Es vergonzoso el ataque sin piedad que el señor Carreira hace a los funcionarios públicos. Precisamente él, que es funcionario público, y que supongo que habrá hecho valer su antigüedad y cursos en algún momento de su carrera política. Y todo para defender lo indefendible. Que yo sepa, nadie ha puesto en duda la profesionalidad de los dos técnicos de la Ciudad que realizan funciones de Intervención y de Secretaría General. Al menos yo no se lo he escuchado a ningún diputado de la oposición. El problema es que estos puestos están reservados a funcionarios de Cuerpos con Habilitación Nacional, y ellos no lo son. Es decir, a personas que, tras un largo proceso obtienen su nombramiento al aprobar una oposición pública convocada por el Estado, con todas las garantías constitucionales de publicidad, mérito y capacidad. Hace bastantes meses que desde distintos grupos mediáticos, y desde algunas altas instancias del Gobierno actual, se ha desplegado toda una campaña de propaganda para desprestigiar a los funcionarios públicos. También lo hicieron los del Partido Socialista cuando gobernaban. Para justificar el robo que han practicado en nuestras nóminas y el recorte de nuestros derechos, por ejemplo, se han dedicado a propagar mentiras sobre nuestra supuesta falta de competencia laboral y sobre nuestros “privilegios”, ocultando deliberadamente que una gran parte de funcionarios públicos son “mileuristas”, a pesar de haber aprobado una oposición. Aunque esto sólo ha sido el principio, pues ahora estamos inmersos en un debate acerca de la conveniencia de laboralizar a parte de los funcionarios públicos (aconsejo el artículo ¿Quién debe ser funcionario?, de El País). Los primeros candidatos son los cuerpos sanitarios, seguidos de los docentes. Lo último, la “caza de brujas” practicada en la Agencia Tributaria, por orden de Montoro, para limpiarla de socialistas.
La historia de España está llena de ejemplos a favor y en contra de los empleados públicos. Benito Pérez Galdós, en su novela Miau, describió con maestría las tragedias personales que se producían a consecuencia de las cesantías de los funcionarios, cada vez que había un cambio en los ministerios. Nuestro sistema de función pública ha evolucionado desde el sistema cerrado, o de carrera, tipo francés, que se instauró en el Siglo XIX, hacia uno más abierto, tipo americano, basado en puestos de trabajo concretos, detallados en inventarios precisos de los mismos (en Ceuta aún no hay una Relación de Puestos de Trabajo). De cualquier forma, parece que fue un pacto entre liberales y conservadores lo que llevó a reforzar la estabilidad en los puestos de trabajo de los funcionarios públicos. Cuestión esta que no es patrimonio de las Administraciones Públicas. Las empresas japonesas, por ejemplo, aplican los principios de la administración cerrada y la estabilidad en los puestos de trabajo, y son las más eficientes y productivas del mundo.
Lo que ocurre es que somos un país de pícaros, como nos han retratado los clásicos de la literatura (Quevedo o Cervantes, entre otros). Y además un país en el que los denominados enchufes, siguen funcionando con total normalidad e impunidad. Evidentemente, a cualquier cargo público surgido de las urnas le es más cómodo contar con funcionarios que puedan ser cesados libremente, que con técnicos con cierta independencia de criterio. Es lo que le pasa, por ejemplo, al señor Vivas. También a un alcalde socialista de una pequeña localidad de Andalucía, al que tuve que demandar para defender a la acosada secretaria de la Corporación, que se negaba a firmar determinados documentos. Y no es que yo sea partidario de que los gobiernos estén en manos de tecnócratas. Pero sí que las Administraciones Públicas cuenten con profesionales altamente cualificados, que sean capaces de poner las cosas en su sitio, cuando algunos políticos corruptos e incompetentes pretenden hacer de la cosa pública su cortijo particular. En la última crisis financiera internacionalidad se ha echado mucho en falta la rigurosidad de los controles públicos (que practican los funcionarios públicos). Esta es la razón de que ni el PP, ni el PSOE (por citar sólo a los dos mayoritarios), quieran a funcionarios públicos independientes en puestos importantes. Es evidente que en estos cargos prefieren tener a personas temerosas de perder su puesto de trabajo, y por tanto, sumisos con las directrices del poder establecido. Los funcionarios díscolos son un problema para ellos. Este es el mensaje ideológico lanzado por el señor Carreira, que reproduce miméticamente el del PP y que es a su vez una pieza más del plan diseñado para coartar las libertades públicas, y para controlar a la ciudadanía y a la propia Democracia.