Una empresa local, fundada al efecto, ha restablecido hace unos meses una línea regular de transporte de viajeros por helicóptero entre nuestra Ciudad y la península (Algeciras y Málaga). Es la única que existe en España de estas características. No es extraño. El helicóptero, por su reducida capacidad y elevado coste, es por definición antieconómico para el desarrollo de esta actividad. Sus condiciones se adecuan mejor a servicios de naturaleza excepcional (emergencias) o específica (defensa, seguridad o sanidad). Esto no es una hipótesis, sino un hecho probado. Un proyecto similar, gestionado por una de las empresas más potentes del sector, ya se saldó con el correspondiente fracaso y el cierre de la línea.
En un principio, este nuevo intento, se debe considerar como una iniciativa digna de aplauso, reconocimiento y apoyo. Toda inversión en Ceuta, en estos momentos, se hace acreedora a estos elogios de manera indubitada. Ojalá consigan derrotar a la lógica y rentabilizar de manera estable y duradera el negocio. Pero hay muy poco margen para el optimismo. Es muy difícil luchar contra la tabla de multiplicar. Es ilusorio pensar que esta empresa pueda mejorar sustancialmente su cuenta de explotación respecto a su predecesora.
Este hecho es el que convierte la subvención municipal en una pieza clave del proyecto empresarial. Sólo una aportación pública puede equilibrar las cuentas. Partiendo de la base de que “mejorar la conexión de Ceuta con la península” puede concebirse (con razón) como un principio universalmente aceptado en nuestra Ciudad, el terreno en el ámbito político está suficientemente abonado para justificar el gasto. Así piensa el Gobierno. Sin embargo este es un planteamiento en sí mismo incoherente y por tanto inaceptable. En primer lugar porque en economía no existen concepto abstractos sino que deben ir acompañados de cantidades. Y por otro lado, porque el término subvención debe ir anudado ineludiblemente a un interés de carácter general. Y es aquí donde se produce la controversia. El Gobierno ha tomado la decisión de inyectar trescientos veinticinco mil euros anuales en la empresa de los helicópteros. ¿A cambio de qué? “Cualquier otro intento de justificar el dispendio entra en el terreno del engaño. El Gobierno ha centrado su explicación en el fomento del turismo. Ridículo. El número máximo de turistas que puede transportar es insignificante” El único beneficio (este sí, indiscutible) que reporta la línea de helicópteros al conjunto de la ciudadanía es el efecto psicológico de saber que, “en un momento dado, ante una situación de urgencia o emergencia, y aunque pagando un precio desorbitado por ello, tengo una alternativa de transporte al barco más rápida”. ¿Se puede tasar esta percepción subjetiva en novecientos euros diarios? Parece fuera de la sensatez. Entre otros motivos porque la experiencia del último lustro (sin disfrutar de este servicio) nos muestra que ese factor psicológico no tiene un gran impacto en la población. Nadie lo ha echado mucho de menos.
Cualquier otro intento de justificar el dispendio entra en el terreno del engaño. El Gobierno ha centrado su explicación en el fomento del turismo. Ridículo. El número máximo de turistas que podría transportar a Ceuta un helicóptero es insignificante. Pero es que además, pensemos en el coste. Una pareja con dos hijos que se desplazara a Ceuta (y vuelta) desde Málaga, tendría que pagar mil doscientos euros. Si es de Algeciras, “sólo” quinientos. Evidentemente “hay gente para todo” (frase célebre), pero argumentar que este medio de transporte puede aportar un incremento perceptible de flujos turísticos, no es serio.
El usuario tipo de esta modalidad de transporte (muy eficaz pero excesivamente cara) está muy bien definido. Son personas que se mueven para “hacer gestiones” a ser posible en el mismo día (políticos, directivos de empresas, miembros de sindicatos u otras entidades…) cuyos billetes costean las instituciones u organizaciones a las que pertenecen. A esto se unen personas a las que, de manera muy esporádica y aislada les surge una necesidad imperiosa; o personas muy adineradas que no necesitan “hacer cuentas” (pero incluso estos prefieren viajar con su coche). Esta demanda alcanza para cinco personas por vuelo (noventa al día entre ida y vuelta) ¿Qué pinta el Gobierno de la Ciudad del paro y la pobreza sufragando parcialmente los desplazamientos de este colectivo selecto y elitista? Es casi imposible responder a esta pregunta sin sonrojarse. Son tan conscientes de ello que cuando se presentó un problema parecido con la anterior compañía, tomaron la decisión de apoyarla suscribiendo un convenio para pagar los viajes de los enfermos de cáncer que viajaban a recibir las sesiones de radioterapia. Nada que objetar. Todo lo que se invierta en esta finalidad está bien invertido. De hecho aquel acuerdo (que no se llegó a materializar porque la empresa se fue antes) contaba con la unanimidad de los grupos políticos y un amplísimo consenso social.
El argumento no puede ser “me faltan trescientos mil euros para cuadrar, que lo pongan los contribuyentes, sin que la Ciudad reciba nada a cambio”, entre otros motivos, porque en idénticas condiciones habría muchas empresas de la Ciudad, que se dedican a actividades interesantes o útiles a las que les asistiría el mismo derecho. Las subvenciones sólo se pueden conceder con suficiente y razonada justificación, con mesura y sentido del contexto social, y con la debida proporción entre el gasto y el interés social financiado. Vamos, como dice la ley.