¿Seguridad o miedo?

Antes de desarrollar el contenido de este espacio, y teniendo en cuenta que pretendo expresar lo que pienso acerca de la polémica Unidad de Intervención Rápida local, quiero dejar claros un par de extremos: En primer lugar, que desde un punto de vista estrictamente político, la seguridad de la ciudadanía es un asunto muy importante y que no se cuestiona, de hecho, la policía es un cuerpo de seguridad al que se encomienda el mantenimiento del orden público y la seguridad de la ciudadanía.
En segundo lugar, que cualquier cuerpo o fuerza de seguridad, tiene entre sus medios de actuación el de utilizar la fuerza, pero siempre  como último recurso. Por tanto, el uso de la fuerza,  y en caso de no tener más remedio que hacerlo, debe ser en el mínimo grado, además de ser proporcionada al daño que se pretende evitar.
Todos sabemos que entre nuestra policía local hay gente muy profesional y gente que no lo es tanto, basándome no sólo en mi opinión, si no también en la de personas de distintos ámbitos, y por supuesto en la de los propios policías, algo que repercute en la imagen pública de la policía y en el concepto que de ella tienen los ciudadanos;  de esta imagen son responsables no sólo los policías sino también los responsables políticos que marcan las directrices de actuación.
La Unidad de Intervención Rápida ha estado rodeada de polémica desde que se creó, entre otras cosas porque no tiene ninguna fundamentación jurídica que avale y legitime su creación como tal; si a ello, le unimos los cientos de denuncias que se le han interpuesto por abuso de autoridad, lesiones, etcétera, el resultado es un malestar generalizado en cuanto a las intervenciones de la misma, la más reciente contra un empresario de 67 años. Igualmente, y a nivel económico, supone para las arcas públicas un plus económico de aproximadamente quinientos euros por formar parte de esa unidad para cada miembro de la misma y el elevado coste de su defensa en todos los procesos judiciales en los que se ven implicados, lo cual aumenta el mal concepto de esta unidad que tiene gran parte de la población.
Cabe destacar, que si las unidades que existen en la policía local no tienen una legitimación específica que las avale, se rigen, todas y cada una de ellas, por las funciones propias de la policía local, y que le vienen asignadas por la Ley orgánica de Fuerzas y cuerpos de seguridad, 2/1986, siendo nueve los extremos que contempla: proteger a las autoridades de corporaciones locales  y custodia de sus edificios o instalaciones, ordenar, señalar y dirigir el tráfico en el casco urbano, instruir atestados por accidentes de circulación, policía administrativa, participar en las funciones de policía judicial en la forma que se establezca, prestación de auxilio, efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, colaborar con los Cuerpos y Fuezas de seguridad del Estado y cooperar en la resolución de conflictos privados. No hay nada que avale ningún otro tipo de actuación y por tanto, cualquier extralimitación debe ser criticada.
Pero con independencia de la responsabilidad que tenga un agente de la autoridad, la responsabilidad mayor siempre recaerá sobre el político que lo avala. Son muchos los años que desde nuestra formación llevamos pidiendo la disolución de la UIR y la integración de sus miembros en las demás unidades que forman la policía local. También sería una opción la constitución de la policía de barrio que tanto se ha reivindicado por parte de la ciudadanía y por parte de la oposición política, pero este gobierno sigue prefiriendo mantener una unidad con la que más que aumentar la seguridad, aumenta la sensación de inseguridad y de miedo, unas sensaciones que muchos creíamos desterradas y que asociamos a formas impropias de la democracia.
Finalmente, decir que he intentado obtener más información a través de la página web local de la policía, pero lo único que he encontrado son informaciones del año 2005 y unas memorias de finales de los noventa, una muestra más de la flamante administración electrónica que se da desde el gobierno del partido popular.