¿Por qué otra vez a los empleados públicos?

El primer gobierno que congeló los salarios de los empleados públicos españoles fue el de Felipe González en 1994. Le siguió el de José María Aznar en 1997. En 2011 Zapatero, muy socialista él, dio un paso más en esta especie de caza de brujas desatada contra los trabajadores del sector público. Se atrevió a rebajarles el sueldo un 5%. Al año siguiente de esta medida, congeló sus ya menguados sueldos. Ahora, el gobierno de Rajoy vuelve a rebajar los salarios a los empleados públicos, suprimiendo la paga extra de Navidad. Pero antes de Rajoy, la coalición de izquierdas que gobierna Andalucía ya suprimió la paga extra de julio. Lo que ocurrió es que la orden de pago ya estaba cursada, por lo que decidieron aplicar el descuento de su importe en cómodos plazos mensuales. Simultáneamente habían incrementado el horario de trabajo.
Hace tiempo, con motivo de la presentación de un libro, acudió a Ceuta el Director General de uno de los más importantes institutos de estudio del Ministerio de Economía y Hacienda. Yo mantuve con él una extensa conversación, pues somos amigos. A lo largo de nuestra charla salió a relucir la medida que acababan de adoptar los socialistas. Yo no entendía por qué ese ensañamiento contra unos trabajadores que, en un altísimo porcentaje, son mileuristas y que además, han entrado en la Administración Pública tras largos y laboriosos procesos de oposición, después de haber dedicado muchas horas de esfuerzo y estudio. Su respuesta fue rápida. La reducción de los salarios a los funcionarios es para el déficit público como una inyección en vena. Tiene efectos inmediatos sin necesidad de más ajustes.
Efectivamente. Es como cuando se hace un atraco a un banco. O se roban las carteras de miles de personas. En definitiva, los funcionarios son como clientes cautivos. Sus nóminas están controladas e intervenidas. No hay posibilidad de escapatoria, como sí puede ocurrir cuando se suben los impuestos. Aquí no te queda otra. Es un robo, ilegítimo, pero legal. Además, es rápido y limpio. Y cuenta con palmeros, como esa parlamentaria que nos ha dicho a todos que nos jodamos. Con los típicos “demócratas” que defenderán la medida con la tramposa argumentación de que la han decidido los depositarios de la soberanía popular. Y también con los medios afines al Poder que se dedican a demonizar a los funcionarios. A decir que son unos holgazanes. Que no trabajan.
Este comportamiento es el típico de los regímenes que en su día se denominaron “repúblicas bananeras”. El que se tiene en países en los que las instituciones carecen de credibilidad y donde no existe Estado de Derecho. Es la actitud de prepotencia propia de los déspotas. La forma más cómoda y fácil de reducir el déficit a costa del bolsillo de los más débiles. El sello inconfundible del gobernante cobarde, ineficaz e inútil. Es como cuando para hacer más eficientes los servicios públicos la única ocurrencia es la externalización de los mismos. Como si la empresa privada tuviera una varita mágica para hacerlo funcionar todo mejor. Es el primer paso hacia la privatización de la sanidad, la educación, los transportes públicos, la Seguridad Social. Comienza el desmantelamiento del Estado de Bienestar, para regocijo de toda esa pandilla de charlatanes que adoran el liberalismo salvaje y practican la insolidaridad.
Circula ya por determinados foros un informe que los inspectores del Banco de España dirigieron al gobierno en 2005. En él ya advertían que algo de esto podía ocurrir si no se tomaban medidas urgentes para corregir los excesos de la Banca privada y de algunas Cajas de Ahorro. Nuestros inspectores, que pasan por ser de los mejores profesionales del mundo de las finanzas, incluso a nivel internacional, alertaban del insoportable nivel de deuda de las entidades financieras privadas, que se acumulaba desde el año 2000, cuando España, a nivel macroeconómico, dejó de generar ahorro suficiente para atender las necesidades de financiación de las empresas y los particulares. Esta enorme deuda, garantizada con activos, hoy de nulo valor, es la que ahora debemos de pagar entre todos los españoles. Los primeros, los funcionarios. Después los pensionistas. Y a continuación todos los demás. Y debemos pagarla porque la banca que les prestó a las entidades españolas estos fondos en los alegres años de la “burbuja inmobiliaria”, en su mayoría alemanes y franceses (les deben 125.000 millones de euros), son los que controlan la Unión Europea y quieren garantizarse que se la devuelven, involucrando para ello las cuentas públicas de nuestro país.
Es decir, las reglas del sistema capitalista, tan veneradas por algunos, sólo sirven para los tiempos de beneficios. Las pérdidas (en este caso de los bancos alemanes, franceses y españoles), han de socializarse. Aunque se genere miseria y desesperación en miles de personas. Es la Tercera Guerra Mundial, sin armas de destrucción masiva, aunque con otras mucho más letales y peligrosas. Las del control del crédito, que arruina a las poblaciones y produce sufrimiento.
Evidentemente no nos queda otra que resistir y luchar. También buscar alternativas imaginativas para salir, entre todos, de la situación. Alternativas que, por supuesto, no llegarán de las cabezas de la incompetente clase política española, ¡toda!, que ha llevado a nuestro país a una ruina mayor y más peligrosa que la económica. A la ruina moral y al desprestigio internacional.
Si mi paga extra sirviera para ayudar a una familia con todos sus miembros en paro, me conformaría. Pero saber que va destinada a llenar los bolsillos de los especuladores alemanes y franceses, me produce un enorme cabreo, como a miles de empleados públicos, que no sé cómo acabará.