investigación, aseguró que el Gobierno facilitará la documentación requerida y colaborará con las diligencias.
El ministro rechazó asimismo las interpretaciones que, a su juicio, puedan deformar los hechos y afirmó que el Ejecutivo está concentrado en recuperar la normalidad en Ceuta, al tiempo que mantiene el despliegue de recursos para tramitar los expedientes y gestionar la situación migratoria.
Gracias a Dios que ha tocado el corazón de esta jueza para sacar todo a la luz para que finalmente pague quien tenga que pagar con la justicia.
Este comentario es para activar a los residentes en Ceuta. Proponer una idea de recogida de comida, agua, medicamentos, etc. Y por que no colchones en buen estado para quiénes trabajan allí. Si se hizo con los que sufrieron las consecuencias de la DANA, porqué en Ceuta no, ¿verdad?
Evidentemente, se necesita de alguien de la zona que pueda organizar y recibir el posible material para repartirlo entre las personas residentes en Ceuta, sin olvidarse de los que están trabajando en el terreno de manera excepcional.
Saludos.
De momento sabemos quien tiene las competencias en el tema de Menores y cuál es la “Única” fórmula para repatriarlos.
Ahora si empieza la normalidad
Muy biennnn!!!! Bravo😀👍👍👍👍👍