El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó ayer visto para sentencia el juicio con el que, casi siete años después, se intenta aclarar si tres agentes de la UIR incurrieron en un delito de detención ilegal al llevarse detenido y engrilletado al jefe de servicio de la Policía Portuaria. O, vista la historia desde el otro prisma, si el jefe policial del Puerto es autor de un atentado por intentar acometer a otro agente de esta unidad de la Policía Local tras haber dispuesto un control en zona portuaria en plena fase crítica de la OPE.
Las penas que se le piden a cada uno son importantes. El letrado de la Defensa del policía portuario pide 6 años de prisión para los agentes de la UIR, además de inhabilitación por un tiempo de 12 y 6 años, al considerar que habrían incurrido en una detención ilegal, amén de un delito de falsedad en documento público. A todo ello añade una falta de lesiones. Por contra, el abogado de los agentes de la UIR pide tres años de prisión por atentado para el jefe portuario. Y en medio de visiones tan radicalmente opuestas figura la representante del Ministerio Fiscal, que reduce tan mediático enfrentamiento a la existencia de dos faltas, una de respeto y otra de lesiones; una para cada ‘bando’ policial.
Ayer, segunda y última sesión de juicio, las distintas partes expusieron ante la Sala la visión que, cada una, tiene de lo que pudo suceder realmente la noche del 5 de septiembre de 2007.
A ojos de la Fiscalía ni existió detención ilegal por parte de unos, ni atentado por parte de otro. Aquella noche lo ideal hubiera sido “una colaboración” entre ambos Cuerpos, pero la jornada se cerró con un caos de tráfico sin igual y con un jefe portuario de uniforme, engrilletado y trasladado a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.
¿Quién dice la verdad en toda esta historia, la Policía Local o la del Puerto? Para la representante del Ministerio Público, la versión del jefe portuario que denunció haber sido lesionado y detenido de forma ilegal no resulta creíble, ni se cumplen los requisitos para enervar la presunción de inocencia que prevalece sobre los policías de la UIR. La Fiscal llegó a calificar de “cómico y ridículo” algunos de los pasajes narrados durante el juicio oral de cómo se habrían producido los hechos y criticó la falta de coincidencias esenciales en las distintas declaraciones oídas en Sala de agentes que supuestamente vieron lo mismo. Insistió en que la detención realizada por la UIR estuvo “plenamente justificada”, por lo que entendió que, a lo sumo, el caso enjuiciado presentaba la existencia de una falta de respeto, en la que habría incurrido el jefe portuario, y otra de lesiones, en la que habrían incurrido los policías.
La visión del Ministerio Público choca frontalmente con la expuesta por la Defensa del jefe de servicio de la Policía Portuaria, representada por el abogado Manuel Martínez Selva. Su exposición vino a dibujar un escenario de los hechos en el que no solo su cliente no habría incurrido en atentado alguno contra los policías de la UIR, sino que, por contra, éstos se habrían sacado de la manga ese atentado para dar una cobertura jurídica a su actuación apartándola de lo que, a su juicio, fue una clara detención ilegal.
Martínez Selva indicó que la UIR había buscado la justificación necesaria de esa detención para evitar que fueran acusados de ese delito, de ahí que se mantuviera la existencia de un atentado previo para que nunca pudiera ser considerada como ilegal. Es más, mantuvo que su cliente fue detenido acusado de una desobediencia y resistencia a la autoridad, pero nunca de atentado; delito que aparecería en escena judicial tras recurrir el auto de archivo de la causa, pretendido en 2011.
La Defensa indicó que el instructor de la Policía Nacional que intervino aquella noche dejó en libertad a su patrocinado, sin que nunca llegara a calificar los hechos de delito y considerándolos desde un principio como una falta. Criticó además que a su cliente se le hubiera engrilletado y trasladado a la comisaría cuando la propia CNP consideraba los hechos como una falta, recordando a los asistentes que por incurrir en faltas no se le puede detener a una persona. En el caso del agente portuario, se trataba de alguien conocido, perfectamente identificado, a quien se le podría haber citado al día siguiente en el juzgado para asistir a un juicio rápida al no existir riesgo alguno de fuga.
Que este caso se juzgue casi siete años después arrastra unas dilaciones indebidas que el letrado Martínez Selva achacó a la otra parte: a la Defensa de los policías locales, toda vez que durante la historia judicial que ha marcado estos hechos ha habido cambios en hasta tres abogados y se han solicitado pruebas que ya se habían practicado producto de esa variación en la asistencia letrada.
El abogado Fernando Rodríguez Quirós, que defiende los intereses de los policías locales, dio la vuelta a la tortilla hasta ofrecer una historia completamente distinta a la expuesta por su colega de bancada. Así dibujó al agente portuario en un escenario en el que habría hecho gala de una actitud de “desprecio” a los miembros de la UIR, tras comprobar que éstos estaban desarrollando un control en zona portuaria.
Rodríguez Quirós defendió la actuación hecha por los agentes, de los que, dijo, habían hecho uso de una fuerza “mínima indispensable” para la detención; algo que era necesario llevar a cabo. A su juicio la Policía Portuaria tenía como objetivo que la Local quitara el control que había dispuesto en la zona, de ahí la postura que habría adoptado su jefe. Pidió una sentencia condenatoria por atentado para éste y pidió al tribunal que, de ser así, abriera diligencias contra varios de los agentes del Puerto que habían declarado en la primera sesión de juicio oral que se celebró el mes pasado por un posible falso testimonio.
La Defensa de los agentes de la UIR negó además que sus clientes hubieran causado daños morales al detenido y cuestionó que solo éste hubiera necesitado darse de baja mientras que otros compañeros que también estuvieron aquella noche trabajando no hubieran requerido asistencia alguna.
El caso, que ha quedado visto para sentencia, atrajo ayer hasta la Sala de la Audiencia a un numeroso grupo de agentes de la Policía del Puerto que, estando fuera de servicio, acudieron como público para apoyar a su compañero. Entre ellos había sindicalistas, pero ningún responsable de la Autoridad. También fueron, aunque en un menor número, algunos policías locales para estar al lado de los tres agentes de la UIR procesados que, al igual que ocurrió en la sesión inicial, acudieron vestidos de uniforme.
Los hechos que han llegado a juicio
1 - Intervención. Los agentes de la UIR terminaron llevándose engrilletado al jefe de servicio de la Policía del Puerto. Ambos Cuerpos terminaban enfrentados, demostrándose la incapacidad de los jefes de ambas Administraciones, la Portuaria y la Local, para haber atajado este tipo de conflictos.
2 - Competencias. Incluso ayer las distintas partes mantuvieron disparidad de criterios en torno a quién de los Cuerpos es competente en zona portuaria. La Fiscalía sigue manteniendo que es la Policía Local y la Defensa de los portuarios alude a la competencia de éstos en este ámbito.
3 - Y sin pruebas. La desaparición de las grabaciones que habrían arrojado luz a toda esta historia volvió a recordarse ayer. Y es que el contenido de la famosa cámara 11 nunca pudo visionarse.