A falta de Jesús Simarro, que no piensa aparecer por Ceuta para declarar, la comparecencia del técnico contable Federico Cuenca se antoja “clave” a juicio de la coalición Caballas para esclarecer el meollo del ‘caso Urbaser’, que avanza con una Comisión de Investigación parlamentaria, por un lado, y en los Juzgados, por otro. Mañana termina el plazo para que los grupos políticos eleven al órgano que preside Adela Nieto las preguntas que desean trasladar a la quincena de políticos y al ex director general de Presupuestos del GIL a partir del miércoles de la próxima semana, 18 de septiembre, cuando comenzarán las declaraciones del técnico y de todos los consejeros y viceconsejeros por cuyas manos pasó el contrato de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos desde principios de la década pasada y hasta febrero de 2013. El primer grupo de la oposición en la Asamblea ha condensado en tres preguntas sus interrogantes para los comparecientes, que de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea tienen derecho a conocer con al menos tres días de antelación las interpelaciones de que serán objeto. A los responsables políticos, entre los que se cuenta con la presencia segura de Juan Vivas, Emilio Carreira y Gregorio García Castañeda, entre otros, Caballas quiere que se les pregunte “qué mecanismos aplicaban para comprobar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria”. La existencia de un presunto ‘descuadre’ entre los pagos realizados y los cobros debidos entre la Ciudad y Urbaser fue denunciada en primavera en un informe de Cuenca (encargado por el Gobierno, según el Ejecutivo; elaborado por iniciativa propia, asegura el PSOE). Casi dos años atrás, en 2011, Aróstegui ya había advertido a García Castañeda en el Pleno de que “estamos en un año de prorroga [del contrato de limpieza pública viaria con Urbaser] y por contrato el inmovilizado está amortizado, lo que significa pagado”. “¿Sabe usted que la empresa sigue manteniendo la misma facturación?", preguntó el de Caballas, “porque sería bueno responder a estas cosas. Yo he preguntado y las facturas son iguales, pero hace un año que estamos en prórroga”. “Esos camiones ya los ha pagado el Ayuntamiento”, resumió. A Federico Cuenca, “en su condición de miembro del Gobierno que elaboró y aprobó la modificación y prórroga del contrato”, el del GIL, la coalición quiere preguntarle si tiene conocimiento de “quién elaboró, revisó o comprobó el contenido de la prórroga en lo relativo a su dimensión económica” y “quién validó los precios unitarios, el tipo de interés de la financiación del inmovilizado, la cuantificación del capítulo de ‘Gastos generales”. Hasta el portavoz del Gobierno local, Emilio Carreira, no ha ocultado en público su sorpresa porque Cuenca no haya preferido, como el resto de técnicos de la Administración local citados por la oposición, dar su versión sobre este asunto por escrito. Al contrario, ha aceptado hacerlo verbalmente, como lo harán los políticos. Falta por saber si la empresa Urbaser enviará a algún responsable a dar su versión o si se limitará a defender sus reivindicaciones económicas (unos 10 millones de euros) en sede judicial.
Las claves
Conflicto judicial Urbaser llevó en primavera a los Juzgados varios pleitos reclamando unos 10 millones de euros al Ejecutivo local por distintos conceptos. En julio, el Gobierno concluyó que debe ser la empresa la que devuelva a las arcas municipales un total de 4,8 millones de euros. Comparecencias Aunque desde el primer momento, dado que es un asunto que está siendo investigando también por la Policía tras la denuncia a la Fiscalía del PSOE, el PP ha cuestionado la utilidad de la Comisión de Investigación parlamentaria, su mayoría no bloqueó su creación. El presidente Vivas también ha aceptado comparecer de forma extraordinaria ante el Pleno. Conclusiones Una vez que concluyan los trabajos de la Comisión, cada grupo elaborará sus conclusiones, que serán debatidas y votadas por la Corporación para aprobarlas por mayoría.
Un supuesto ‘descuadre’ de casi 5 millones
La Consejería de Economía, Hacienda y Recursos Humanos cerró en julio el expediente administrativo de la liquidación del contrato de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de la Ciudad con Urbaser cifrando en unos 4,8 millones el supuesto ‘descuadre’ total existente entre los pagos efectuados a la empresa y los cobros que debería haber percibido. Según los técnicos municipales, la ejecución del contrato se desvió en 1,3 millones por los meses de prórroga de la relación, en los que la amortización de la maquinaria ya estaba saldada, y 3,5 por la ‘sobreamortización’ incurrida durante el periodo de vigencia del mismo. El saldo total es un tercio de las cifras que llegó a manejar Federico Cuenca en sus dictámenes, en los que llegó a hablar de 14,3 millones de desfase.el faro Políticos y Cuenca declararán los días 18 y 26 de septiembre.