¿Se empadronan ilegales en Ceuta?

Todo comenzó, en efecto, a primeros de este año en la ciudad catalana de Vic, cuando su Ayuntamiento, gobernado por CIU, se negó a empadronar a inmigrantes ilegales. Días después, el alcalde de Vic, Josep María Vila, dio marcha atrás ante la presión del Gobierno central. Desde entonces los municipios españoles se debaten entre empadronarlos o hacer caso omiso del Gobierno de Madrid.
¿Qué sucede con los inmigrantes ilegales, sobre todo marroquíes, que se han ido asentando en nuestra ciudad? ¿Se les está empadronando? Presumo que el gobierno municipal del Partido Popular habrá acatado la orden del Gobierno central y, por consiguiente, los estará empadronando. ¿De qué cifra podríamos estar hablando respecto de los que ya han sido empadronados? ¿Doscientos? ¿Trescientos?, ¿Cuatrocientos?, ¿Quinientos?, ¿Más todavía? ¿Cuántos en realidad? ¿Si algún vecino fuera a preguntarlo al Ayuntamiento se le daría tal información? ¿Le pondrían pegas? Haga la prueba, amable lector, vaya y pregunte, y así saldrá de dudas.
Los que no quieren coger el rábano por las hojas, entre ellos los socialistas que nos gobiernan, manifiestan que tan sólo se trata de saber el número de personas que viven en los municipios españoles. Nada más. ¿Nada más? Veamos. Los inmigrantes ilegales que han accedido a nuestro país han tomado la precaución de esconder sus documentos para que así no se sepa de dónde proceden y en esta tesitura no se les pueda devolver a sus países de origen. De entrada, mienten, engañan al personal, no son, pues, de fiar. Sólo los entregan en la oficina del Ayuntamiento de la ciudad en donde se empadronan. Y cuentan con la negativa de las autoridades municipales de enviar la relación a la Delegación del Gobierno para así impedir su expulsión. Estos inmigrantes ilegales que se empadronan no tienen derecho a realizar ningún trabajo remunerado –otra cosa es el trabajo sumergido–, no cuentan, pues, con ninguna clase de remuneración legal. Sólo tienen derecho a la asistencia médica, medicinas y escolarización, en todo caso, de los menores. De lo que no hay duda es que el empadronamiento es la puerta falsa para acceder a la residencia permanente y, por consiguiente, a la concesión de la nacionalidad.
En el caso de Ceuta, estos ilegales, en su gran mayoría procedentes de Marruecos, estarían siendo empadronados con derecho a todo lo relacionado más arriba –médicos, medicinas y escolarización de menores–. Supongo que el proceso deberá ser más o menos como sigue: se comprobará por la policía local, para ser dado de alta en el Padrón Municipal, que el individuo tiene un domicilio en nuestra ciudad y puede que se le advierta de sus derechos como ilegal empadronado y, asimismo, de que no tiene derecho a ejercer un trabajo remunerado por cuenta ajena –¿cómo podría pagar en ese caso la vivienda?–. Supongo, también, que la oficina correspondiente del Ayuntamiento dará debida notificación a la Delegación del Gobierno para que tome las medidas oportunas y, en su caso, proceda a su expulsión de la ciudad, del territorio nacional. ¿Los expulsa?
Hasta aquí el procedimiento a seguir. Ahora se podrían analizar las consecuencias que el empadronamiento de ilegales en nuestra ciudad podría acarrearnos. A nadie se le oculta que estos extranjeros empadronados en Ceuta podrían llegar a colapsar los servicios sanitarios del nuevo hospital de Loma Colmenar, si el número de ellos sigue aumentando exponencialmente. Y por ende la factura en medicinas aumentaría de manera muy considerable.
Asimismo, debido a la cercanía, no pocos de ellos podrían traerse a la ciudad a sus esposas y a su numerosa prole menor de edad. De esto se sigue que ciertas escuelas de los barrios en donde estos individuos se asentaran se verían, asimismo, colapsadas en sus niveles más bajos. Téngase en cuenta de que a estos inmigrantes ilegales no les asiste el derecho de tener un puesto de trabajo, por tanto, en teoría, deberían carecer de medios económicos procedentes de una fuente legal. Para resumir, nosotros, los ciudadanos ceutíes, deberíamos correr con todos esos gastos vía presupuesto. Usted pagaría la factura, amigo.
Pero esto no es todo. ¿Qué me dice, amable lector, de la ‘huella ecológica’ que un aumento brutal de población podría originar en nuestra ciudad? A esto la benemérita asociación ‘Septem Nostra’ aludió en un clarividente artículo publicado en este diario semanas atrás. La población ceutí ha alcanzado la temible cifra de los ¡ochenta mil habitantes! La marca que todas esas personas vamos a dejar durante nuestro cotidiano vivir en el entorno, en la naturaleza, en suma, en el medio ambiente, es lo que se ha dado en llamar ‘huella ecológica! ¡En una ciudad de veinte kilómetros cuadrados escasos! ¡Brutal! ¡Pavoroso!
Pero hay más. Este empadronamiento de ilegales marroquíes supone, en realidad, una invasión, más o menos encubierta, que de algún modo las autoridades marroquíes alientan, estimulan. No creo que sea preciso, amable e inteligente lector, que deduzca el corolario de esta invasión de marroquíes. Es lo que está pensando: marroquinizar e islamizar la ciudad de cara a unas reivindicaciones futuras. Qué duda cabe que se harán, en su día, esas reivindicaciones.
Para finalizar, la comisaria de Interior europea, Cecilia Malmströn, advirtió a España de que está obligada a evitar que nacionales de terceros países en situación irregular vivan en su territorio.
A este respecto, el 22 de diciembre de este año entrará en vigor la normativa a la que hace alusión la comisaria Malmströn. Para entonces habrá que expulsar al millón de ilegales que pululan por España o, caso contario, legalizarlos. Si legalizamos a esta tropa –como hizo Caldera–, la catástrofe que se podría producir en nuestra sociedad sería de las que hacen época.
¿Quién es el guapo que para el 22 de diciembre les dice a estos inmigrantes ilegales marroquíes empadronados en Ceuta, no expulsados, que cojan sus maletas, sus familias y se vayan al otro lado de la frontera, y que se olviden del servicio de atención médica, de las medicinas y de las escuelas de sus hijos? ¿Se imagina, amable lector, el escándalo que se armaría? ¿Se imagina a los sindicalistas vociferando por las calles?
Si todo lo relatado más arriba es susceptible de ser verosímil, ¿por qué, entonces, las denominadas ‘fuerzas vivas’ de Ceuta no se han empezado a movilizar o al menos a dar señales de preocupación en los periódicos de la ciudad? Una vez más el ceutí hace honor a su tipología de persona indolente, resignada, abúlica, indiferente, apática, en modo alguno comprometida, distanciada de los problemas que le atañen como ciudadano, y tan sólo es capaz de ‘engallarse’ en discusiones de café que a nada conducen.
Qué duda cabe que lo pagaremos caro. Incurrir en el pecado del silencio cuando se debiera protestar hace cómplices y cobardes a los hombres. Chou En Lai.