Categorías: Opinión

¿Quién fiscaliza a la Fiscalía?

Si lo tratado en el último Pleno de la Asamblea llegara a oídos de las autoridades marroquíes, presumo que  se partirían de la risa y se frotarían las manos viendo a una cuadrilla de Diputados enzarzados por no saber qué hacer con los menores marroquíes, los MENA. Pero lo más chusco es la postura, y el cinismo, del socialista J.A. Carracao, que sabiendo que este problema pertenece a instancias superiores al Gobierno local –Asuntos Exteriores–, se muestra “decepcionado” porque el Gobierno de Vivas se encuentra en un callejón sin encontrar una salida aceptable. Por su parte, la consejera Román es la única que ha puesto el foco en el lugar correcto al manifestar que es un problema “que lo es casi de Estado, muy complejo y con mil caras”. Supongo que cuando dijo lo de “las mil caras” estaría pensando en la cara dura de las autoridades marroquíes. El grupo ‘Caballas’, por su parte, no está a la altura de las circunstancias en este asunto, pues ni una sola vez ha citado a Marruecos y a sus inconfesables intenciones.
El problema correspondía haberlo solucionado a este gobierno y al anterior, y al próximo del partido popular, pues ya viene de lejos. Pero claro, los gobiernos españoles son débiles y timoratos a la hora de meter en cintura a las autoridades marroquíes. Muestra de ello, de nuestra debilidad a la hora de negociar, es la reunión que tuvo lugar en Barcelona, en octubre, en el marco de la XIII Reunión del Grupo de Trabajo Permanente Hispano–Marroquí sobre Inmigración. Como de costumbre fue un ‘diálogo de besugos’, pues el secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana, declaró que se había informado a la delegación alauita del nuevo Reglamento de Extranjería y “se ha hecho referencia” al tema de los menores no acompañados, en el que la necesidad de fortalecer la colaboración es clave. El resultado de “esa colaboración” es que Marruecos no acepta, no ya a los menores de Ceuta, sino a los que están a cogidos en la Península. “Se ha hecho referencia”, no se les ha obligado a llevárselos. Pues a esto se debería haber referido el compañero Carracao y no sentirse “decepcionado”.
Lo cierto es que en este asunto de los menores hay y ha habido trampa y es una burda artimaña de Marruecos, no sólo para sacudirse a unos cuantos ciudadanos suyos, sino que es otra manera de poner un pie en Ceuta y tratar de marroquinizarla, y con vistas, en un futuro, a apelar al Comité de Descolonización de la ONU. Y más todavía cuando a estos menores, al cumplir la mayoría de edad, no se les expulsa a su país de origen. Hemos leído que un menor, a punto de cumplir los 18, amenazó a los trabajadores pues quiere a toda costa la nacionalidad. Ya saben, blanco y en botella.  
Ya quedó reflejado meridianamente claro en El Faro del pasado domingo que no sólo han convertido la acogida en un internado gratis total en el extranjero, sino que el fin de todos ellos es conseguir la nacionalidad y, con el tiempo, agrupar a sus familiares más cercanos. Según un trabajador, los hay que llegan con sus pasaportes, lo que es el colmo de la desidia de las autoridades españolas competentes en la materia.
Insisto, estamos jugando con fuego respecto del futuro de Ceuta. Entre los MENA, los marroquíes que se instalan ilegalmente en nuestra ciudad, los marroquíes que se están empadronando con tan sólo presentar el pasaporte y un domicilio en Ceuta, los ceutíes que se casan con ciudadanos-as marroquíes, con lo que ello lleva aparejado, y, en fin, la ‘quinta columna’ promarroquí, que vive en Ceuta, parece que hemos elegido el suicidio como manera dulce de morir.
Y en estas estábamos cuando aparece el no menos controvertido José Chamizo, Defensor del Pueblo en Andalucía, y se deja caer con que “debemos atender a los desamparados”, que no aprovechemos “para endurecer la política sobre los menores inmigrantes que sí tienen necesidad de ser acogidos”. Este Chamizo no se debe dar cuenta de que les corresponde a las autoridades marroquíes acoger y buscar a los padres de esos menores, pues Marruecos es un país soberano en todos los aspectos, lo que sucede es que nosotros nos hemos arrogado unas pretensiones respecto de estos menores que en ningún modo nos corresponden, pues esto es meterse en un jardín ajeno.
Lo que merece capítulo aparte es la actuación de la Fiscalía de menores. Esta Fiscalía ha estado en este asunto ‘mirando a las nubes’, como Zapatero, cuando era y es de dominio público que esos niños tienen familia y que Marruecos ha tendido una burda tela de araña para marroquinizar sea como sea Ceuta con fines ilegítimos. No ha intervenido de oficio, sino que ha sido la AUGC la que la ‘ha bajado de las nubes’. Ahora viene con las prisas y da un plazo de dos meses. ¡Pues, qué bien! Esta Fiscalía debería comunicar a su superior, Conde Pumpido, y éste al Gobierno, las triquiñuelas que se traen entre manos las autoridades marroquíes. Así de claro.

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