El Istiqlal, el partido político con más raíces en la historia de Marruecos, apuesta por abrir la frontera a los marroquíes que trabajaban en Ceuta y Melilla hasta que el país vecino resolvió clausurar estos pasos fronterizos para contener el coronavirus.
El presidente del grupo Istiqlal, Noureddine Modiane, lamenta que “tras la decisión de cerrar las fronteras, estos trabajadores hayan vivido un calvario. Sin embargo, la solución es clara: abrir las fronteras, respetando las medidas sanitarias necesarias, solo para estas personas, para que encuentren su trabajo y disfruten de la compañía de sus familias. No puede ser de otra manera ”. Este partido político agregó, según recoge el diario L'Opinion, que habría que evitar "ser rígidos" sobre el cierre de las fronteras y tratar este expediente "de manera particular" ya que tiene repercusiones sociales y económicas "catastróficas", según Modiane.
Según Modiane, la complejidad del expediente radica en que involucra a los gobiernos de España y Marruecos, "que deben cooperar para que estas personas encuentren su trabajo".
Chakib Marouane, secretario general del sindicato de trabajadores marroquíes en Ceuta, habla en el mismo medio de comunicación de la "discriminación" que sufre esta categoría por parte del Gobierno español, "revelada" por la crisis sanitaria y que se prolonga "desde hace varios años". Marouane explica que, "Además de la Seguridad Social, se retira un impuesto del 24% de nuestro salario porque somos extranjeros, y hoy no recibimos ninguna ayuda del Gobierno español, a diferencia de todos los trabajadores de España. Estamos privados de nuestros derechos básicos".
Por otro lado, el secretario general del sindicato de trabajadores marroquíes en Ceuta deplora la "negligencia" del Gobierno marroquí. Chakib Marouane indica que, durante varios meses, el sindicato envió varias correspondencia al Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y marroquíes residentes en el exterior y a la Presidencia del Gobierno, "sin obtener una respuesta". Este representante del colectivo recuerda a las autoridades marroquíes que estos trabajadores aportan entradas de divisas a Marruecos. "Estas familias viven de préstamos para satisfacer sus necesidades básicas, pagar sus alquileres y poder garantizar la educación de sus hijos", lamenta.
En una entrevista en L'Opinion a Chakib Marouane, este portavoz explica que, "con el pretexto de que nuestros contratos laborales no nos permiten acceder a la residencia, el Gobierno español nos niega cualquier asistencia social, mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, había declarado al inicio de la pandemia que todos los empleados tienen derecho a la asistencia social durante el parto. Sin embargo, es nuestro derecho, ya que pagamos nuestros impuestos y cotizamos mensualmente a la Seguridad Social española. Es una situación deplorable, especialmente cuando observamos que Marruecos, con sus limitados medios, ha proporcionado asistencia social incluso a los trabajadores del sector informal".
Son cerca de 9.000 ciudadanos marroquíes, trabajadores transfronterizos en los enclaves de Ceuta y Melilia, los que se han visto afectados por el cierre de las fronteras. Desde hace ocho meses, permanecen atrapados en Marruecos sin poder llegar a su trabajo y, durante este tiempo, han perdido sus fuentes de ingresos. Están empleados por contrato, pagan sus impuestos, cotizan mensualmente a la Seguridad Social española y, sin embargo, no disfrutan de sus derechos.
Este asunto, que iba a ser discutido el lunes 9 de noviembre en el Parlamento, ha despertado un gran interés entre los diputados de Istiqlal, explica el presidenta del grupo Istiqlal: “Recibimos a estas personas que reclamaban sus derechos y hablamos de ellas en el Parlamento. Se trata de ciudadanos marroquíes que están viviendo una situación difícil y para los que el gobierno debe encontrar una solución urgente".
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